En España los poderes públicos y las administraciones gozan de una posición privilegiada en el Estado frente al resto de la sociedad. Pero comprobamos que esta anomalía de la praxis no se corresponde con lo que apunta el Texto Constitucional. Cuando leemos el artículo 9 de la Constitución Española de 1978, se deja claro que la Administración Pública debe estar al servicio de la ciudadanía del Estado, pero sabemos que no siempre esto es lo que sucede. Para abordar esta reflexión es vital definir el término “Accountability”, que podríamos explicarlo como la forma óptima de trabajar en una organización, empleando tres principios clave: el Compromiso , la Proactividad y la Responsabilidad: principios que por el momento no se han adherido lo suficiente a nuestra cultura administrativa. Y es por ello que continuamos teniendo muchas carencias. Esto sucede claramente porque existe una tolerancia hacia la inoperatividad, el retardo burocrático y la eternidad resolutoria, cuestiones que no deberían suceder a menudo pero que inundan nuestras administraciones.
Es una realidad que los ciudadanos perciben la justicia como un engranaje complejo y lento y es por ello que en ocasiones cuestionamos su eficacia. Pero, ¿qué ocurre con la responsabilidad de los servidores públicos? ¿Deberíamos pedir más rendición de cuentas? Pues aunque no lo crean, la realidad es que en los últimos años se ha intensificado la actividad inspectora en estas administraciones, y especialmente en la del Poder Judicial. Como resultado positivo se ha conseguido un aumento de la exigencia, pero este sigue siendo insuficiente para la rendición de cuentas a la ciudadanía. Quiero dejar claro que la clave de la calidad de todo servicio se encuentra supeditada a su evaluación
constante. Obviamente esto tiene sentido si es para promover la mejora del servicio en cuestión.
Además de la que considero la clave para un buen funcionamiento, es importante emplear una lógica profesional. Para reforzar la idea he escogido dos principios básicos de las organizaciones privadas, la misión y la visión, que seguramente a muchos les resulte familiar. He escogido concretamente este debido a que las empresas privadas, al enfrentarse en una constante competencia, necesitan distinguirse del resto, pero adecuándose y respetando las limitaciones de su sector, campo y entorno. En primer lugar, es importante definir la visión de la Administración. Esto se refiere al objetivo que se espera conseguir, en lo que quiere convertirse. Si la Administración es pública lo lógico sería que su visión fuera servir al interés general de una manera transparente y eficiente. En segundo lugar, debemos fijar la misión de la Administración, con la que nos referimos a la razón por la que existe y se encuentra activa, el propósito que tiene. La misión de toda Administración debería ser la contribución al orden en la sociedad y la motivación por servir al interés general.
Ya que he expuesto estos dos conceptos básicos, que espero que alumbren su percepción sobre como debería actuar la Administración, quiero introducir una idea muy importante sobre el tema que hoy nos incumbe. La idea de que todas las organizaciones estatales nacen debido a que aumentan los fines del Estado. Quiero detenerme a cuestionar cuales son esos fines. ¿Son fines que persigue la
sociedad en su mayoría o son fines de un pequeño grupo de interesados? Existe
una balanza muy descompensada entre la ciudadanía y las Administraciones cuando estas últimas nos reclaman algo y cuando nosotros se lo reclamamos a ellas: Las Administraciones resultan más eficientes cuando nos reclaman algo a la ciudadanía, y un buen ejemplo para demostrarlo sería la efectividad de recaudación de los impuestos.
En cambio, cuando los ciudadanos precisamos de una sencillez y agilidad burocrática muy a menudo nos encontramos con quebraderos de cabeza que entorpecen el proceso o que, como mínimo, lo retrasan. Me resulta fácil encontrar ejemplos para esto, pero en este caso opto por instar al lector a realizar cualquier trámite administrativo de carácter público para la obtención de algo en su beneficio. Pero permítanme decir que el problema no yace en cuán fácil sea la burocracia, que también, y no pretendo restarle importancia. El gran problema reside en la injusta habilidad de la Administración para reclamar obligaciones al ciudadano y penalizar, si fuera necesario, su incumplimiento por expiración de plazos u otros motivos agregados como sancionables. Y son penalizaciones que pueden llegar a causar grandes estragos, dependiendo del entorno del individuo. En cambio, cuando es a la inversa, es decir, el ciudadano reclama a la Administración y encima se ve negativamente afectado por la ya comentada ineficiencia o retraso burocrático no existe ningún mecanismo para imponer una penalización desde la ciudadanía a la Administración. Esto quebranta el principio de que los poderes públicos están al servicio de la ciudadanía. Esta situación de desigualdad creo que esconde germen por el cual la Administración en general estuvo, está y estará en crisis. Hasta que se cambie.
Esto es lo que pienso, un pensamiento que nació en mi interior, que anuncié en la universidad y que presento en este texto, en mis líneas, que al final son las de un ciudadano más. Es necesario reclamar un cambio a las administraciones: a través de estas ideas considero firmemente que se puede mejorar. Como ciudadanos tenemos el derecho de reclamarlo pero también el deber de hacerlo.
La ciudadanía no puede seguir concibiendo a las Administraciones de una manera negativa, puesto que son estas las que deben operar en nuestro beneficio y a nuestro servicio. Nuestras demandas no se escuchan porque estamos en una balanza descompensada. Por ello, una base fundamental para fraguar este cambio es que se nos escuche, y hacernos oír de una manera civilizada si no se nos quiere atender. Necesitamos reclamar la operativización de las demandas ciudadanas y que se eliminen los intereses partidistas del desarrollo de la labor administrativa pública.
