Con 87 años y un 50% de discapacidad, Maricarmen deja atrás la que fue su casa durante más de siete décadas
A las 13:00 horas de este miércoles, Maricarmen Abascal era expulsada de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda (Madrid), tras una larga noche de manifestantes acampados, restricciones a la prensa y duras cargas policiales.
Cientos de personas han pasado la noche durmiendo a las puertas de la vivienda. Al alba, y pese a las restricciones de la Policía Nacional, los manifestantes han conseguido entrar al interior del portal para realizar un cordón humano. Sin embargo, a las once y media, los agentes disolvían la barrera humana con una violencia excesiva, según han detallado los protagonistas.
La abogada y comunicadora, Inés Hernand hablaba sobre lo vivido ante las cámaras de RTVE: «No hemos desafiado a la autoridad y hemos intentado negociar con la comisión judicial». La comunicadora afirmaba que los agentes «no han tenido ningún cuidado ni trato» y mientras sacaban a los manifestantes se reían de ellos y les insultaban.
Las medidas sobre vivienda vuelven a fallar
Este desahucio vuelve a poner en el punto de mira, las medidas sobre vivienda del Gobierno central. La semana pasada, el Congreso de los Diputados votó en contra de vender pisos a fondos buitre. Solo hoy, en Madrid, se han vivido dos desahucios en pisos comprados por estas empresas. Uno en Vallecas donde David, un hombre con discapacidad y su hijo han tenido que abandonar su vivienda de obra social. Otro el de Maricarmen, que no ha podido evitar su cuarto intento de desahucio.
Por otro lado, la Ley de Vivienda vuelve a mostrar sus agujeros legales en la protección de inquilinos. Según la Disposición Final Quinta, los «grandes tenedores» deben tener una mediación previa antes de emitir una demanda por desahucio para personas vulnerables. Se pueden realizar prórrogas temporales para evitar la evicción, sin embargo, los inquilinos que no puedan hacer frente a los pagos, acabarán desahuciados.
Por otro lado, el artículo 3.k habla de la definición de «Gran Tenedor», es decir, aquellos propietarios que tienen entre 5 y 10 viviendas en propiedad. La casa de Maricarmen fue comprada por la empresa Urbagesa (fondo de inversión) y después esta se la vendió a un pequeño propietario. Por ende, como las obligaciones especiales de la ley no se aplican a estos últimos, pueden ejecutar órdenes de desahucio sin tener que pasar por los trámites obligatorios de mediación.
Las opiniones políticas sobre el hecho
Este desahucio recalca la necesidad de solucionar el problema de la vivienda. Gabriel Rufián ha estado en el lugar de los hechos y, a través de sus redes sociales aseguraba que la vivienda «va a arrasar a este Gobierno».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante la prensa antes de su discurso en la ONU y calificaba el desahucio de Maricarmen de una «tragedia social». También aludía a la responsabilidad de las administraciones locales y reprochaba, tanto al ejecutivo de Almeida como al de Díaz Ayuso, que estaban «demasiado preocupados en comprar aticazos y no han resuelto esa emergencia social».
Antes de las palabras de Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida afirmaba que a nadie «nos gustaría estar viviendo la situación de Maricarmen» y le ofrecía una recursos habitacional, con una plaza en una residencia madrileña.
En el pleno del Congreso, el ministro de derechos sociales, Pablo Bustinduy, aseguraba que este hecho es «intolerable» y culpaba a la Presidenta de la Comunidad de Madrid de ponerles «la alfombra roja a los especuladores» en la feria inmobiliaria que se celebró el pasado martes en Madrid.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López defendía la actuación del Gobierno: «Ha hecho todo los posible» y cargaba contra el fondo buitre de Urbagesa por no aceptar ninguna de las propuestas del ejecutivo.
Casi una década de lucha en los tribunales
En 2019, Maricarmen tuvo que hacer frente a un batalla legal en la que se acogió a la subrogación del contrato de alquiler que le dejaron sus padres. En un principio, el tribunal le dio la razón, pero el caso se elevó a una instancia superior, que dio la razón al propietario, quien decidió subir el precio del alquiler en un 300% (2654 euros).
Dado que Maricarmen tiene una pensión de 1440 euros, no podía frente a los pagos y el tribunal emitió la orden desahucio. El primer intento fue en octubre de 2024, pero la comitiva judicial no logró nada. Así sucedieron otros dos intentos fallidos, hasta el día de hoy.
Maricarmen Abascal deja atrás 70 años de recuerdos en la casa de sus padres. Ahora se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón y ha rechazado el alojamiento de emergencia ofrecido por el Ayuntamiento, porque prefiere reubicarse con familiares.
