Anatomía de la gestión de la debacle vírica

Pedro Sánchez, en la comparecencia tras el decreto del estado de alarma. Fuente: EFE

El coronavirus ha cambiado nuestra vida por completo. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos hasta tal punto de tragedia y colapso? ¿Hemos sido ingenuos con este patógeno de origen chino y no hemos sabido medir su alcance? ¿Cuándo se alcanzará el máximo o pico de la curva de contagios y muertes? ¿A partir de qué momento nuestro día a día se reestablecerá por completo? Estas, entre otras preguntas, sacuden nuestras conciencias durante el duro y aburrido confinamiento que estamos viviendo. Para todos, en mayor o menor medida, está siendo significativamente anómala y difícil de afrontar una circunstancia que nunca habíamos experimentado: el dichoso coronavirus y las medidas aparejadas de distanciamiento social. Recurrimos a hacer deporte en casa, a leer o a plataformas de contenido bajo demanda como Netflix para amenizar este trago amargo que inexorablemente nos ha tocado.

Pero, haciendo un aparte de las circunstancias personales y sociales, sin lugar a duda muy relevantes, tenemos que poner de manifiesto la gestión política del COVID-19, puesto que se hace necesario depurar responsabilidades en una sociedad democrática donde la crítica se presenta como necesaria. Es pertinente y evidente añadir que para ningún aparato estatal ni para ningún Gobierno es sencillo encarar una crisis de semejantes dimensiones. Coordinar administraciones, hacer acopio de material, tomar decisiones duras y aplicar medidas excepcionales es una labor complicada, más si cabe si se realiza bajo la presión de una sociedad acechada por este maligno patógeno.

A posteriori, es algo ventajista criticar todo lo acaecido, eso es indudable. A la luz de lo sucedido podemos observar con perspectiva todos los errores que se han cometido, aunque sea parcialmente inmoral. Uno de los grandes cometidos del “cuarto poder” -la prensa- es fiscalizar a los altos cargos políticos con el fin de que pongan toda la carne en el asador para solventar los problemas de gestión existentes. Es palmario que no toda la responsabilidad es del Gobierno, el cual se ha encontrado una situación extraordinaria que no ha sabido manejar. Sin embargo, eso ha sucedido en Italia, Francia, EE.UU. y un largo etcétera que dispone de ejemplos de mala gestión en todos los continentes.

La reiterada advertencia y el caso omiso

El paciente cero de la gran pandemia que está causando estragos en el mundo se ha podido datar el día 17 de noviembre de 2019 en la provincia china de Hubei, según estudios recientes. La comunidad médica ha informado que solo hasta finales de diciembre del año pasado el sistema sanitario mandarín supo que se enfrentaba a una nueva enfermedad. Finalmente, en enero de 2020 se había confirmado y comunicado abiertamente la existencia de un brote de coronavirus tras el ostracismo mostrado con anterioridad por el régimen autoritario. Y, ese virus no se quedó en China, sino que se expandió por el resto de Asia y después salto al resto de continentes entre ellos, a Europa. Ya en Europa, llamaba poderosamente la atención el foco de la epidemia en Italia.

De verdad, ¿no estábamos preparados para ello? Los medios de comunicación nos llevaban bombardeando diariamente con la evolución del coronavirus desde hace meses. Pero claro, nos parecía una realidad tan alejada e irreal, que nunca llegaría hasta nuestras fronteras, hasta que llegó. Observamos con la indiferencia habitual del espectador que está acostumbrado a ver asiduamente desgracias continuas en los informativos, que nos dimos de bruces con la cruda realidad y de meros espectadores pasamos a ser partícipes . Y entre esos espectadores apáticos parece que estaban los responsables políticos. Miraban con el rabillo del ojo al virus porque la OMS mandaba misivas de emergencia sanitaria, aunque no ejecutaban y gestionaban al respecto, en definitiva, no gobernaban con relación a lo que estaba acaeciendo.

Sin embargo, los calificativos adecuados tampoco son los que el diario inglés ‘The Guardian’ propina al Gobierno Sánchez en su crítico artículo sobre la gestión en España del patógeno, donde dice que el Ejecutivo ha actuado “tarde y torpememente”. Es llamativo que un periódico de Inglaterra critique al Gobierno español, y esto no es patriotismo barato, cuando el propio primer ministro británico Boris Johnson ha pasado del negacionismo a la aceptación, lo cual sugiere una “venganza” del propio virus por el menosprecio de su importancia dado el contagio del titular de Downing Street hace pocos días. La gestión ha sido regular en términos sanitarios y políticos: no se han tomado medidas hasta que la epidemia estaba avanzada y el peligro era real. Aunque, sin embargo, en no pocos países lo mismo ha sucedido, cuando se le han visto las orejas al lobo se ha comenzado a legislar y a implementar el distanciamiento social.

