El primer borrador que reúne las condiciones para hacer realidad el Brexit que está en manos de Theresa May, primera ministra británica, aún tiene que ser aprobado por el Parlamento inglés
Banderas de la Unión Europea y Reino Unido. Fuente: RTVE.es
Tras la celebración del referéndum de Reino Unido el pasado 23 de junio de 2016 -siendo entonces primer ministro David Cameron- la mayoría de los ciudadanos ingleses votaron a favor de dejar de formar parte de la Unión Europea. A partir de entonces comenzó un periodo de negociación que hoy se ha materializado con un primer borrador de acuerdo entre la UE Y UK. Theresa May, primera ministra británica actual, es la responsable de plantear en el Parlamento británico la aprobación de este informe.
Las consecuencias que tendría el Brexit, si Reino Unido abandona la UE después de mas de 40 años serían, entre otras, la liberación de algunas leyes y no colaborar económicamente en la ayuda a países endeudados que pertenecen a ella. Por lo tanto, cantidades importantes de dinero permanecerían en el país en vez de invertirlos en los acuerdos que tienen con el Parlamento Europeo. Esta acción también supondría para UK la salida de numerosas empresas que quieren seguir colaborando con la UE. Así, los acuerdos comerciales que suponen una gran fuente de ingresos para el país se verían afectados por el encarecimiento tanto de las importaciones como de las exportaciones.
Un escollo en la negociación del Brexit es la relación con la República de Irlanda e Irlanda del Norte (la cual pertenece a Reino Unido) ya que las dos partes quieren continuar sin ninguna frontera, lo que supondría la continuidad en la aceptación de las leyes de la UE.
La postura de España respecto al Brexit está representada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es partidario -tal y como ha transmitido a May- de la celebración de un segundo referéndum más adelante, para hacer posible el regreso a la UE, ya que está convencido de que la salida del país sería una gran pérdida para las dos partes. Sánchez agradece el compromiso del Gobierno británico para seguir manteniendo los derechos de los españoles que viven en UK, siempre y cuando sea igual para los ingleses que residen en España.
