Cuando la democracia está en riesgo, el voto en blanco deja de ser una opción ética
Colombia no puede volver al miedo. ¿Qué pasaría si alguien llegara a desbaratar, en poco tiempo, lo que millones de personas han empezado a construir con dificultad, esperanza y paciencia? Esa pregunta no es un recurso literario: es una advertencia política. En Colombia, cada cuatro años volvemos a decidir si avanzamos, si corregimos el rumbo o si entregamos la casa común a quienes prometen orden mientras afilan el lenguaje del miedo.
Durante estos años, los movimientos sociales, los obreros, los estudiantes, los campesinos, los pueblos afrodescendientes, las comunidades indígenas y tantas ciudadanías históricamente excluidas han sentido, por primera vez en mucho tiempo, que su voz no estorba. Que su dolor no es ruido. Que su hambre, su cansancio, su tierra, su vejez y su dignidad también pueden ocupar un lugar en el centro de la conversación pública.
Por qué Colombia no puede volver al miedo
No se trata de idealizar a un gobierno ni de negar sus errores. Ningún proceso político real está hecho de pureza. Pero sí se trata de reconocer que en esta legislatura se han abierto discusiones y se han aprobado reformas que tocan asuntos vitales: la protección de los adultos mayores sin pensión, la dignificación progresiva del trabajo, el acceso y la formalización de tierras, la inversión social y la reducción de la pobreza monetaria. Son medidas discutibles en sus detalles, como toda política pública, pero tienen una pregunta de fondo que no deberíamos despreciar: ¿para quién se gobierna?
En un país con heridas tan hondas, los datos no son adorno. Según el DANE, en 2025 la pobreza monetaria bajó al 28,0 % frente al 31,8 % de 2024. Eso significa cerca de 1,79 millones de personas menos en condición de pobreza. La cifra no borra las desigualdades rurales ni resuelve la precariedad de millones de familias, pero sí muestra que algo se ha movido. Algo que antes parecía condenado a quedarse quieto.
La desigualdad, sin embargo, sigue siendo una piedra enorme sobre el pecho nacional. El World Inequality Lab, citado por distintos medios, ha recordado que Colombia mantiene una concentración de ingresos y riqueza profundamente injusta: mientras una minoría acumula una parte desproporcionada de los recursos, la mitad más pobre recibe apenas una fracción. Frente a ese paisaje, la política no puede reducirse a un concurso de frases fuertes. La política debe responder a una pregunta moral: ¿quién carga el peso del país y quién se queda con sus frutos?
Dos caminos: paz o miedo
Por eso, en esta segunda vuelta no solo se enfrentan dos nombres. Se enfrentan dos maneras de imaginar Colombia. De un lado, Iván Cepeda —político, defensor de derechos humanos y filósofo; candidato presidencial del partido político Pacto Histórico— representa una línea política que, con sus límites y contradicciones, insiste en la paz, en la implementación del Acuerdo Final, en la transición energética sin fracking y en la ampliación de derechos sociales. Cepeda no llega a la historia pública desde el espectáculo, sino desde una trayectoria marcada por los derechos humanos, la memoria de las víctimas y la búsqueda difícil, incómoda y necesaria de la paz.
No es nimio recordar que Colombia ha vivido demasiado tiempo bajo la pedagogía de la violencia. Hemos aprendido a desconfiar del diálogo como si conversar fuera rendirse. Hemos confundido firmeza con crueldad, justicia con venganza, autoridad con amenaza. Pero después de tantas décadas de conflicto armado, el país no necesita un gobernante que convierta el dolor en combustible electoral; necesita uno que entienda que la seguridad también se construye con Estado, con oportunidades, con verdad, con justicia y con presencia territorial.
