El 15 de marzo fue un día que será recordado. Por esa fecha, por un lado, empezábamos el confinamiento como freno a la expansión masiva del virus, cuando las cifras de contagiados y muertos eran estremecedoras. Por otro lado, dicha efeméride presentaba el primer capítulo de una sucesión de hechos que acabarían por investigar al Rey emérito Juan Carlos I por la adjudicación de unas comisiones ilegales a raíz de su participación en las negociaciones con el régimen saudí para la magna obra de la línea de alta velocidad entre las dos ciudades santas musulmanas, Medina y La Meca.
Aquel día la Casa Real emitía un comunicado anunciando la retirada de su asignación económica como emérito y la renuncia a la herencia por parte de su hijo Felipe VI. Todo ello en el marco de las informaciones que se hicieron públicas acerca de la aparición de Felipe VI como segundo beneficiario de la fundación ‘offshore’ donde se ingresó la supuesta donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí a su padre. Sin embargo, no es un asunto que pille por sorpresa, Juan Carlos de Borbón lleva tiempo bajo el escrutinio público por sus presuntas actuaciones al margen de la moral y de la legalidad.
Con posterioridad, explotó la bomba judicial. El 8 de junio La Fiscalía del Tribunal Supremo empieza a investigar su papel en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas del llamado «AVE a la Meca». El Ministerio Fiscal ha decidido que su investigación se realice en el Alto Tribunal por su condición de aforado, aunque por otra parte en teoría ya no goza de inimputabilidad legal. Sendas indagaciones se basan en «“delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” acaecidos con posterioridad a junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en Felipe VI y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española le confiere al jefe del Estado. Juan Ignacio Campos, fiscal del TS especializado en delitos económicos, fue designado el pasado 5 de junio vía decreto por la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado Dolores Delgado.
A petición de Anticorrupción la Fiscalía del Tribunal Supremo ha actuado de oficio debido a constatación de serios indicios de supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el contexto de las mordidas que habría podido recibir el Borbón por la obra faraónica en terreno saudí. El quid del asunto se ubica en demostrar cómo se ha movido el dinero procedente de las comisiones ilegales, ya que no serían constitutivos de delito los hechos mencionados. Ello se debe a que en ese entonces Juan Carlos era todavía el jefe del Estado, y, por ende, poseía el blindaje constitucional pero inmoral y antidemocrático de la inviolabilidad legal.
Se entiende esta figura jurídica como el privilegio en virtud del cual, ciertas personas no están sujetas a responsabilidad penal por los actos que llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones. Reza el art. 56.3 de la Constitución que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» en cuanto a tal inviolabilidad afectaría a los actos y funciones (art. 62) que, como jefe del estado, le son propios, pero siempre «refrendados por el presidente del gobierno y por los ministros competentes» quienes se convierten en responsables de los mismos, según el art 64.2: “de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Según lo apuntado por la Fiscalía, el cobro de las posibles mordidas que podrían llegar a incriminar al emérito se dedujo a raíz de una de las investigaciones ligadas al comisario Villarejo, quien grabó la conversación de la reunión en Londres en 2015 con Corinna Larsen, antigua amiga de Juan Carlos de Borbón. Se mencionaba en ella un terreno en Marruecos atribuido al Rey emérito, además de varias cuentas en Suiza de su propiedad a cuyo frente estaban testaferros. Corinna asimismo habló de que el antiguo Rey de España supuestamente percibió comisiones por el ‘megacontrato’ del «AVE del desierto», adjudicado en 2011 a un consorcio de 12 empresas españolas.
Dichas comisiones ascendieron a unos 80 millones de euros, según Larsen, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español, y este, a su vez le habría otorgado todo o parte a Juan Carlos. Esa investigación estaba prácticamente cerrada, sin embargo el instructor del Caso Villarejo, el juez Diego de Egea, envió al Ministerio Público la parte de la trama referida al cobro de comisiones ilegales por la obra del AVE. Meses después, Anticorrupción abrió diligencias judiciales, en las cuales se produjo un interrogatorio en Londres a Corinna.
Casi a la vez que el juez archivaba el caso en España, la Fiscalía de Suiza, abrió en el verano de 2018 una causa sobre una donación multimillonaria que recibió Larsen desde una cuenta suiza asociada a una fundación panameña. Larsen atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, pasado marzo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía suiza información sobre el caso.
De momento, la investigación archivada en España no se ha reabierto en sede judicial, pero el paso dado ahora por la Fiscalía es determinante. La clave será si ahora, al contrario de lo ocurrido en 2018 y que llevó a archivar el caso, existen nuevos indicios de delitos que sean posteriores a la abdicación del anterior Monarca, porque por los hechos cometidos mientras era jefe de Estado no se le puede imputar.
La mera inviolabilidad ante la ley supone una flagrante contradicción en relación con el principio de igualdad presente en el artículo 14 de la Constitución. Es algo propio de otro tiempo, donde los dirigentes podían campar a sus anchas sin la menor preocupación acerca de las consecuencias que sus actos tienen. La Transición y su descendiente legal, la Constitución de 1978, blindaron la figura del monarca. Una patente involución democrática, ahora que está de moda la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos.
La Constitución que reconoce la inviolabilidad del Rey, sin lugar a duda, es moderna en muchos aspectos. Sin embargo, adolece de vanguardismo en cuanto a aspectos como la ya mencionada Corona o el Ejército. La Carta Magna, por su naturaleza ambigua y sus circunstancias peculiares, es simultáneamente una proyección hacia al futuro y un retroceso al pasado. Un «candado» difícil de reformar y, en cierto modo, un elemento autoimpuesto por la necesidad de los tiempos. La inexistencia de un referéndum en la Transición entre monarquía y república es buena muestra de ello.
