El delito fiscal y el blanqueo de capitales

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Tras el pertinente y minucioso análisis al discurso del Rey, son muchas las voces que han echado en falta un posicionamiento claro sobre las supuestas fechorías de su padre y el escándalo que estas han acarreado. No en vano la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra el mismo al observar indicios de delito fiscal y blanqueo de capitales. Sin entrar a valorar si existe relevancia penal en los hechos cometidos o el supuesto grado de culpabilidad de Don Juan Carlos, considero que se podría utilizar la visibilidad que este escándalo ha traído consigo para explicar un poco más en qué consisten estos delitos.

En el delito fiscal, el bien jurídico protegido es la Hacienda Pública. Está tipificado en el artículo 305 del Código Penal y es necesario explicar que cuando mencionamos este delito no nos estamos refiriendo al mero hecho de no pagar impuestos o de disfrutar de deducciones indebidas. Para esos supuestos debemos remitirnos a la legislación sectorial y es que existen leyes como la Ley General Tributaria, Ley de Sociedades o la Ley del IVA que cuentan con sanciones. Por lo tanto, el mero impago de tributos o el goce de beneficios fiscales indebidos; constituyen infracciones administrativas que encuentran su castigo en leyes específicas.

Para que se produzca el salto cualitativo, se configure como delito y entre en la esfera del derecho penal; es necesario que se den dos elementos. En primer lugar, un elemento cuantitativo: tiene que haber más de 120.000 euros de cuota defraudada. En segundo lugar, un elemento volitivo ya que tiene que existir una voluntad deliberada de defraudar a Hacienda. Reiterando lo anteriormente expuesto, no se trata de no pagar impuestos, se exige una actitud positiva, se deben de realizar maniobras tendentes a ocultar unos ingresos a Hacienda como, por ejemplo, falsificar facturas o simular la residencia en otro país que tenga una carga impositiva más baja.

Por lo tanto, el delito fiscal es siempre doloso, es decir, existe una consciencia y voluntad de realizar el delito; en contraposición a la modalidad imprudente que siempre trae consigo una menor pena.

En el artículo 305 bis se regula el subtipo agravado entendido como un supuesto en el que se castiga con una pena más grave el mismo hecho si concurren una serie de circunstancias concretas. En el caso de este delito, estaremos ante una pena mayor si la cuota defraudada es superior a 600.000 euros, si la defraudación se comete en el seno de una organización criminal o si se han utilizado personas físicas/ jurídicas, entes sin personalidad jurídica, instrumentos fiduciarios, paraísos fiscales o territorios de nula tributación para dificultar el esclarecimiento de la identidad, la cuantía y el patrimonio del obligado tributariamente. Se entiende que la concurrencia de estas circunstancias particulares es merecedora de un mayor reproche penal.

En el artículo 305.4, el Código Penal introduce la figura de la regularización estableciendo que quedaran exentos de responsabilidad los que reconozcan lo que deben y lo paguen. De esta forma se entiende regularizada su situación con Hacienda y se exime totalmente al deudor del delito. Además, se impide que se persigan los delitos instrumentales cometidos como medio para realizar ese delito. Por eso, buscando la aplicación de este precepto y sus beneficios, Don Juan Carlos ha procedido al reconocimiento de unas deudas tributarias que posteriormente ha satisfecho por importe de 678.393,72 euros ante las autoridades competentes. Ahora bien, para poder disfrutar de los beneficios de la regularización, esta ha de ser voluntaria y previa a las actuaciones inspectoras. La regularización a posteriori únicamente computará como atenuante, es decir, disminuye la gravedad de la pena.

Ahora le toca a la Fiscalía estudiar este intento de regularización para ver si cumple con los requisitos establecidos o si cubre la totalidad de todo lo supuestamente defraudado.

El segundo delito es el de blanqueo de capitales. Para la apreciación de este delito partimos de un delito antecedente que ha reportado unas rentabilidades, normalmente dinero. Este dinero está fuera del mercado legal y se procede a reintroducirlo en el mismo. Es entonces cuando se produce el denominado blanqueo de capitales. El esquema es el siguiente: tenemos unos bienes que proceden de una actividad delictiva, conocemos el origen ilícito de estos bienes y procedemos, por medio de maniobras, a ocultar o encubrir su origen ilícito.

Como en el delito anterior, existen una serie de circunstancias que de concurrir merecen un mayor reproche, en este caso relacionadas con el origen de ese dinero que se quiere blanquear. Así, no encontraremos ante el subtipo agravado si los bienes que se quieren reintroducir en el mercado legal proceden del tráfico de drogas, de algún delito contra la administración pública y de los delitos sobre ordenación del territorio y urbanismo.

Algunos ejemplos comunes son la compra de inmuebles u objetos de lujo, la creación de empresas falsas que justifiquen esas rentabilidades obtenidas de manera ilegal o préstamos que el defraudador pueda hacerse desde una sociedad extranjera creada con dinero negro hacia su propia persona.

Por último, cabe mencionar que en la lucha contra el blanqueo hay determinados profesionales como notarios, abogados o banqueros que tiene una obligación de comunicar a las autoridades la sospecha de la procedencia ilícita de un dinero. De no hacerlo estarían incurriendo también en el delito de blanqueo de capitales. Así, un abogado que recibe la visita de un cliente que le sugiere la creación de una estructura societaria con el objetivo de blanquear está obligado a ponerse en contacto con las autoridades competentes. La jurisprudencia ha establecido algunos parámetros que deben inducir a sospecha: cantidad de capital, vinculación a actividades ilícitas, aumento desproporcionado del patrimonio durante el periodo de tiempo que se refiere a esa vinculación, inexistencia de negocios o actividades ilícitas que justifiquen ese aumento patrimonial o debilidad de las explicaciones acerca del origen ilícito de estos capitales, entre muchas otras.

Son estos dos delitos, en definitiva, los que la Fiscalía considera que el Rey emérito podría haber llegado a cometer. Este año 2020 (que pronto y con mucho gusto despedimos) ha sido una clase magistral de derecho. No solo el Covid nos ha hecho expertos en derecho constitucional con el tema del estado de alarma, la suspensión de derechos individuales o las competencias autonómicas; también los escándalos en torno a la Corona han vuelto a poner sobre la mesa temas como la inviolabilidad del rey, hasta donde llega sus funciones e, incluso, el tema que hoy aquí nos concierne. Por eso, me gustaría reivindicar que independientemente de las consideraciones de cada uno, utilicemos de manera inteligente la vorágine mediática y lejos de regodearnos en nuestras convicciones, usemos la exposición y la cobertura que se le da a estos temas para intentar entender un poco más todos estos fenómenos jurídicos que nos han rodeado en este año tan singular.

1 Comentario

  1. Además de un artículo, lo arriba escrito por Iván Pinheiro, es una magnifica clase, que nos enseña a los legos como se articulan las normas y como se precisa el no cumplimiento de las leyes que a todos nos obligan. Gracias.
    Antonio Bódalo

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