Se podría definir a España como un país de migraciones. Abarcando no solo a los numerosos pueblos que han subsistido en el territorio durante siglos, tratándose de un país con fuertes conexiones con continentes de amplia diversidad, ya fuera por lengua o por cercanía; sino también el eje transversal que supone para nuestra sociedad hoy en día la población migrante, que aterriza aquí buscando una vida mejor, o al menos, diferente.
Y es que si de algo puede presumir España es de su diversidad. Debería atesorar el hecho de ser el destino de tantas vidas que buscan un nuevo rumbo. Sin embargo, las complicaciones que encuentran estas personas a la hora de recibir el mismo tipo de derechos que te hacen formar parte de esa sociedad, alejan a este país de lo que forma parte de su propio ADN. Esto es, al negar los derechos de estas personas, estamos negando nuestra propia identidad como un país culturalmente diverso y cuya marca registrada – por la que queremos que nos reconozcan desde fuera – es la hospitalidad.
Un derecho universal tan básico como la salud no debería sufrir ninguna criba: ni lugar de procedencia, ni ser un miembro activo económicamente hablando, ni tiempo de estancia en el país. Porque se está supeditando un derecho universal a unas condiciones concretas. La Constitución Española (1978) otorga “el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía española, así como a la población extranjera residente o empadronada”. Mas la travesía que implica pertenecer a este grupo reconocido en la constitución, es una barrera que derribar si queremos hacer a nuestro país un ejemplo de aprecio al rito de la migración.
Poner cualquier tipo de filtro para acceder al sistema sanitario, como puede ser dejar fuera a la población no residente o no empadronada, va en contra de la firma que aportamos como nación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos encontramos, entonces, con dos caminos: abrir el sistema de salud dándole un carácter realmente universal, quitando cualquier condición de ciudadano, residente o empadronado; o bien facilitar los trámites de empadronamiento y residencia para que cualquier persona migrante pueda entrar dentro de estas categorías.
El camino para llevar esto a cabo pasa por reforzar las condiciones laborales del personal sanitario, un replanteamiento de la inversión que hacemos en el sistema de salud, y una revalorización de las propias personas migrantes, no como una carga sino como parte fundamental del tejido social. Así, las carencias del propio sistema sanitario podrían verse aliviadas por la llegada de nuevos profesionales migrantes, de nuevas técnicas y enfoques médicos, y nuevas generaciones que pueden ser promotoras de salud.
La inversión en las personas migrantes no es sino una inversión directa en nosotros mismos, ya que, a mejores condiciones recibidas, mejor estará esta población para aportar social, cultural y económicamente. El punto de partida no es más que el de ofrecer un sistema de salud digno, disponible e inclusivo para asegurar que la estancia de estas personas – que garantizan a este país su diversidad – sea permanente; y no un mero lugar de paso vacacional como somos para nuestros vecinos del norte.
