El Supremo deja en el limbo a más de medio millón de nuevos españoles mientras la política convierte un derecho constitucional en su tablero de ajedrez
La semana pasada, el Tribunal Supremo aprobó, parcialmente, las medidas cautelares que impusieron VOX y Iustitia Europa sobre la Ley de Nietos. La sala del Contencioso Administrativo tomó la decisión de dejar en un «limbo jurídico» a todos aquellos ciudadanos que hayan obtenido la nacionalidad española bajo la premisa de ser descendientes de exiliados españoles, restringiéndoles el derecho al voto. No les niegan el hecho de ser nacionales, pero tampoco les aseguran que puedan participar en las próximas elecciones.
Es una paradoja que comenzó en 2022. La oposición consideraba que esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, engrosaba de forma incontrolada el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). Esto era inadmisible, porque podría ser causa de un «pucherazo», dando por hecho que todas esas personas votarían a la izquierda. Por su parte, tanto PSOE como IU negaban dicha posibilidad, pero no descartaban aprovecharla para obtener un aumento clave en los escaños.
Gracias a la Ley de Memoria Democrática se regularizaban varios procesos de personas que se vieron afectadas —de manera directa o indirecta— por el franquismo. Véase el caso del «voto rogado», un proceso burocrático tedioso para todos aquellos españoles residentes en el extranjero que quisieran ejercer su derecho al voto. Eliminarlo significaba que la oposición temiese el pucherazo porque «cualquiera podía votar». Por eso, la ultraderecha española se unió a la europea para «ponerle remedio». Y parece que lo han conseguido.
Este fallo provisional ha conseguido que 544.000 personas nacionalizadas y descendientes de exiliados durante el franquismo posean un pasaporte español. No obstante, su derecho al voto queda restringido hasta próximo aviso. Todo ello porque los representantes políticos han decidido mover ficha en su particular tablero de ajedrez. Pero para vislumbrar el jaque mate quedan al menos 7 meses. ¿Qué podrán hacer los 550.000 afectados hasta dicho momento? Probablemente, nada.
La polarización vuelve a afectar a los que de verdad pueden tomar decisiones para «cambiar las cosas». Dar por hecho que los que quieren formar parte del país del que un día expulsaron injustamente a sus antepasados es una contradicción social y constitucional, restringiendo un derecho fundamental que es amparado por el artículo 23.1 de la Constitución Española: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».
Además, abren un debate jurídico que solo puede cerrar el propio Tribunal Supremo. Han llevado a trámite un bloqueo cautelar, cuya sentencia deberá ser tomada entre los próximos seis y doce meses. Teniendo en cuenta que dentro de un año se celebran elecciones generales, es lógico que el Presidente del Gobierno haya exigido la máxima celeridad para aclarar la situación.
Sin embargo, la causa fue interpuesta por la oposición y el alto tribunal tiene un bloque mayoritario de magistrados conservadores. El problema entonces puede alargarse más de lo debido, llegando a generar un colapso del padrón exterior o impugnaciones masivas, provocando un riesgo real para la democracia.
Esta resolución provisional vuelve al poner de manifiesto las incongruencias del debate institucional. Unos abogan por reclamar el nacionalismo y utilizar las elecciones para atacar al contrincante, bajo el falso amparo de traer el cambio necesario. Otros optan por remorar el pasado en un intento de restringir derechos fundamentales —protegidos por la Constitución— de aquellos que una vez llegaron a poseerlos.
Los dirigentes políticos deben entender que sus objetos de debate incumben a los ciudadanos que representan, independientemente de si viven en la península o no.
Todos los proyectos legislativos —así como las decisiones— están sujetos a derechos que forman parte de la Constitución Española, un documento inalienable elaborado para proteger y defender a los españoles, con el objetivo de no errar en lo que un día desembocó en una Guerra Civil y su posterior dictadura.
