Cárcel para la que aborta y protección estatal para el que abusa

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La jornada estuvo llena de discusiones en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
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El pasado 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó con una mayoría de 101 votos la propuesta de ley 5272. Ésta pretende dar marcha atrás a los derechos humanos, especialmente a los de las mujeres y a los de la población LGBTIQ+. 

La propuesta de ley 5272 fue aprobada con una «aplanadora» en el Congreso. En ella, se anula por completo los derechos de las personas no heterosexuales y pretende adueñarse del cuerpo de las mujeres y condenarlas por decidir interrumpir un embarazo, e incluso da luz verde a que haya vías legales para enviarlas a prisión en caso de tener un aborto espontáneo. Aquí un repaso de qué pretendía destruir esta ley, la cual fue vetada por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, el 10 de marzo.

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Las personas no heterosexuales son anormales

Dentro de la propuesta se quería definir a las personas diversas como aquellas cuyos «pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

De la mano de ello, expresamente se tenía la intención de establecer que el único matrimonio y unión válida es aquel que ocurre entre un hombre y una mujer, derrumbando cualquier esfuerzo en legalizar el matrimonio igualitario. Congruente con eso, no les parecía suficiente no otorgarle los mismos derechos que los heterosexuales a la población de la diversidad sexual: se quería vetar la enseñanza de la existencia de la no-heterosexualidad en las instituciones y también dar luz verde a que abusadores cometan crímenes de odio contra cualquier individuo LGBTIQ+ al considerar la no-aceptación de la diversidad sexual como algo tolerable. 

Las mujeres están obligadas a traer bebés al mundo, cueste lo que cueste

El aborto inducido siempre ha sido ilegal en Guatemala, pero ahora, en lugar de que la pena sea de 1 a 3 años de cárcel, la ley pretendía endurecerla a 5-10 años. Y ahora lo más preocupante: la puesta en práctica de la ley pudo haber significado que una mujer que sufriese un aborto espontáneo igualmente fuese a prisión. Ahora, cualquier indicio de un «intento de aborto» sería penalizado con cárcel al igual que un aborto terapéutico -aquel que se practica cuando la vida de la mujer corre peligro- sería mucho más difícil de conseguir al necesitar la aprobación de dos médicos gineco-obstetras con colegiado activo, quienes prácticamente tienen la potestad de decidir sobre un cuerpo ajeno de acuerdo a sus propias convicciones. 

A pesar de que la ley fue vetada por el Presidente, el órgano legislativo puede volver a tratar de aprobar esta ley si logra obtener una mayoría de 106 votos o más en un nuevo intento, así que si te parece que esta ley no debe ser promulgada, tómate un minuto para firmar esta petición para que no sea aprobada.

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