En primer lugar, de sobra es conocido el espíritu juerguista de Don Juan Carlos, que alguna vez ha bordeado el margen de la ley . Cabe recordar, por ejemplo, el lamentable episodio de la caza de elefantes en Botswana en tiempos de crisis. Si este procedimiento se lleva a efecto, algo que quizá no suceda, se depurarían las responsabilidades de los actos del emérito. Una actuación presuntamente criminal que denostaría una vez más a la Corona, que no pasa por sus mejores momentos en términos de legitimidad democrática.
En segundo lugar, los letrados del Congreso de los Diputados se han mostrado reacios a la creación de las dos comisiones de investigación parlamentarias registradas la semana pasada. Esta propuesta fue auspiciada por Unidas Podemos y varios grupos parlamentarios, llegando a 72 apoyos. El argumento de los letrados se apoya en que «las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad» son «absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes». Lo cual es sinónimo de que cualquier hecho que se ha producido durante y con posterioridad a su reinado no resultaría imputable a Juan Carlos I.
Ello ha tenido como consecuencia que la Mesa del Congreso haya tumbado las comisiones de investigación propuestas, puesto que tanto PSOE, PP Y Vox han votado en contra de sendas comisiones de investigación. La opinión de los servicios jurídicos de la cámara no ha hecho sino reforzar la tesis de que no son necesarias, más si cabe cuando la mayoría de la Mesa está en contra de la constitución de estas comisiones parlamentarias.
Que Vox o PP voten negativamente es de esperar, incluso del PSOE. Son partidos del establishment que defienden el orden establecido en mayor o menor medida. Pero las consecuencias políticas que puede desencadenar (y que ya está desencadenando) en términos de discrepancias políticas en el Gobierno de coalición integrado por el PSOE y UP pueden desestabilizar de nuevo al Ejecutivo.
En declaraciones a El Generacional, Rafael Simancas, diputado del Partido Socialista, respondió a la pregunta acerca de si esta formación política era monárquica o republicana, que el PSOE era «accidentalista» respecto a la monarquía, una suerte de adecuación del partido al contexto de la Transición y de la construcción constitucional y democrática de España. Queda claro que son demasiado accidentalistas, por tanto. Da una sensación de opacidad que el Ejecutivo, en concreto la parte socialista de la coalición gobernante, desautorice crear una comisión de investigación al Rey emérito. No es muy salubre para la democracia que suceda esto y que el PSOE sea ambiguo al respecto e incluso lo auspicie, máxime cuando su militancia es en gran parte republicana.
En definitiva, cuando se destina un asunto concreto a una comisión parlamentaria hay dos resultados deseados por los proponentes, indiferentemente de su naturaleza o de su tipología. Uno, que la materia sobre la que se investiga «muera» políticamente. A modo de ejemplo, la tan cacareada «comisión de reconstrucción» de la era poscoronavirus donde pudimos ver varios incidentes entre los diputados y una disculpa a la nación por su comportamiento del presidente de la comisión, Patxi López. Dos, que la materia concreta se mediatice por la relevancia pública de las figuras que comparecen y de los «interrogadores» (parlamentarios), veáse la comparecencia de Don Juan Carlos que se estaba barajando y, por ejemplo, un hipotético interrogador showman como Gabriel Rufián, al que ya hemos visto protagonizar alguna salida de tono que otra.
En conclusión, la nación no se merece una institución de tales características como la corona. Si bien algunos arguyen que la república sería más cara, algo en realidad basado en estudios empíricos que comparan las monarquías inglesa y española con las repúblicas francesa e italiana, la monarquía no goza de ninguna legitimidad democrática. Solo supone una fuente de (i)legitimidad la ley divina, asociada a las grandes familias europeas que han estado en el poder desde tiempos inmemoriales, a quienes en un momento determinado se les vinculó a Dios y desde ese instante les ha rodeado un aura de superioridad fraguado por la influencia de la Iglesia y que todavía sigue vigente.
Quizá la república sea más cara porque requiere elecciones a la presidencia, personal cualificado (que también lo posee la Corona, es indudable) y una estructura democrática que siempre precisa de recursos. Pero una república, quizá desde la añoranza que provoca el segundo intento fracasado de 1931, dotaría a España de una salud democrática aún mayor de la que hay actualmente. Tal vez los dirigentes de esa hipotética república se corromperían, podría suceder. En tal caso, es muy probable que tuvieran aforamientos, otra involución democrática, por cierto. Pero de ningún modo poseerían inviolabilidad ante la ley, lo que provoca que se pueda hacer lo que se plazca en el ejercicio del poder sin reparar en las consecuencias penales.
Ello es sin duda lo más sorprendente de este hecho, que al Borbón por ser quien es y por quien ha sido, sea harto complicado enjuiciarlo y mucho más condenarlo por sus presuntos crímenes. Cual ser amoral y al margen de la legislación, se ha situado en una posición de semideidad, tal y como cree que verdaderamente representa a la divinidad. Lejos queda la imagen que se ha insistido en difundir de hombre campechano y de garante de la Transición hacia la democracia. Incluso de salvador de la patria el 23F. Esa figura que le situaba como hombre de Estado al mismo nivel que Adolfo Suárez queda seriamente empañada por todas las presuntas corruptelas e inmoralidades que atesora el emérito.
