El fallecimiento de Kevin Acosta, un niño de tan solo 7 años, ha provocado una ola de indignación por mala praxis médica en Colombia
Mientras la familia apunta a que el hospital fue el culpable, el gobierno culpa a la familia. Este caso ha reabierto el debate sobre el sistema de salud colombiano, frágil y débil.
Cuando se piensa en sanidad se tiende a dividir el modelo en dos: público (lo más común en Europa) y privado (Estados Unidos). Pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, nuestro país la sanidad es gratuita, mientras que en Países Bajos es privada. Independientemente del modelo, cuando todo funciona, nadie lo cuestiona, solo se ve como lo «normal» en una sociedad.
Pero cuando un niño de 7 años es la víctima de un nefasto sistema de salud en un país como Colombia —economía emergente— las cosas cambian, y de una manera totalmente diferente. El caso de Kevin Acosta, que padecía hemofilia A severa, ha indignado al país caribeño.
El pequeño, que habitaba en el centro del país, se encontraba en su bicicleta cuando cayó y empezó a sangrar por la nariz y oídos. Aunque fue trasladado al hospital, se debía esperar a que la Empresa Prestadora de Salud (EPS) autorizara el medicamento y una cama. Pero la respuesta nunca llegó. Kevin falleció casi 24 horas después.
Lo que ha indignado a la población no es solo la cruel forma en la que Kevin murió, sino la respuesta del gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno, el primero de la historia de Colombia en ser de izquierdas, en vez de decir «que harían algo» —como los políticos suelen afirmar con estas situaciones— han echado la culpa a la familia, tildándola de negligente e irresponsable por haber dejado al niño jugar con su bicicleta sabiendo la enfermedad que tenía.
Su caso es el más reciente de otras tantas personas que ya no solo en el país, sino en toda Iberoamérica sufren unas condiciones similares. Para tener una idea general, todos los países de la región funcionan igual que Estados Unidos en ese sentido. Si lo desglosamos un poco más, tan solo Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil gozan de buenos sistemas públicos. Con deficiencias similares a las que encontramos los sistemas públicos europeos, pero públicos.
El resto de países depende más del sistema privado porque los hospitales públicos sufren falta de recursos, escasez de medicamentos, infraestructura limitada y largas esperas. Los privados atienden más rápido y tienen muchos más especialistas. Pero es caro, y muy pocos se lo pueden permitir.
Esas diferencias provocan casos como el de Kevin o el de Gina Reyes, una mujer mexicana de 62 años que falleció el pasado 2025 debido a dificultades respiratorias. Según medios locales, la mujer falleció debido a que el personal administrativo exigió un pago previo de 30.000 pesos (1.500 euros) antes de ser atendida. Desde el hospital negaron el acceso y no fue atendida. La paciente murió esperando recibir ayuda médica.
Este suceso, al igual que muchos otros, pone en evidencia lo frágil que pueden llegar a ser los sistemas sanitarios públicos si se dejan de lado, sin recursos, sin profesionales y sin una buena gestión, y evidencia que los privados, aunque son resolutivos y ambos modelos pueden existir en una sociedad, prefieren el dinero antes que velar por la salud.
