La aprobación en 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue uno de los mayores éxitos políticos de este siglo, pues concitó el apoyo de todos los partidos en el Congreso. Sin embargo, la irrupción de Vox ha erosionado el enorme consenso social que existía en torno a ella ¿Son la ideologización de la Ley 1/2004, la inconstitucionalidad de la misma, la guerra de sexos e incluso la vulneración de la presunción de inocencia argumentos razonados que prueben la crítica de Vox?
Frente a esto, cabe decir en primer lugar que todo ordenamiento jurídico posee, en último término, una carga ideológica que lo inspira. Cuando la Constitución proclama la libertad religiosa, el derecho a la manifestación o la progresividad fiscal se nutre precisamente de principios democráticos que salvaguardan la libertad e igualdad del individuo. Este corpus ideológico, que se desarrolla en el resto de normas políticas, constituye el fundamento jurídico de lo que hoy día orgullosamente podemos llamar España. De hecho, la elevación a categoría de total de todos estos principios ideológicos que sustentan la Norma Fundamental puede considerarse como el gran triunfo político de la época actual, pues valores que hace décadas eran únicamente defendidos por una parte de la sociedad, son hoy comunes a todo el pueblo español. La incorporación a nuestro ordenamiento de la protección a las mujeres y la promoción de la igualdad real venían a ser el más reciente consenso alcanzado por la sociedad civil, basado en un uso activo de la legislación para catalizar el empoderamiento femenino. La situación de desigualdad histórica sufrida por las mujeres, la sexualización del cuerpo femenino, la especial carga de trabajo que soportan, las mayores tasa de pobreza o las más de 1000 víctimas mortales desde que existen registros son datos que avalarían esta protección, efectivamente ideológica, de las mujeres. Tienen así el curioso mérito de haber dinamitado el consenso en torno a un proyecto social que situaba a la España que tratan de patrimonializar entre los países con una legislación más garantista en materia de violencia de género. La misma Constitución es otro elemento recurrente que usan para desacreditar el acuerdo logrado respecto a la violencia de género.
Citan para sustentar sus tesis el artículo 14 que proclama la igualdad ante la ley, pero olvidan que en los regímenes basados en una ideología democrática, ningún derecho fundamental es absoluto y todos están sujetos a ser ponderados para calibrar su alcance. En este caso, la igualdad es un principio con dimensión subjetiva que debe entenderse junto al artículo 9.2, que permite tratar desigualmente realidades diferentes. La mujer y el hombre, antropológica y biológicamente, parten de situaciones de hecho desiguales que han expuesto a la mujer a una situación de vulnerabilidad histórica. Además, el bien jurídico que la Ley de Violencia de Género protege es precisamente la vida y el bienestar de las mujeres, presentando la legislación una finalidad constitucionalmente legítima. Si se adopta una interpretación finalista de la norma, también puede constatarse que la diferenciación normativa que introduce la legislación en el caso del varón se encuadra en el marco del artículo 10.1 de la Constitución, que consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político. Por otro lado, si la igualdad ante la ley fuese un principio de carácter absoluto, ni el agravamiento por asesinar a menores de edad ni la atención específica que reciben las víctimas de terrorismo tendrían cabida en España por tener también naturaleza propia. El Tribunal Constitucional ha confirmado de forma reiterada esta doctrina que según Vox continúa atentando contra la Norma Fundamental. No espero que abandonen su ciega crítica a la protección dada a las mujeres, pero sí sería patriota, aludiendo a la propia dialéctica de la que Vox se vale, que dejaran de aludir a la Constitución para defender sus principios, convirtiéndola en una ley de parte. La Constitución, a la que tanto apelan, pero de cuyo espíritu se alejan, se defiende manteniéndola al margen de disputas partidistas y acomodando a toda la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, en torno a ella.
Advierten también sobre la guerra de sexos que los “lobbies de género” han tratado de fomentar. A fuerza de indagar en datos, lo realmente observable, pese a los aún numerosos casos de violencia de género, es una progresiva tendencia hacia la igualdad efectiva. Datos como el mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad o la formación de uno de los parlamentos más paritarios del mundo respaldan la política que, en especial los gobiernos socialistas, han desarrollado. El mayor desvalor que confiere la ley de violencia de género a las agresiones machistas no es tampoco fruto de una imputación general al varón de un delito colectivo, sino la constatación de un sexismo profundamente imbricado en la sociedad que justifica, únicamente en el seno de las relaciones afectivas, unas mayores penas para el hombre, como constata la misma Ley 1/2004 en su exposición de motivos. De esta forma, la proyección de esta legislación no se proyecta solo en la protección a las mujeres víctimas, pues también cumple con la importante función de cambio social del Derecho, al presentar un claro espíritu de transformación social. Respecto a la presunción de inocencia, no sería ni tan siquiera relevante en este debate, pues es un derecho procesal que todo ciudadano tiene y que no viene regulado en la Ley 1/2004, sino en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La dialéctica de Vox, cimentada en la férrea denuncia de la legislación feminista, podría encontrar en el discurso de otras ideologías teóricamente opuestas curiosos compañeros de viaje. La desnaturalización de la violencia de género, tratando de subsumirla en el etéreo término de violencia intrafamiliar, recuerda a la vaga posición de la izquierda abertzale frente a los crímenes etarras. Tanto unos como otros adoptan una postura de condena adulterada tratando de desfigurar la posición de debilidad específica en la que los dos colectivos se encontraban o aún se encuentran. Frente a ello, no cabe la ambigüedad a la hora de denunciar estos execrables crímenes y proteger a sus víctimas de cualquier potencial amenaza a nuestro sistema democrático. Que la enconada postura de Vox no sea por tanto óbice para constatar que democracia, constitución y feminismo son pilares indisociables que conforman la gran España en la que vivimos.
