Las claves para entender el caso de Pablo Hasél

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La inminente entrada en prisión de Pablo Hasél ha causado una gran conmoción en las redes, pero es necesario abordar una serie de temas como la suspensión de condena o el tipo delictivo cometido para entender mejor la situación procesal del rapero. El auto de entrada en prisión no es más que la última manifestación de un auténtico enredo judicial con numerosas implicaciones.

El rapero fue condenado en marzo de 2018 a dos años de prisión y un día de cárcel por la Audiencia Nacional, al entender la Sala que una serie de tweets y una canción en YouTube incurrían en un delito de injurias contra la Corona y el Estado y un delito de enaltecimiento al terrorismo. Posteriormente, la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional rebajó la apena a nueve meses y un día. Esta decisión fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo, máximo órgano de apelación, deviniendo entonces la sentencia como firme.

Ahora bien, lo primero que hay que explicar es la importancia de esta reducción de condena apreciada en apelación. El Código Penal prevé una suspensión en la ejecución de la condena en el caso de las penas privativas de libertad de corta duración. Así, una persona que hubiese sido declarada culpable y castigada a una pena de prisión podría no ingresar en la misma, quedando su pena en suspensión, hasta que pasado un tiempo sin cometer delito y cumpliendo una serie de medidas si el juez lo considera necesario, se extingue la misma. Pero este beneficio está subordinado al cumplimiento de una serie de requisitos: se debe tratar de un delincuente primario, la suma de las penas impuestas no puede ser superior a los dos años y se deben de haber satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito. Habiéndose reducido la pena a nueve meses, la defensa del rapero solicitó la apreciación de esta circunstancia y la acusación, en este caso ejercida por la Fiscalía, estuvo de acuerdo.

Existía, por tanto, la posibilidad de que el rapero no hubiera ingresado en prisión a pesar de haber sido declarado culpable. Sin embargo, los magistrados decidieron denegar la petición y emitir el auto de entrada en prisión que tanto ha circulado por las redes. Cabe recordar que la razón de ser de la suspensión de penas consiste en la valoración de una serie de elementos.  Así se deberá ponderar las características del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su actuación posterior a la comisión del delito y su voluntad de reparar el daño causado. De esta valoración deberá deducirse que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión de futuros delitos. Por lo tanto, aunque el cumplimiento de los requisitos es condición necesaria para la suspensión, estos no obligan al juez a aplicarla. Puede darse el caso de que, incluso cumpliendo los requisitos mencionados, el juez entienda que las circunstancias del penado desvirtúen el fin de la suspensión de penas y sea necesaria ejecutar la privación de libertad para garantizar que este no vuelva a delinquir. Independientemente del posicionamiento la resolución en la que el juez o tribunal resuelva ha de estar debidamente motivada.

En el caso de Pablo Hasél, la Audiencia Nacional entiende que “Ni las circunstancias personales del reo, ni la naturaleza de los hechos, ni su conducta puede hacerle merecedor de tal beneficio”. Cabe mencionar que Pablo Hasél ya fue condenado en 2015, también por enaltecimiento al terrorismo, sentencia que en ese caso sí se suspendió. Argumenta la Sala que cuando se produjeron los hechos enjuiciados ya era firme la sentencia anterior, por lo que no cumpliría el primer requisito de delincuente primario. Además, el rapero cuenta un cierto recorrido delictivo, y es que posteriormente ha sido condenado en dos ocasiones por el Juzgado de lo Penal de Lleida por agresión.

En lo referente a los tipos delictivos por los que fue juzgado Hasél: la Audiencia Nacional entiende que una serie de tweets y la letra entre las que se encuentran las siguientes declaraciones “Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá” (En referencia al grupo terrorista GRAPO) o  “Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos se va de putas con ellos” son constitutivos de un delito de injurias a la Corona y enaltecimiento al terrorismo. La injuria consiste en atentar contra la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación mediante acciones o expresiones. Es un delito que existe para proteger la dignidad de cualquier persona, pero se crea un tipo penal específico para cuando esta misma acción se realiza contra los miembros de la familia Real en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de esta. (Rey, ascendiente, descendientes, consortes, hederos). El enaltecimiento al terrorismo castiga dos acciones: por un lado, la humillación, descrédito o menosprecio de las víctimas del terrorismo, y por otro, el enaltecimiento o justificación pública de los delitos de terrorismo. El Tribunal Supremo define lo siguiente en su sentencia 354/2017 de 17 de Mayo: «Enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo. Justificar quiere aquí decir que se hace aparecer como acciones lícitas y legítimas aquello que sólo es un comportamiento criminal».

Lo cierto es que este tipo de delitos, que se encuentran en la peligrosa frontera entre proteger la dignidad y no sacrificar la libertad de expresión, han sido siempre objeto de fuertes críticas y acalorados debates. Son muchos los que opinan la mera evocación de la dignidad no es suficiente para justificar una restricción de la libertad de expresión, y que cuando estos dos derechos entran en colisión los tribunales españoles siempre parecen elegir la dignidad. Así, la encarcelación de Pablo Hasél ha provocado que 200 artistas de peso en nuestro país, como Serrat o Bardem, firmen un manifiesto pidiendo su libertad.

Este pronunciamiento parece haber producido un salto cualitativo, y es que tanto el Ministerio de Justicia como Unidas Podemos han anunciado una revisión del Código Penal en este aspecto. Mientras que el partido de Iglesias opta directamente por la supresión de delitos, el ministerio de Justicia aboga por un estudio riguroso y una modificación para evitar la indefinición y la amplitud de la conducta típica. Se abre así un nuevo frente dentro del Ejecutivo- y seguramente habrá codazos-, pues ambos partidos se están disputando un tema que históricamente ha movilizado al votante progresista.

Pero más allá de las reivindicaciones y la nueva confrontación entre las dos almas del gobierno, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional y europea lleva un tiempo reiterando la necesidad de una aplicación restrictiva de este tipo de delitos.

Como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y así lo recoge la sentencia del Tribunal Constitucional 117/2015, existe una necesidad de aplicar este tipo de delitos de manera restrictiva para evitar el efecto desaliento consistente en no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión.

En lo que respecta a los delitos de injurias contra la Corona, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que la libertad de expresión alcanza su punto más álgido cuando se realizan críticas referentes a asuntos de interés general y cuando se dirige a personas que ejercen la función pública. Por lo tanto, están obligados a soportar el riesgo de que su derecho a la dignidad puede verse afectado por opiniones que afectan a ese interés general.

En el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo, tanto la jurisprudencia del TEDH como la del Tribunal Constitucional establece que solo deberán ser castigadas las conductas que intencionalmente generen una situación de riesgo para personas o para el régimen de libertades. Aplicando esta interpretación, el Tribunal Supremo establece que tiene que existir, por tanto, una voluntad del autor de querer incitar de forma efectiva a otros para cometer delitos de terrorismo y, por otro lado, la constatación objetiva de que se ha generado una situación de riesgo para la persona afectada o el régimen de libertades.

Para constatar estos elementos la jurisprudencia nacional y europea señalan que debe tenerse en cuenta, entre otras cosas: el contexto, la capacidad de influencia de esa persona y el alcance potencial del mensaje. No en vano, el derecho penal es un derecho de mínimos que solo despliega su eficacia cuando se ha materializado en el mundo real un peligro para los bienes jurídicos protegidos. Por muy contrarias al buen gusto que puedan parecernos ciertas manifestaciones, pensamientos o conductas, si estas no implican ese mínimo de peligrosidad, son irrisorias y el Derecho Penal debería mantenerse indiferente.

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