La concentración en contra de los presumibles indultos a los políticos independentistas encarcelados en la madrileña Plaza de Colón ha sido inútil en su objetivo inicial: debilitar al Gobierno Sánchez mediante la exhibición del rechazo a la medida de gracia por una aplastante mayoría social. Sin embargo, ha dejado entrever la lucha por el poder y las estrategias entre los partidos de la derecha e incluso ha exacerbado la disputa por el liderazgo del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Si los indultos requieren de utilidad pública para su otorgamiento, esta manifestación se erige como un esfuerzo inútil. Por supuesto, no se puede cuestionar que haya un segmento relevante de la sociedad que esté manifestamente en contra y ejerza su derecho fundamental a la protesta. Pero si lo que se buscaba era sacar rédito político de este acto público, a la derecha le ha salido el tiro por la culata en el intento de desacreditar y deslegitimar al Gobierno. En definitiva, no ha contribuido a nada y se ha consolidado como un manifestación intrascedente que no ha hecho sino agitar más aún las disputas entre los actores políticos, es decir, causando más perjuicio que beneficio en una sociedad ya muy polarizada.
Asimismo, se produjo la clásica guerra de cifras que se da en estas politizadas citas. Por un lado, la delegación del Gobierno, en manos del Partido Socialista, calculó la asistencia en unas 25.000 personas, algo más de la mitad de la convocatoria de 2019 de unas 45.000. Por otro lado, la policía municipal – adscrita al Ayuntamiento popular – la cifró en 126.000. Otros números más realistas sugieren que la cantidad de ciudadanos que asistieron fueron en torno a 60.000. Sin embargo, las cifras no determinan nada si no son especialmente masivas. Exclusivamente denotan que hay un sentir importante en la sociedad española en contra de los indultos, en consonancia con lo que sugieren algunos estudios sociológicos.
La no reedición de la «foto de Colón» divide a la derecha y fortalece a Vox
La segunda manifestación masiva realizada en Colón, dos años después, ha sido un fracaso en todos los sentidos. En primer lugar, Pedro Sánchez ha salido indemne de una situación incómoda que solamente podía incentivar el desgaste político de esta acción. En particular, a PP y Ciudadanos no les favorece aparecer en actos públicos con Vox, aunque no les importe tanto pactar ciertas medidas de calado en algunos Gobiernos autonómicos cuando lo que está en juego es el poder. Por dicho motivo, en primera instancia la formación azul y la naranja decidieron no repetir el error que supuso la tan cacareada «foto de Colón» de los tres partidos de la derecha, puesto que les acabó castigando en demasía, sobre todo a Ciudadanos, en pleno proceso de descomposición. La inexistencia de una imagen que reuniera a todos los líderes de la derecha evidenció su fragmentación más si cabe.
Las principales figuras del PP y de C’s – este último con una presencia testimonial – se ubicaron lejos del centro neurálgico de la protesta para marcar distancias con su peligroso rival ultraderechista, que estaba en las primeras filas del meollo de la manifestación. Se notaba mucho qué partido podía capitalizar en mayor medida los réditos de la manifestación. No era otro que Vox, quien ha hecho de la cuestión catalana una de sus puntas de lanza electorales alentando una narrativa bélica contra el procès.
El «descuido» de Ayuso y el malestar interno del PP
Capítulo aparte merece la polémica de Isabel Díaz Ayuso, en una salida de tono más que ha dejado en una tesitura complicada a su partido. En el transcurso de la manifestación declaró: «¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice?». Su intención, de nuevo, era procurar rivalizar con el presidente Sánchez poniendo en tela de juicio la obligación constitucional del monarca de «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros» y «ejercer el derecho de gracia», ambos «con arreglo a la ley» en el marco de los apartados f) e i) del artículo 62 de la Constitución. Presumiblemente, al rey no le va a gustar firmar esos posibles indultos, no obstante, no se le puede alentar a no hacerlo incumpliendo flagrantemente uno de sus pocos deberes. Simplemente por lealtad institucional.