La Sanidad parcialmente sacralizada y diezmada durante la crisis

Una vez que el virus SARS-COV-2 entró en el país se evidenció que España adolecía de equipos esenciales tales como ventiladores, mascarillas, ropa protectora o kits para realizar las pruebas. “España tiene un magnífico sistema de atención primaria, pero sus hospitales se han visto afectados por una década de austeridad desde la crisis financiera. Solo tiene un tercio de las camas de hospital per cápita  en comparación con Austria o Alemania”, apunta ‘The Guardian‘. Los recortes sobre todo del Partido Popular han diezmado a la Sanidad española, siempre santificada por todos. En realidad, el Sistema Nacional de Salud es muy bueno en cuanto a su universalidad y en parte asimismo gracias a la calidad y a la entrega de sus profesionales.

Sin embargo, la ratio de camas por habitante no nos pone a la vanguardia de la sanidad mundial ni mucho menos y, yendo más allá, se han podido vislumbrar las carencias sanitarias. Al hilo de este asunto, se puede demostrar que el propio sistema es bastante eficiente en condiciones normales e incluso puede llegar a absorber un cierto porcentaje añadido de demanda, pero a partir de ese punto determinado el sistema está abocado al colapso. Por ello, la situación de excepcionalidad creada a raíz del coronavirus ha comportado ayudas de la estructura estatal -central fundamentalmente, dado que las competencias en Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas y el estado de alarma otorga al Ejecutivo la potestad de centralizar el Sistema de Salud – para soportar tal nivel de asistencia sanitaria.

Al respecto de la coordinación sanitaria entre administraciones se ha podido constatar que la mayoría de las Comunidades Autónomas han acatado las medidas implementadas sin poner obstáculo alguno. Sin embargo, se han dado tristes excepciones amparadas en el frentismo político y en el partidismo, tales son los casos de Madrid y Cataluña, los dos grandes focos de la epidemia a nivel nacional. Tanto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como el president de la Generalitat Quim Torra han mostrado una deslealtad al Gobierno y a la colectividad que poco ha contribuido a mejorar la crisis. Su comportamiento, la primera lanzando innumerables críticas -algunas justificadas referentes a al desabastecimiento del material sanitario- y el segundo haciendo gala de su nacionalismo inherente al hacerse el agraviado por la centralización temporal de competencias. Todo ello en lugar de arrimar el hombro, que es lo toca en estos instantes: en definitiva, una desfachatez en términos políticos.

Un fin de semana que no caerá en el olvido

Evidentemente, fue un error celebrar el Día Internacional de la Mujer y permitir las diversas manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero asimismo fue un grave fallo autorizar eventos deportivos y culturales ese mismo día. A modo de ejemplo, el mítin de Vox celebrado en Vistalegre el 8 de marzo tuvo como resultado la infección de parte de la cúpula del partido de derecha radical nacionalpopulista. Son indiferentes las cifras que cada acto o evento tuvieran -es patente que cuanta mayor concentración de gente hubiera, mayor probabilidad de contagio- lo que trasciende es que todos los actos multitudinarios tendrían que haber sido prohibidos. Pero claro, a toro pasado es muy fácil decirlo.

En primer lugar, y refiriéndonos al 8-M, era un evento del que el Ejecutivo no podía prescindir políticamente, siendo claramente un despropósito sanitario. El carácter plenamente feminista del Gobierno de coalición era un obstáculo para su anulación, debido a que el rédito electoral de la manifestación y su identificación con el movimiento feminista está entre sus objetivos más importantes. En segundo lugar, en estos momentos, poniendo en una balanza las consecuencias sanitarias, económicas y políticas se puede extraer una conclusión muy sencilla: todos los eventos con gran cantidad de asistentes celebrados a principios de marzo, inclusive el 8-M, han sido un foco de contagio, un extra innecesario que, por si no fuera poco, se han añadido a una curva tan vertical como una pared.

Falta de liderazgo

Las crisis necesitan líderes. Pues bien, en nuestra debacle particular patria no se ha atisbado ninguna persona que emergiera y destacara entre los demás gestores. En los primeros días de la epidemia pareció que Fernando Simón podría ser el líder deseado, un técnico de reconocido prestigio con experiencia previa en situaciones similares y, en principio, sin un color político declarado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias fue excesivamente optimista al declarar el 9 de febrero que España “solo tendría un puñado de casos”.

