Tres Quintos: cuando la política llama a la puerta de la Constitución
Las últimas encuestas otorgan al bloque conservador una mayoría que podría llegar a ser suficientemente holgada como para poder modificar la Constitución y monopolizar durante la siguiente legislatura los nombramientos de altos cargos. ¿Qué puede suponer esto en el panorama político español?
La mayoría de tres quintos es una cifra marcada en negrita en la política constitucional española. Si una formación política –o un bloque– alcanza esta cifra, de 210 diputados en el Congreso y de 161 en el Senado, adquiere una serie de facultades que permiten decidir el nombramiento de altos cargos (Magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial) o incluso reformar el texto constitucional sin necesidad de negociar con otros grupos parlamentarios de diferente ideología al contar con suficientes apoyos por sí solos. Los 210 y 161 se convierten entonces en las puertas al poder institucional, otorgando a las siglas que ostenten tal mayoría el poder de reformar, el poder de nombrar y el poder de transformar.
Una clara mayoría en las encuestas
Las últimas encuestas arrojadas a la luz por importantes empresas demográficas, como SocioMétrica, 40dB o Sigma Dos, otorgan una suma muy alta de escaños al bloque conservador formado por el Partido Popular y VOX. Si bien son meras estimaciones de voto, y muchas quedan justo por debajo del sagrado umbral de los 210 escaños, es una posibilidad real que se alcancen estos números, o por lo menos finalizar en una posición que permita que, pactando con otros grupos conservadores minoritarios, se alcancen las cuotas necesarias.
Desde que el 5 de octubre España amaneció con la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, se han sucedido las estimaciones y encuestas. Si bien es cierto que no siempre reflejan los mismos resultados, son pocas las que no han otorgado una muy holgada mayoría al bloque conservador. El Electopromedio, herramienta que calcula una media móvil ponderada de encuestas de intención de voto fiables publicadas por empresas demoscópicas en España, otorga 201 escaños a la suma del PP, con 136, y VOX, con 65. Supone esto una mayoría muy numerosa, superando con creces la necesaria para formar Gobierno.
Cerca de los tres quintos
Pocas veces el bloque conservador ha llegado a cuotas tan altas; pese a que en el pasado este estuviera únicamente integrado por el Partido Popular y ahora incluya a VOX, lo máximo que se llegó a alcanzar fueron 186 escaños en 2011 con Mariano Rajoy al frente, o 183 con Jose María Aznar en 2000. Sin embargo, los resultados de este 29N pueden suponer un récord conservador en España.
Sigma Dos (El Mundo) otorga, sin ir más lejos, una suma de hasta 208 escaños al bloque en una reciente encuesta del 2 de noviembre. Por otro lado, SocioMétrica (El Español), señala una mayoría situada en 203 parlamentarios. NC Report (La Razón), revela un baremo de entre 206-210 en su estimación. Es cierto que las encuestas suelen pertenecer a medios conservadores, pero otras como 40dB, asociada a El País, otorga una horquilla de 186-214 diputados al conjunto PP+VOX. Pese a que sea una horquilla muy amplia, el máximo posible no sólo se aproxima, sino que supera los 210. Esta encuesta es del 9 de octubre, por lo que la tendencia del último mes no se tiene en cuenta en esta cifra.
Sin embargo, eso podría incluso aumentar el porcentaje conservador por hechos como el accidente de Urda. Las estimaciones realizadas antes y después de la tragedia señalan castigo electoral para el PSOE. Sigma Dos, sin ir más lejos, señala una pérdida de 1,5 puntos porcentuales en la estimación de voto a los de Ferraz en sus encuestas realizadas el 26 de octubre y el 2 de noviembre, justo después del siniestro. Esto se podría traducir en unos cinco o seis escaños, cifras que parecen cruciales para la posibilidad de los tres quintos.
La batalla por el senado
No obstante, no es el Congreso el único campo de batalla en esta guerra. El Senado tiene voz también. Para optimizar el voto, en estas elecciones el bloque conservador, al igual que el progresista, ha realizado acuerdos para ir mano a mano al Senado. Mientras que el PSOE y Frente Amplio concurren en una lista única, PP y VOX han acordado no competir entre sí en determinadas circunscripciones, con retiradas de candidaturas en unas provincias y fórmulas distintas en otras, para centrar los votos en sólo una de las formaciones y no dividirlo.
Esto supone una batalla entre bloques, donde en la mayoría de las provincias es posible que salga como vencedor el Partido Popular con VOX. Las encuestas arrojan también cercanía e incluso superación a los tres quintos (161 senadores) en la Cámara Alta. SocioMétrica apunta a 166 senadores incluyendo a UPN, partido con el que ha pactado también las dos grandes formaciones conservadoras, mientras que otras como Vozpópuli señalan también 166.
