Opinión Política

La inviolabilidad del Rey. Análisis jurídico

Conviene, antes de analizar el caso del Rey, hacer una breve introducción al concepto de “inviolabilidad”:

En Derecho Constitucional y Penal se habla de inviolabilidad al referirse a personas que no asumen responsabilidad penal por los actos que llevan a cabo en el ejercicio del cargo que ostentan. El caso más conocido es el del Rey, cuya persona, según el artículo 56.3 de la Constitución Española, “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. No obstante, la figura del Rey no es la única inviolable dentro de nuestro sistema constitucional. Así, encontramos, por ejemplo, la inviolabilidad que la Constitución reconoce a Diputados y Senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE), los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 22 LOTC), el Defensor del Pueblo y sus adjuntos (art. 6.2 LODP), entre otros.

Centrándonos en la figura del Rey, la Constitución sólo nos dice que su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, sin hacer distinción entre los actos propios del Jefe del Estado (que deberán estar avalados —refrendados— por el Presidente del Gobierno o el Ministro correspondiente con carácter general) y los actos “personales” de quien ostenta la Corona. 

Atendiendo exclusivamente al artículo 56.3, ya que no especifica si la inviolabilidad ampara sólo los actos llevados a cabo como Jefe de Estado o, por el contrario, todos los actos del Rey, el dilema tiene fácil solución: cualquier delito cometido por el monarca no puede ser perseguido, puesto que es inviolable. Pero, ¿hasta donde alcanza la inviolabilidad? 

Por un lado, algunos juristas sostienen que la distinción citada supra (actos del Jefe del Estado y actos personales) sí existe y que el Rey sí es responsable de los actos delictivos que realice fuera de sus labores institucionales. De aceptarse esta tesis, la inviolabilidad no le protegería y el Rey podría ser juzgado por aquellos delitos cometidos incluso durante su reinado.

Por otro lado, debemos prestar especial atención al año 2014, año en el cual el Rey Juan Carlos I abdicó la Corona en favor de su hijo, Felipe VI. Siguiendo el mandato constitucional del artículo 57.5, la Ley Orgánica 3/2014 hizo efectiva la abdicación. Un mes después, se aprobó la Ley Orgánica 4/2014, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial y reconociendo, en su nuevo artículo 55 bis el aforamiento de la Reina consorte o el consorte de la Reina, el Príncipe o Princesa de Asturias y su consorte y el Rey o Reina que hubiera abdicado y su consorte. 

Con todo ello, la solución a la cuestión planteada sobre la inviolabilidad del Rey tiene, a nuestro juicio, fácil solución: desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014, Juan Carlos I se encuentra amparado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución le reconoce como Rey de España. No obstante, a partir del momento de su abdicación, pierde dicha inviolabilidad (para los actos realizados en adelante) y pasa a estar aforado ante el Tribunal Supremo en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, cualquier delito cometido por el Rey emérito hasta el 19 de junio de 2014 no es perseguible, dada su inviolabilidad. No obstante, aquellos cometidos con posterioridad a la abdicación sí lo son, siendo competente de su enjuiciamiento las salas Primera y Segunda del Tribunal Supremo.

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