Se equivocó en sus previsiones, como todos nosotros. Se ha exagerado y caricaturizado hiperbólicamente en las redes sociales -algo que es deporte nacional en España- su tranquilidad desmedida frente a la crisis. Aun así, cabe elogiar su papel combatiendo el alarmismo inicial. El técnico falló en sus pronósticos, sí, pero ha estado día a día al frente de la crisis compareciendo para aclarar dudas y tranquilizar a la población sobre una pandemia que se ha manifestado de mayor relevancia de la que se hubiera esperado inicialmente. De hecho, ha acabado infectado por el coronavirus y en su propio aspecto se notaba la fatiga por estar expuesto a la presión diaria de manejar la gestión de la crisis desde un punto de vista técnico y comunicativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco ha resaltado por su liderazgo. Ha pretendido ser cercano a la ciudadanía, compareciendo día sí, día también. Presentando algunos comunicados plomizos e innecesarios. De ellos, se puede razonar que varios tenían el objeto de empatizar con la población y transmitir tranquilidad. Periodísticamente, fueron todo un dislate. Desde la perspectiva puramente humana, quizá un acierto. En otras ruedas de prensa y actos públicos como los de la declaración del estado de alarma y su prórroga, ha sido muy poco autocrítico y se ha justificado continuamente. Eso no quita que esté bajo una presión tremenda y que su labor sea prácticamente inabordable por la magnitud de la crisis. Es indudable que todos los responsables políticos, incluido Sánchez, estarán poniendo todos sus esfuerzos al servicio de la ciudadanía, o eso debería suceder, en caso contrario, bordearía la inacción y la negligencia.

En otro orden de asuntos, resulta sorpresivo que los test rápidos encargados que se compraron al por mayor (unos 650.000, una cantidad poco desdeñable) hace escasos días fueran defectuosos. La sensibilidad potencial de la que deberían haber gozado se situaba en el 80%. En cambio, la primera partida de un lote de 9000 test que llegó a nuestro país estaba en torno al 30% según la constatación realizada en los laboratorios del Instituto de Salud Carlos III, toda una escopeta de feria. La información que suministrado el Gobierno habla de que los tests para diagnosticar el Covid-19 fueron adquiridos a “un proveedor nacional” que los importaba de China y cuyo producto en teoría cuenta con la homologación europea. En estas pruebas, se detectó que “las especificaciones de este lote enviado no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE (Conformidad Europea)”.

Un conjunto de despropósitos políticos que han situado a España en la diana de las críticas a nivel comunitario, lo cual es un error imperdonable por la necesidad apremiante que existe de estos test para comprobar si principalmente los posibles contagiados tienen realmente el virus o no. Es especialmente crítico en el caso del personal sanitario, con el objeto de que puedan atender adecuadamente a los pacientes, para no ponerse en riesgo a sí mismos y a los demás.

Además, es curioso que disponiendo de los medios técnicos tan avanzados como poseemos hoy en día no sea posible organizar una videoconferencia o rueda de prensa telemática de los periodistas con el presidente en lugar de dejar al secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver que le lea las preguntas de los medios de comunicación planteadas en un grupo de Whatsapp al propio Sánchez. Ello da una sensación de manipulación de las cuestiones y asimismo de apartar a los periodistas de la vida política y de la actualidad, a las cuales están intrínseca e inexorablemente ligados. En ese sentido, no se deja la posibilidad de repreguntar o replicar para poner de manifiesto las cuestiones que no se respondan claramente, un acción muy frecuente por parte de los profesionales de la comunicación.

La crisis después de la crisis: sálvese quien pueda

El confinamiento de la mayor parte de la sociedad tiene una consecuencia aparejada, la reducción del consumo en una mayúscula cuantía. El consumo actúa como un motor de la economía más, de hecho, es uno de los elementos más importantes de la economía social de mercado imperante en España. Al desvanecerse casi por completo un engraje vital de la cadena económica el “efecto bola de nieve” arrastrará a los demás sectores de la economía contribuyendo a una debacle más grande de la que tenemos en términos sanitarios. Los efectos inmediatos de ello han sacudido las bolsas de valores de todo el mundo, con bajadas estrepitosas, a pesar de los estímulos económicos a las empresas por parte del Estado.

