Justicia para los familiares de José Couso, asesinado por el ejército de los Estados Unidos en la invasión a Irak en 2003

Esposa e hijos recibirán una indemnización de 182.290 euros por parte del Estado español, tras dieciocho años de pleitos en los tribunales españoles  

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Invasión Bagdad, 2003

Esposa e hijos recibirán una indemnización de 182.290 euros por parte del Estado español, tras dieciocho años de pleitos en los tribunales españoles

El caso de José Couso ha dejado al descubierto las facetas más vergonzosas de las autoridades estadounidenses y españolas. Han sido necesarios dieciocho años de pleitos, sobreseimiento de causas, recursos de amparo y de casación, cuestiones inconstitucionales y silencios administrativos, lo que le ha costado a la familia de José Couso hacer responder al Gobierno español por su fallecimiento. Primero exigieron la responsabilidad de los Estados Unidos, pero una justificación insípida por parte de EEUU de la licitud de las actividades militares que acabaron con la vida de Couso, poca colaboración por parte del Estado español para resarcir el daño causado a los familiares, y una reforma de la LOPJ bajo el gobierno del PP en 2014, no dejaron otra opción que ir contra las autoridades españolas.

La “evolución legislativa” de la jurisdicción universal en España

Desde que José Couso, periodista español de Telecinco, murió en Bagdad en 2003, donde ejercía cubriendo la invasión estadounidense, su esposa e hijos acudieron a los tribunales españoles por la vía penal para hacer responder a los militares responsables. Al no ser nacionales españoles, ni encontrarse en territorio nacional, basaron sus alegaciones en la jurisdicción universal desarrollada por el Derecho Internacional y ratificada por el Estado español en la Convención de Ginebra y protocolos. Sin embargo, se determinó el sobreseimiento de la causa debido a la reforma de la LOPJ, en 2014, donde se limitaban las situaciones en las que los tribunales españoles podrían llevar a cabo el procedimiento de jurisdicción universal según la nueva legislación, únicamente si el acusado es nacional español o un extranjero que resida habitualmente en España. Por lo tanto, independientemente de si se produjo un hecho internacionalmente ilícito, los militares – estadounidenses – que operaban en Irak, quedaban fuera de la jurisdicción española.

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Pero la familia de Couso no se dio por vencida; las autoridades estadounidenses se estaban lavando las manos, y su propio Estado, el Estado español, no hacía nada para impedirlo. Por lo tanto, en un golpe maestro de los demandantes, acudieron a los Tribunales por la vía contencioso-administrativa para exigir de nuevo una indemnización, pero esta vez por parte de España. En vista de la denegación del ejercicio de jurisdicción universal, recurrieron a la protección diplomática. Como estableció primero la Audiencia Nacional de Madrid, y posteriormente confirmó el Tribunal Supremo, el Estado español estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos procedente para la reparación del daño ocasionado. Pero en su momento, el Estado se limitó a dar “la callada por respuesta” de Estados Unidos, el Estado que ocasionó el daño, haciendo que los familiares de Couso perdieran la oportunidad de ser indemnizados por el Gobierno norteamericano.

Con todo, la sentencia del Tribunal Supremo 998/2021 del 9 de julio, confirmatoria de la sentencia recurrida de la Audiencia Nacional, reconoce el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso.

Se trata de una solución que, a decir verdad, constituye una victoria de la justicia en pro de los derechos de los nacionales españoles frente al Gobierno, así como una humillación para el Estado español en el ámbito internacional. Las autoridades españolas prefirieron dar por buenas unas explicaciones contradictorias y vacías de sentido jurídico antes que hacer frente a la mayor potencia mundial, los Estados Unidos de América, por la protección de sus nacionales: José Couso y su familia.

 

 

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