Del otro lado aparece Abelardo de la Espriella —abogado, empresario y político colombiano de extrema derecha; candidato presidencial por el movimiento «Defensores de la Patria»— con una candidatura construida sobre la estética del poder, la confrontación permanente y la promesa de mano dura. Sus propuestas hablan de planes de choque, ofensivas rápidas, reducción del Estado y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking con pilotos o fórmulas similares. Sus seguidores ven allí decisión; sus críticos advierten el riesgo de una política que confunde gobernar con imponer, y que convierte el miedo en método.
El problema no es que alguien piense distinto. La democracia existe precisamente para tramitar diferencias. El problema aparece cuando el adversario deja de ser un contradictor y empieza a ser tratado como enemigo que debe ser borrado. Cuando la izquierda, los movimientos sociales o las voces populares son descritas como una amenaza que debe ser «destripada». Cuando la política deja de ser una mesa imperfecta y se convierte en una espada.
Colombia ya conoce esa música. La ha escuchado en los campos, en los barrios, en las carreteras, en las audiencias judiciales, en las fosas, en los silencios familiares. Por eso deberíamos sospechar de quienes prometen soluciones mágicas a problemas estructurales. Nadie acaba la corrupción solo con gritar que la acabará. Nadie recupera el territorio en noventa días si antes no entiende por qué el Estado abandonó durante décadas a tantas comunidades. Nadie gobierna bien un país diverso si desprecia la diversidad que lo sostiene.
Elegir también es cuidar la vida
Votar, entonces, no es un trámite. Es una forma de cuidado. Es decidir si el país camina hacia una política del amor, de la paz y de la construcción colectiva, o si se entrega a una política del resentimiento, del castigo y de la vanidad. Es preguntarnos si queremos un Estado que invite a todos al baile, especialmente a quienes siempre fueron dejados en la puerta, o si preferimos volver a una fiesta privada donde unos pocos brindan mientras la mayoría mira desde afuera.
No escribo estas líneas para quienes ya tienen una decisión tomada. Las escribo, sobre todo, para quien duda. Para quien está cansado. Para quien piensa que todos son iguales y que votar no cambia nada. Entiendo ese cansancio: Colombia ha prometido demasiado y ha cumplido poco. Pero, precisamente, por eso el voto importa. Porque cuando la gente buena se queda en silencio, el ruido de los ambiciosos parece mayoría. Porque la abstención también decide, pero sin mirar a los ojos.
No se trata de defender un nombre por obediencia ciega. Se trata de defender una dirección. De preguntarnos hacia dónde queremos ir como país: si hacia una Colombia que proteja su biodiversidad, que cuide la vida, que piense en el estudiante, el obrero, el campesino, la madre cabeza de hogar, el joven sin oportunidades, el adulto mayor sin pensión y los territorios olvidados; o hacia una Colombia administrada como trofeo por quienes ya tienen la vida resuelta y miran el poder como una conquista personal.
Tal vez el mayor acto democrático de este tiempo consista en volver a pensar en el otro. En entender que el país no se salva desde el ego, sino desde la comunidad. Que nadie es libre en una nación donde millones viven con miedo, hambre o abandono. Que la paz no es ingenuidad: es la forma más exigente de la inteligencia política.
Colombia todavía puede avanzar. Todavía puede proteger su selva, sus ríos, sus montañas y sus pueblos. Todavía puede elegir la vida por encima del espectáculo. Todavía puede mirar su historia de frente y decir: no queremos más tiranos, no queremos más mesías de la rabia, no queremos más poder sin humanidad.
Nuestro himno reza que «el bien germina ya». Ojalá ese bien no sea una promesa lejana, ni un «allá» abstracto; ni un verso repetido por costumbre, ni una esperanza aplazada para otro siglo. Ojalá germine aquí y ahora: en la conciencia de quienes aún dudan, en la mano que marca un tarjetón y decide no rendirse. Porque después de tantos años de conflicto interno, este país merece dejar de ser una herida abierta y empezar, por fin, a parecerse al territorio que tantas veces hemos soñado reconstruir: una Colombia donde la vida vuelva a tener la última palabra y donde ningún pueblo que aún conserva esperanza tenga que resignarse a cien años de soledad.
