El panorama político español hace tiempo que dejó de ser un espacio generador de grandes consensos, en el que las discrepancias ideológicas se materializaban en propuestas y debates productivos y no en bloques monolíticos.
Por eso, no nos sorprende el reiterado fracaso a la hora de intentar llegar acuerdos sobre materias como la educación, que requieren de un consenso, de un rigor que vayas más allá de intereses partidistas y sobre todo de una continuidad en el tiempo. Por el contrario, optamos por convertirlas en enfermedades crónicas que vuelven a manifestar sus síntomas cada vez que cambia el color del legislador.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de esas asignaturas pendientes que cada vez que vuelve encalla el panorama político. La razón es simple: los gobiernos buscan asegurar a toda costa su renovación con jueces que le sean favorables, y la oposición opta por bloquearla tozudamente para mantener algo del poder que ha perdido en los comicios. De esta forma se está dinamitando el estado de Derecho y se están quemando todos los puentes de cara a futuras renovaciones que necesariamente tendrán que llegar. El «ya veremos que pasa cuando le toque al otro» no es sostenible.
El Partido Popular lleva dos años bloqueando la renovación de este órgano y en aras de superar esta situación, la coalición de Gobierno propuso cambiar la necesaria mayoría de tres quintos por una mayoría absoluta. Esto alarmó a los propios miembros de la judicatura, a numerosos juristas e incluso levantó suspicacias en las instituciones europeas. Sin embargo, en el devenir de la fallida moción de censura de Vox, Pedro Sánchez propuso a los populares frenar la tramitación de la reforma y sentarse a negociar.
Pero para entender cuáles son las implicaciones de este bloqueo y como está directamente relacionado con la independencia del poder judicial, es necesario entender que es realmente el Consejo General del Poder Judicial y cual es su función.
La Constitución configura esta institución como el órgano de gobierno de los jueces y su regulación queda encomendad a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No se puede entender la separación de poderes sin una independencia de los jueces, y por eso la Constitución los somete exclusivamente al imperio de la ley. Esto quiere decir que en el cumplimiento de sus funciones no deberán estar subordinados a ningún poder externo y el único criterio valido a la hora de decidir reside en lo dictaminado por la ley. Para garantizar esta independencia existe el estatuto de jueces y magistrados, que incluye una serie de garantías y limitaciones. La garantía por excelencia es la inamovilidad de los jueces recogido en el artículo 117.1 CE que reza lo siguiente: “Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y de las garantías previstas en la ley”. Se protege así a los jueces frente a injerencias, y es que no se podría decir que un juez es independiente si teme por su situación profesional.
Pero de poco servirían estas garantías si su aplicación descansase en un poder ajeno al judicial. Sería irrisorio que quien decidiese, en base a esas causas previstas en la ley, cuándo un juez puede ser suspendido fuese el Gobierno o el Congreso. Por eso la Constitución crea un órgano especifico: El Consejo General del Poder Judicial. Así, el constituyente en su artículo 122 establece que este órgano es competente en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Ahora bien, si su razón de ser es evitar que la situación de lo jueces no dependa de un poder ajeno, es normal apreciar una cierta contradicción con el hecho de que en su nombramiento intervienen las dos cámaras.
El CGPJ está formado por veinte miembros que van a ser elegidos de entre miembros de la carrera judicial y juristas de reconocido prestigio con mas de quince años de dedicación al ejercicio de su profesión. La aritmética es la siguiente: Doce deberán ser elegidos de entre jueces y magistrados y ocho de entre juristas. Al ser elegidos por partes iguales por el Congreso y Senado, cada cámara elige diez: seis jueces y cuatro juristas. Una vez nombrados eligen en pleno a su presidente, que será a su vez presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El mandato tiene una duración de cinco año, y una vez transcurridos el CGPJ ha de renovarse en su totalidad.
Con el objetivo de salvar esa aparente contradicción y evitar que quede a merced de la configuración parlamentaria, se exige que sean elegidos por una mayoría de tres quintos, impidiendo así una imposición por parte del partido mayoritario. En nuestro ordenamiento se exige esta mayoría cuando se quiere proteger algún elemento de una excesiva politización. De lo contrario quedaríamos desprotegidos, al tener el partido mayoritario poder para alterar todo. Esta capacidad de acción ilimitada acabaría derivando en que cada vez que cambiase el color del legislador este podría hacer y deshacer a su antojo sin respetar unas mínimas garantías. Así se entiende que hay determinadas cuestiones, como el órgano de gobierno de lo jueces o la reforma de la constitución, que requieren de una continuidad y estabilidad alejadas del arbitrio partidista.
Por eso la reforma que plantea el Gobierno, aunque permite resolver el bloqueo, es especialmente gravosa. Y es que, al cambiar la mayoría de tres quintos por una mayoría absoluta, el partido que la consiguiese podría imponer, sin ningún tipo de negociación con el resto de fuerzas, su composición del CGPJ con jueces afines.
Pero tampoco la conducta del Partido Popular ha sido inmaculada. Hay que comprender que parte de la independencia de este órgano reside en el carácter temporal de su mandato. Para evitar la corrupción que acarrean los poderes absolutos y estancos, el mandato tiene una duración de cinco años y está taxativamente prohibida la reelección. Además, con un mandato de cinco años se evita una coincidencia plena con la legislatura y sus miembros tendrán que coincidir con una legislatura distinta de la que eligió. Por ende, los populares están perpetuando unos cargos que por definición son temporales con todas las consecuencias que esto acarrea para nuestra salud judicial.
Así, el gesto lanzado por Pedro Sánchez parece arrojar un halo de esperanza y solo queda esperar que estos partidos, que se dicen «de estado», terminen de una vez por todas con este atropello. Porque de lo contrario no saldremos del paroxismo que provoca partir de una situación insostenible, con una composición del CGPJ totalmente deslegitimado, contando solo con una solución nefasta que aumentaría la politización de un órgano que se entiende ajeno a las luchas partidistas.
Pero no deberíamos contentarnos con salvar esta renovación: el simple alivio de los síntomas ni cura la enfermedad ni evita su metástasis. Volveremos a estar en la misma situación si permitimos estas malas prácticas. Necesitamos un compromiso por parte de los partidos, tienen que asegurar que renovarán el CGPJ una vez expedido su mandato, aunque se odien a muerte. La independencia judicial depende de ello.