Tras estas palabras de la presidenta madrileña se esconde implícitamente el sorprendente planteamiento de la poca utilidad que tiene la Corona, incluso para una conservadora como Díaz Ayuso. Como era de esperar, tras el entuerto en el que le ha metido a Pablo Casado, este ha rectificado y ha dicho que la responsabilidad exclusiva de los indultos es de Pedro Sánchez y no del rey y ha defendido su papel como jefe del Estado. En ese sentido, han vuelto a destacar las dos principales almas y sensibilidades ideológicas que coexisten en el PP tras el éxito electoral de Ayuso. A la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid no le ha importado saltarse la línea jerárquica y desviar el discurso hacia un punto peligroso, debido a que en términos de liderazgo tiene una gran ventaja respecto a Casado, el líder nacional. Se postula como el mejor activo en forma de una marca personalista y carismática de cara a las próximas elecciones generales y no va a perder ni una sola oportunidad para batallar contra el Gobierno de la Nación.
La figura jurídica de los indultos: una cuestión de legitimidad y no de legalidad
La razón de esta manifestación es la cuestión de fondo de este asunto: si los indultos servirán para solucionar algo. Son la condición necesaria para encauzar una solución al contencioso catalán, puesto que si los representantes de una parte de la sociedad catalana están en prisión no es posible establecer un diálogo ciertamente válido. Solo hace falta acudir al Derecho comparado para concluir que esos delitos están tipificados de forma excesiva y corresponden a conceptos jurídicos indeterminados más propios del siglo XIX – cuando se producían gran cantidad de levantamientos e insurrecciones – que en pleno siglo XXI. Eso sí, los presos han afirmado que tienen la intención de volver a declarar la independencia y no se arrepienten – este último no es un requisito legal para la concesión de un indulto – de los hechos acaecidos en 2017.Por ello, no es posible garantizar que solucione el conflicto existente.
En la campaña de las últimas elecciones de 2019 Pedro Sánchez dijo que no habría indultos. ¿Cuál es la razón de este cambio de criterio? Una negociación política con Esquerra Republicana para la investidura que le posibilitó ser presidente del Gobierno, así como una cuestión de necesidad política para allanar el camino con el bloque independentista. El también secretario general del PSOE pretende con este movimiento contentar a los soberanistas y apaciguar los ánimos en uno de los grupos parlamentarios del poder legislativo que con su abstención facilitó la mayoría de la investidura, en el contexto de una solución del conflicto a medio plazo. La legislatura no peligra porque los Presupuestos Generales del Estado ya están aprobados y los fondos europeos para la recuperación económica y social están próximos, dos de los pilares de la estabilidad política nacional.
Hay quien cuestiona incluso la legalidad, que no la legitimidad, de los indultos en una muestra incomprensible de su ignorancia. La prerrogativa de la medida de gracia que posee el Gobierno vía Consejo de Ministros se contempla en la Ley de 18 de junio de 1870 y ha sido asiduamente utilizada por todos los Gobiernos de la historia democrática de España. En concreto, desde 1996 se han concedido más de 10.000 indultos.
Los criterios que se contemplan son la equidad, la justicia o la utilidad pública, que se podrían justificar para la concesión de los indultos de forma individualizada. Como el tribunal sentenciador, el Supremo, en su informe no vinculante no apreció esas razones en favor de los condenados el indulto sería parcial y no total, aunque los presos ya llevan varios años en prisión y quedarían en libertad si se les otorgara la exención de parte de su condena. Por tanto, se puede estar en contra o a favor del indulto pero no se puede afirmar que sean inconstitucionales ni ilegales. Para alimentar la reflexión, hay que recordar que se han concedido indultos polémicos a personajes tan deleznables como el golpista del 23F Alfonso Armada o a dos de los procesados por la «guerra sucia» de los GAL, el exministro del Interior del PSOE, José Barrionuevo, y al exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.
