Renovación ‘sine die’ del Consejo General del Poder Judicial

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El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes (i), en una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d).

La no-renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pronto pasará a tener su propia sección en los periódicos. Lleva siendo noticia mil veintidós días. Sus vocales tomaron posesión en 2013 y desde diciembre de 2018 se encuentra el órgano en funciones. 

Ha sido tiempo suficiente para que Europa nos haya sacado a relucir los colores en más de una ocasión. La última, sin ir más lejos, ayer lunes tras las reuniones del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders.

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Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders.| Fuente: (Flickr Creative Commons)

De los encuentros del comisario belga con las principales asociaciones judiciales españolas: uno con Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), y otro conjunto con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV); ha extraído en claro dos conclusiones: urge tanto la renovación del Consejo como la reforma de la LOPJ, sin entrar en dimes y diretes sobre el orden de prioridad de una y otra.

Embestidas al CGPJ

“Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitución crea el Consejo General del Poder Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo”. De la literalidad de la exposición de motivos de la actual LOPJ se desprende una idea muy clara: Poder Judicial casa con Independencia, en mayúsculas, y el sujeto garante ha de ser el CGPJ. 

La LOPJ de 1980 no tenía exposición de motivos, pero tampoco la necesitaba. Garantizaba la independencia del Consejo atribuyendo la elección de los doce jueces restantes a los propios jueces, mediante voto “personal, igual, directo y secreto”. 

La primera embestida llegó de la mano de Felipe González, con la Reforma de 1985, confiando la elección de los vocales en ambas Cámaras, a partes iguales, aduciendo que la expresión del artículo 122 CE -“de estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”- no exigía que la designación correspondiese a integrantes de la carrera judicial. El Constitucional advirtió de los riesgos de esta traducción del texto y así arrancó la politización del Consejo.

Cuando la reforma de 2001 de Aznar parecía suponer un regreso positivo hacia el modelo original, aunque con tildes corporativistas (era extraordinariamente complicado acceder a la candidatura sin pertenecer a una asociación judicial), Rajoy puso en 2013 la guinda al pastel prescindiendo del requisito de consenso entre ambas cámaras para renovar el Consejo y así servirse de la mayoría que tenía entonces en el Senado para colocar a sus diez predilectos.

En el último episodio de “quién dará la embestida más grosera”, PSOE y UP pretendieron rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una simple para soslayar el veto a la renovación. Una vez más Europa nos sacó las castañas del fuego y la propuesta fue retirada. Son ya tantas que a estas alturas es complicado confiar en que el bloqueo de Casado a renovar obedezca a una causa respetable, menos aún cuando defiende una reforma opuesta a lo que ha venido practicando su partido sistemáticamente durante décadas: el reparto por cuotas de los vocales.

Mover fichas

Si la reforma se antoja pertinente, la renovación es un imperativo. Toca mover fichas y son dos, al menos, las opciones que se barajan para la revisión del modelo de elección de los miembros del Consejo. La apuesta de la Comisión Europea es una elección “entre jueces por los jueces”. No obstante, la lógica partidista es latente en las asociaciones de jueces, por lo que no lograría anularse el vínculo de dependencia del candidato; ora con el partido, ora con la asociación. 

Carlos Lesmes, actual Presidente del CGPJ, nos tiene acostumbrados a declaraciones tan gentiles como  “al juez se le controla con el palo y la zanahoria”: una de régimen disciplinario, una de nombramientos. El único modelo institucional resistente a la teoría del palo y la zanahoria, a favores y favoritismos, es aquel en el que sea impensable la intromisión de terceros en el nombramiento de los vocales. La opción que se baraja sería la de un sorteo entre los miembros que reúnan unos requisitos uniformes de antigüedad, capacidad y mérito. Solo así podría cortarse el cordón de dependencia.

Por lo que a la renovación se refiere, Lesmes ha debido de pensar que el cargo es vitalicio. Afortunadamente son cada vez más los vocales que abogan, dado el bloqueo en las Cámaras, por una dimisión en bloque que imposibilite alcanzar el cuórum mínimo para tomar decisiones en Pleno y así convertirlo en inoperante. 

Si decide hurgar un poco encontrará el precedente en 1996, cuando Pascual Sala, por aquel entonces presidente en funciones del CGPJ, forzó la renovación del Consejo con este mismo “modus operandi”. El paralelismo con la situación actual salta a la vista, aunque el respeto del entonces presidente y el del actual por la institución disten de estar a la misma altura. 

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