El Tribunal Constitucional
Entonces, ¿qué posibilidades se abren en caso de alcanzar tales cifras? Llegar a una mayoría de tres quintos en ambas cámaras supondría ostentar un poder casi absoluto en materia de nombramientos y decisiones institucionales durante la legislatura venidera. Pero vamos por partes, pues son varios los escenarios que se contemplan en caso de llegar a tales cifras.
Para empezar, esa mayoría habilitaría al bloque conservador realizar nombramientos de altos puestos del Estado. Uno de ellos es, ni más ni menos, que el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Próximamente se debe renovar a los nombrados por el Senado, por lo que una mayoría de tres quintos de PP y VOX en el Senado permitiría poder elegir esos 4 puestos sin necesidad de llegar a un consenso con el PSOE, práctica habitual que se ha venido practicando en los últimos años por los dos grandes partidos.
Actualmente hay una mayoría de magistrados considerados progresistas en el Tribunal Constitucional (o, por lo menos, nombrados por el Partido Socialista), pero este cambio podría generar una mayoría conservadora en una de las instituciones de mayor importancia en el Estado. Es por ello que una mayoría tan holgada en las cámaras podría suponer un giro institucional en nuestro país
Un sinfín de altos nombramientos
Otro de los nombramientos que requieren los tres quintos es el del Defensor del Pueblo. El mandato de Ángel Gabilondo finaliza el 16 de noviembre de 2026, y se requieren tres quintos en ambas cámaras para la elección inicial. No obstante, si no se alcanza esa cifra, basta con obtener esa cifra en el Congreso y contar con la mayoría absoluta en el Senado. De nuevo, cabe la posibilidad de que la elección de este puesto pueda realizarse de forma inicial por el bloque conservador sin necesidad de negociar con otras vertientes ideológicas.
El Consejo General del Poder Judicial es otra de las instituciones que podría ver su futuro con una tendencia muy clara si se llegara a tales mayorías. Su renovación está prevista para julio de 2029, por lo que correspondería a la legislatura surgida de las elecciones del 29 de noviembre. Para la elección de sus 20 vocales, Senado y Congreso eligen cada uno a 10, también con una mayoría requerida de tres quintos.
Nuevo rumbo institucional conservador
Por tanto, un resultado tan holgado supondría un muy posible rumbo conservador en las instituciones del Estado. Lo interesante aquí es que, históricamente, al no haber ninguna mayoría tan clara para ninguno de los dos bloques, los grandes partidos se han visto obligados a negociar y repartirse los nombramientos. Por ejemplo, en 2021, la izquierda contaba con una mayoría suficiente en el Congreso para gobernar, pero se situaba lejos de los tres quintos. Entonces, a la hora de renovar a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondían al Congreso, PP y PSOE se repartieron los nombramientos en dos y dos, pese a haber una mayoría progresista en la cámara. Los socialistas propusieron a Inmaculada Montalbán y a Juan Ramón Sánchez Valcárcel, y los populares a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel.
Lo importante de esto es entender que en una situación normal en la que ninguno de los dos bloques pueda llegar a la cifra necesaria, el reparto se hace mediante la negociación y el consenso. Pero el potencial escenario del que se habla en el artículo supondría la unilateralidad en la elección de altos puestos del Estado, situación que nunca se ha dado en nuestro país. Felipe González se acercó, con 202 escaños, en su primera legislatura en 1982. Y pese a que PP y VOX no son un único partido, no suele haber apenas distanciamiento ideológico en lo que a nombramientos se refiere.
La posibilidad de una reforma constitucional
No obstante, la más importante de las puertas queda por abrir aún. Esta es la reforma constitucional. Según el artículo 167, con tres quintos en ambas cámaras se puede modificar el texto supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Es cierto que esto no afecta a todos los artículos; gran cantidad de Derechos Fundamentales o Libertades Públicas, Monarquía y el Título Preliminar requieren una reforma aún más agravada, que en la práctica es casi irrealizable, aunque no imposible. Lo que se necesitaría en ese caso sería contar con dos tercios en cada cámara para aprobar el principio de la reforma, posteriormente la disolución inmediata de las Cortes, con una convocatoria de elecciones. Una vez se conformaran las nuevas Cortes, una nueva ratificación de la decisión con dos tercios de ambas Cámaras, y finalmente un Referéndum obligatorio.
