Desde que entró al poder, Putin oculta, aislado del exterior, una dictadura propagandística y mediática
Rusia presenta hoy una situación social, económica y política más que compleja, basada en una precariedad de muchos derechos fundamentales, incluida la limitación y casi la inexistencia de la libertad de expresión y de prensa. Este asentamiento del “control mediático” por parte del Kremlin se ha agravado desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, pero su origen se remonta años atrás, debido a las acciones de Vladimir Putin desde que entró al poder en el año 2000, tras la renuncia del anterior dirigente Boris Yeltsin.
La guerra con Ucrania, una excusa exponencial
Centrándonos en el presente, Rusia atraviesa su peor momento de pluralidad y libertad periodística, lo que conlleva el total incumplimiento del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que la libertad de expresión goza de ser aquel derecho del que emanan el resto, siendo el derecho fundamental sobre el que se construyen los cimientos de una democracia sana.
La realidad que nos otorgan los datos es que Rusia prescinde de esta garantía informativa, siendo hoy en día el país número 164 de los 180 Estados a nivel de libertad informativa, según el índice comparativo de Reporteros Sin Fronteras. A la cola de la mayor parte de las naciones mundiales, Rusia, a pesar de ser una de las mayores potencias del globo, flaquea en el terreno del periodismo, en referencia no sólo a términos de calidad sino también en términos represivos. RSF registra, a su vez, que hay 35 periodistas detenidos actualmente y Amnistía Internacional afirma que desde que comenzó la guerra al menos 12 periodistas y profesionales de los medios de comunicación han muerto, 21 han resultado heridos mientras ejercían su profesión, y casi la totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados o declarados “agentes extranjeros”, como Nastoyashchee Vremya o Novaya Gazeta
Es evidente que desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la capacidad de difusión del pensamiento propio y la existencia de independencia informativa ha desaparecido por completo en la nación. Los comentarios críticos hacia la actitud del ejército ruso, y por tanto hacia decisiones políticas -como muestran las acciones represoras en la detención de al menos 8 periodistas rusos durante las manifestaciones contra la movilización de tropas rusas al territorio ucraniano, acontecidas en más de 40 ciudades rusas el 22 de septiembre de hace 2 años, prohibiendo así la cobertura informativa de lo que estaba sucediendo-, o la información comprometedora para Putin -como ha ocurrido con los hechos acontecidos en relación con el opositor Aleksei Navalny, o la “muerte casual” de muchos de los opositores políticos del líder ruso- han devengado en problemas con la administración.
La periodista ruso-ucraniana Galina Timchenko, exiliada de Rusia por materia de exclusión informativa y creadora de la plataforma de medusa.io, medio que informa desde el exterior sobre lo que acontece en Rusia, afirma que “desde la guerra se han aprobado en Rusia un centenar de nuevas leyes que restringen la libertad de prensa. Asegura que «hay censura militar, y las víctimas son precisamente los medios de comunicación», poniendo de ejemplo los 100 periódicos que han sido declarados agentes extranjeros y acusados de traición y espionaje, y los cientos de periodistas que han tenido que abandonar el país”. Galina añade que “no habrá libertad de prensa y expresión, ni respeto a los derechos humanos en Rusia, mientras Putin siga en el poder”.
Una Ley de Desinformación como raíz del ataque “legal” informativo
El endurecimiento de las políticas de Putin anti periodísticas giran alrededor de una nueva Ley de Desinformación, adaptada el 4 de marzo de 2022, en la que publicar información acerca de las Fuerzas Armadas rusas que sea considerada “falsa” o “desacreditadora” puede conllevar penas de hasta 15 años de cárcel o multas elevadas. La legislación penalizaba en concreto “difundir falsa información sobre las Fuerzas Armadas Rusas” (artículo 207.3 del Código Penal) y “desacreditar” a las Fuerzas Armadas Rusas desplegadas en el extranjero (artículo 20.3.3 del Código de Delitos Administrativos). Las consecuencias para la pluralidad han sido catastróficas. Más de 4000 personas, incluyendo periodistas, han sido perseguidos debido a esta ley durante los últimos seis meses, y 224 de ellos se enfrentan a una posible pena de prisión, de acuerdo con el último informe de OVD-Info, una ONG rusa de derechos humanos.
“no habrá libertad de prensa y expresión, ni respeto a los derechos humanos en Rusia, mientras Putin siga en el poder”- Galina TIMCHENKO
Las antípodas de una censura con nombre propio
El aumento de la censura periodística no viene de ahora, sino que deriva del pasado. Desde que comenzó el mandato de Putin, las autoridades rusas han ido limitando gradualmente el derecho a la protesta pacífica, la información libre y el trabajo de la prensa, además de sancionar cada vez con más contundencia a quienes intentan ejercerlo, prohibiendo así cualquier tipo de disidencia en el territorio ruso.
Antes de que comenzara la invasión de Ucrania, miles de profesionales del periodismo ya se enfrentaban a amenazas y hostigamiento, tal y como ocurrió con la persecución informativa tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Previo a este suceso, uno de los casos más sonados es el de Elena Milashina, que ha venido sufriendo impunemente agresiones y amenazas de muerte desde el año 2012, por informar sobre diferentes temas incómodos para las autoridades. En 2017 desveló la campaña de secuestros, torturas y homicidios del colectivo gay en Chechenia, a lo que el líder checheno, Ramzán Kadírov, respondió con amenazas directas que obligaron a Elena a exiliarse durante un tiempo. En 2021, tras regresar a Rusia, publicó el reportaje “Morir de coronavirus es un mal menor” sobre cómo la población chechena había empezado a ocultar la enfermedad. El presidente Kadírov respondió amenazando de muerte a Elena a través de Instagram y las autoridades rusas ordenaron la retirada del reportaje de Novaya Gazeta, el medio para el que trabajaba. En febrero de 2022 tuvo que volver a abandonar Rusia y buscar asilo en el extranjero, desde donde continúa su labor periodística.
A pesar de las injustas restricciones, los periodistas en Rusia continúan luchando valientemente por la libertad de prensa, demostrando que la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos fundamentales nunca deben ser silenciadas. Su perseverancia es un recordatorio de la importancia de una prensa libre en cualquier sociedad democrática.
