Aprobada la ley que penaliza el acoso en clínicas abortivas

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    Cartel en el metro de Madrid de hace unos meses sobre la ley aprobada | Fuente: @alfayomegasem

    El Congreso aprobó el pasado 6 de abril la ley que penaliza el acoso en clínicas abortivas. Con 154 votos a favor frente a los 105 en contra del PP y Vox, las mujeres podrán interrumplir su embarazo volutariamente sin miedo a la intimidación.

    La interrupción voluntaria del embarazo en España se encuentra regulada en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley que entró en vigor el 5 de julio de 2010 despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas. Aunque la despenalización de esta practica se remonta a 1985, pero solo se contemplaban algunos supuestos.

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    Muchas veces esta práctica se lleva a cabo en clínicas abortivas y según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cada año se registran más de un centenar de casos de acoso ante estos centros hacia las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

    Por ello el pasado 6 de abril, fue aprobada definitivamente en el Senado la ley que penaliza el acoso en las clínicas abortivas.

    Modificando así el Código Penal, tras dar luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta sobre la proposición de ley del PSOE, con 154 votos a favor frente a los 105 en contra del PP y Vox.

    Carteles a favor de la nueva ley en contra del acoso. | Fuente: @POLlTICAST

    Por lo que, desde ahora, aquellos que se concentren a las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen y coarten la libertad de las mujeres estarán cometiendo un delito, que estará penado con de tres meses a un año de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de seis meses a tres años.

    Esta proposición de ley orgánica presentada por el PSOE se tomó en consideración el pasado 21 de septiembre en el Pleno del Congreso. A pesar de la oposición del PP y VOX y la posterior presentación de vetos, que fueron rechazados. En su paso por la Cámara Baja se incorporaron enmiendas para que las penas se extiendan también a quienes acosen a los directivos de las clínicas o sanitarios, incluyendo al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos. Además de para asegurar la sanción de este tipo de acoso sin la necesidad de una denuncia expresa por parte de la víctima.

    El Senado no incorporo ninguna enmienda. Por lo que, el pasado 14 de marzo la Comisión de Justicia de la cámara alta que dio luz verde al dictamen de la proposición de ley, sin incorporar ninguna enmienda, tal y como se hizo posteriormente el día 6 de abril en el Pleno.

    El veto del PP y VOX

    Tanto el PP como VOX, defendieron sus vetos, en línea con los argumentos que dieron previamente en el Congreso. Afirmando que dicha reforma va en contra de los derechos de expresión y reunión. Justificando que las personas que se reúnen a las puertas de estas clínicas lo hacen para rezar y ayudar a las mujeres, y no para hostigar ni acosarlas.

    Cartel frente a clínica abortiva | Fuente: @electo_mania

    Las posturas y vetos de estos grupos han sido rechazados por la mayoría del Senado.  Saliendo en defensa de esta ley Donelia Roldán, senadora socialista, afirmando que los grupos de personas que dicen ir a estas clínicas a rezar, lo que en realidad hacen es “insultar y en muchos casos entregar ataúdes con niños, llamar asesinas a las mujeres” y darles “falsa” información “invadiendo su espacio privado en momentos muy difíciles”. En este mismo sentido se han pronunciado distintos senadores apoyando la ley “para garantizar y consolidar los derechos de las mujeres”.

    En línea con esto, la Asociación Derecho a Vivir se reunió el mismo 6 de abril frente al senado, para manifestarse en contra de dicha reforma del Código Penal. Tras la aprobación han advertido que “rezar y salvar vidas no es ningún delito” y que seguirá siéndolo.

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