Sin embargo, el resto de la Constitución se puede reformar mediante el procedimiento ordinario, que requiere la mayoría que llevamos tratando todos estos párrafos. Aun así, supone un poder muy elevado a la hora de decidir la dirección de nuestro Estado. Reformar la Constitución supone cambiar las reglas del juego, agrandar o empequeñecer el marco en el que todo se mueve. Nuestra Constitución ha sido reformada en cuatro ocasiones, y han solido ser nimias, excepto la realizada en 2011, que supuso un cambio en la política presupuestaria de nuestro país en relación con la deuda. Curiosamente, la de 2026 entregó a Formentera un senador propio. Se ha dado o bien por obligaciones internacionales, o por cambios en la terminología concreta.
Una Constitución cuestionada
Muchas veces la Constitución adquiere una concepción casi sagrada, y pese a que ciertos partidos -como Podemos- abogaban por una reforma de ésta (Pablo Iglesias, al recoger su acta como diputado la juró exclamando «Prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla»), sería extraño que se hicieran grandes variaciones de nuestro texto.
Parte de la población, especialmente aquellos que vivieron la transición, la ven como un símbolo de nuestra democracia y se muestran rehacios a modificarla, aunque los más jóvenes no acaban de casarse del todo con ella, y no ven con malos ojos una reforma de esta. El CIS demostró en un estudio que los menores de 35 años son el grupo que con más fuerza exigen una reforma profunda de ésta. Lo cierto es que realmente es poco probable que en una democracia consolidada como la nuestra los partidos decidan hacer grandes reformas del texto constitucional, más aún siendo el PP un partido del establishment, pero ambos partidos han dejado caer posibles cambios que harían en nuestra Carta Magna.
Las diferentes propuestas
El Partido Popular ha propuesto reformas institucionales concretas. En 2025, Alberto Núñez Feijóo anunció que el PP estudiaba una medida para reformar la Constitución para añadir un supuesto de disolución obligatoria de las Cortes en caso de no ser capaz un Gobierno de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En 2024, fue el PP uno de los impulsores de la reforma constitucional que modificó en el Artículo 49 el término ‘disminuidos’ por la fórmula ‘personas con discapacidad’, que se consumó aquel mismo año.
El caso de VOX es más radical. El partido fundado en 2013 defiende abiertamente la necesidad de modificar de forma agravada la Constitución para dar un giro total a la organización territorial y política de España. Su propuesta consiste en suprimir las Comunidades Autónomas para transformar España en un Estado unitario administrativamente. Además, en línea con la supresión de lo regional, diputados como Jorge Campos afirmaron que la reforma constitucional necesaria es la ilegalización de los partidos independentistas. La formación de Santiago Abascal llegó a afirmar incluso que se debería suprimir el Tribunal Constitucional y que la totalidad de sus funciones las asumiera el Tribunal Supremo.
Un país poco reformista
En definitiva, se podría abrir la puerta para que las reformas constitucionales pudieran materializarse. Es cierto que no se llevaría a cabo todo lo propuesto, especialmente por VOX, porque muy posiblemente el Partido Popular se opondría a tan magnos cambios. Sin embargo, sería un interesante escenario nunca antes visto en nuestra democracia. En otros países no es tan extraño realizar cambios en los textos constitucionales. En Austria se ha reformado en más de 120 ocasiones, en Alemania más de 60 desde su promulgación en 1949 (curiosamente, es la Constitución alemana en la que se inspira mayoritariamente la española), o más de 20 en Francia. Estas reformas no fueron movidas por la pasión y no han significado cambios significativos en la calidad democrática de los mencionados países.
Sin embargo, también se han dado casos en los que reformas del texto constitucional han supuesto un avance iliberal hacia el autoritarismo. Un sonado ejemplo es el llevado a cabo por Viktor Orbán en 2010, donde, tras obtener una amplia mayoría superior a los dos tercios en el Parlamento, restringió las competencias del Tribunal Constitucional, realizó una purga en el Poder Judicial reduciendo la edad de jubilación de los jueces para poder sustituirlos por magistrados afines y se redujo el tamaño del parlamento y de las circunscripciones para favorecer una mayoría prolongada de Fidesz, su partido.
La cita del 29 de Noviembre
Por tanto, el 29 de noviembre los españoles decidirán no solo el futuro del Gobierno de su nación, sino que también podrán entregar las llaves de la Constitución y el diseño de altas instituciones del Estado al tándem conformado por el Partido Popular y VOX. Una situación que otorgaría al bloque conservador tres poderes; el poder de reformar, siendo capaces de cambiar nuestra Carta Magna, el poder de nombrar, siendo capaces de colocar en importantes puestos institucionales a sujetos afines su ideología sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos, y el poder de transformar, generando las dos primeras facultades un cambio en el equilibrio institucional y la arquitectura del Estado. Está todo por decidir.