Más grave es si sumamos circunstacias como el nuevo Real Decreto-ley sobre la paralización de las actividades no esenciales y el permiso retribuido aparejado a esta norma ya promulgada. El tejido productivo innecesario se detiene temporalmente -desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril- a través de dicha norma aprobada por el Consejo de Ministros extraordinario como medida extrema para frenar la curva de contagios del coronavirus. Lo cual supone dejar la producción en mínimos e incluso parar por completo algunos sectores, una hecatombe económica en el sistema capitalista que tenemos.

El cambio de opinión del Ejecutivo bipartito no es algo que nos sorprenda. Y un nuevo caso de viraje de criterio es la paralización de las actividades no esenciales mediante Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, “por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19”. El Gobierno, que antes pensaba que esta medida era radical, y que, según su parecer, al estar a la vanguardia de medidas extremas de distanciamiento social, no era para nada pertinente. Pues bien, ahora ha considerado necesario implementar dicha disposición a tenor de sus declaraciones.

Para colmo, el tenso Consejo Europeo virtual arrojó una conclusión carente de consenso: un cisma que “enfrentó” a países del Sur de Europa -entre ellos, España, Portugal, Italia y Francia- y a los del Norte -encabezados principalmente por Países Bajos y Alemania- para encauzar una solución para hacer frente a la crisis del coronavirus. Esta división se ha querido mostrar por parte de la opinión pública como un efrentamiento entre “ricos” y “pobres”, tal y como sucedió en la catastrófica crisis financiera de 2008. La discusión gravitó en torno a la implementación de medidas económicas para paliar la crisis que desencadenará después de la pandemia del COVID-19, entre las cuales estaba la emisión de los llamados “coronabonos”.

En este sentido, llama la atención la firme disposición que mostró Pedro Sánchez apoyado por sus homólogos francés e italiano, quien se plantó ante Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, arguyendo que era inaceptable el acuerdo que se planteaba. Alemania, Holanda y Países Bajos sentenciaron que la emisión de bonos europeos quedaba totalmente descartada, como ya hicieron en la anterior crisis, apostando por la austeridad. Si bien es cierto, que su temor está justificado por la parcial fiabilidad que ofrecerían los países solicitantes de los “coronabonos” para satisfacer la deuda, lo cual perjudicaría principalmente a estos países “ricos” que tendrían que asumir el pago de una parte de la deuda que verdaderamente no les correspondería.

Estos bonos -llamados con anterioridad “eurobonos”- permiten mutualizar la deuda y los riesgos de todos los países bajo el paraguas de la Unión Europea, o lo que es lo mismo: compartir costes y riesgos. El Banco Central Europeo emitiría deuda con mayor garantía que la deuda soberana de cada país puesto la responsabilidad del pago estaría mancomunada, es decir, que debería ser cumplida por todas las naciones deudoras, cada una en su parte correspondiente. El acceso a los mercados de capitales sería más sencillo ya que el riesgo del conjunto sería menor que el de cada parte, lo que posibilitaría conseguir más liquidez que por separado. Además, permitiría competir con mayores garantías frente a las emisiones de terceros, como Estados Unidos.

También existe la opción de acudir al fondo de rescate europeo, el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Eurogrupo apoya que este fondo pueda dar préstamos de hasta el 2 % de su PIB a los países europeos para frenar el impacto del coronavirus, un umbral que podría elevarse en función de la gravedad de la situación. Dicha posibilidad también tendría que ser aprobada por el Consejo Europeo.

Prepararse para lo peor para que ocurra lo mejor

En definitiva, a pesar de que todos los fallos expuestos parezcan negligentes, el término negligencia quizá se exceda ya que la mala gestión de la crisis no es del todo achacable a los propios gobernantes sino también en parte a una situación sobrevenida, un desafío sin precedentes en la historia contemporánea más reciente – nos tendríamos que remontar a la pandemia de gripe de 1918 conocida como “gripe española” para acercarnos a un fenómeno parecido en términos de colapso sanitario, aunque las circunstancias médicas, sociales, demográficas y epidemiológicas eran muy diferentes.

La moraleja del cataclismo que estamos sufriendo nos tiene que servir para aprender y estar prevenidos para una crisis futura. Se podrán cometer errores en el futuro sobre situaciones que no hemos experimentado pero el escenario actual tiene tantísimo recorrido que nos ha permitido que afloren cada una de nuestras debilidades. En suma, la solución ante debacles futuras es invertir en sanidad y en investigación (I+D+i). Hay que aplicarse una máxima a nivel nacional, sobre todo en lo referente a nuestra Administración nacional: hay que prepararse para lo peor para que ocurra lo mejor.

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