La figura del Rey en el ordenamiento jurídico español

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A la luz de los numerosos escándalos protagonizados por Don Juan Carlos y también como consecuencia de la conformación de la coalición de gobierno con un partido abiertamente republicano, el debate en torno a la monarquía se ha colado en el panorama político. Parece haber entrado en el hemiciclo, produciendo broncos debates, un tema que hasta ahora había estado más ligado a reivindicaciones de carácter histórico.

Pero lejos de unos, que consideran al Rey como un heredero del franquismo que da continuidad a su régimen, y de otros que tachan de feroz ataque al Estado de derecho y a la Constitución cualquier ápice de critica al monarca, se debe reivindicar la jefatura del Estado como una institución compleja que requiere de un análisis minucioso alejado de las meras consignas superficiales.

La Constitución establece en su artículo 1.3 que la forma política del Estado Español es la Monarquía parlamentaria. Para entender las funciones del Rey dentro de este modelo debemos remitirnos al artículo 56 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

 El carácter simbólico del Rey reside en el hecho de que encarna una institución, la Corona, directamente relacionada a la historia de España y por ende se entiende especialmente útil para simbolizar su continuidad.

Especial mención merece la labor de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones que, a pesar de los numerosos intentos de algunos grupos políticos de identificar al rey con su postura, deberá ejercerse desde la posición de neutralidad política. La función arbitral consiste en actuar como un poder externo y neutral cuando existe un bloqueo fruto de la inexistencia de mayorías políticas. Así, puede proponer candidato a presidente del Gobierno cuando falte un partido o una coalición mayoritaria. Ahora bien: el Rey no puede escoger al candidato en base a sus propias preferencias, pues deberá atender a la aritmética parlamentaria y escoger al candidato de la mayoría simple de los Diputados.

También tiene la facultada para disolver las Cortes Generales, cuando el Congreso no acepta ninguno de los candidatos propuestos, una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura. Por tanto, el Rey únicamente interviene en el ejercicio parlamentario cuando existe una anomalía que impide su ejercicio, siendo necesaria la actuación de un poder ajeno que vuelva a activar el engranaje. En cuanto a la función moderadora, esta se concreta en el derecho del Rey a ser informado de los asuntos de estado, materializándose en su facultad de presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. También destaca el despacho que el Rey puede mantener con el mismo presidente y los ministros.

Además, el Rey es el principal representante internacional del Estado y le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados, declarar la paz y hacer la guerra. Pero hay que recordar que estas atribuciones tienen un carácter simbólico, pues siempre actuará bajo la dirección política del Gobierno y la autorización de las Cortes cuando se trate de la ratificación de los principales tratados y la declaración de guerra.

Por último, hay que explicar la función del Rey como garante de la Constitución. Y es que, en su proclamación ante las Cortes Generales, el monarca jura guardar y hacer guardar la misma. Hay que entender que al Rey le corresponde formalizar los principales actos: sancionar, promulgar, nombrar. De esta forma su posición reviste un carácter especialmente garantista, pues al poner fin a los procedimientos que han llevado a cabo otros órganos constitucionales, puede garantizar que estos sigan los cauces exigidos. Así, no podría formalizar, por ejemplo, una ley que no hubiera sido sometida a votación en una de las dos cámaras.

Hay quienes intentan argumentar que la existencia de un Rey ancla nuestro país a un pasado absolutista, pero en realidad, las funciones encomendadas al monarca son muy similares a las que ejercen los jefes de Estado en las diferentes repúblicas de nuestro entorno. Al contrario que en Latinoamérica y Estados Unidos, donde proliferan los sistemas presidencialistas, la tradición europea ha conducido a sistemas con un doble ejecutivo. Uno de ellos cumple la función de gobierno y el otro la simbólica y moderadora ya explicada anteriormente. Así en Alemania existe la figura del canciller que sería el equivalente a nuestro presidente del Gobierno y la del presidente, que sería el homólogo de nuestro Rey. Incluso en el antecedente republicano de 1931, existía esta doble vertiente con la figura del presidente y el presidente del Consejo de ministros.

Otro de los aspectos que se deben analizar es la inviolabilidad del Rey. Bajo el marco constitucional el Rey es inviolable por lo que no puede quedar sujeto a responsabilidad por sus actos. En el ejercicio de sus funciones, todos los actos del rey deben ser refrendados, es decir, autorizados por otro órgano constitucional. Se produce por tanto un desplazamiento de la responsabilidad al refrendante. La forma característica es la contrafirma y los sujetos habilitados para hacerlo son el presidente del Gobierno y los ministros. Esto no es más que una implicación del carácter representativo de la Monarquía en nuestra Constitución, no teniendo el monarca poderes reales. En aquellos casos en los que formalmente pareciera que está desempeñando una función trascendental, esta tiene que ser ratificada. Pero la inviolabilidad también se extiende a todas sus actuaciones tanto en el ámbito civil como penal. Por contrario que pueda parecer al principio de igualdad, en el ordenamiento jurídico español, el Rey goza de una inmunidad absoluta.

Pero esta inviolabilidad no convierte al Rey en una figura ajena a la crítica como muchos parecen defender. España no se configura como una democracia militante y no se exige por tanto una adhesión positiva a los valores de la Constitución. Se entiende que la carta magna es un marco de coincidencia suficientemente amplio como para que quepan incluso las opciones políticas que puedan estar en desacuerdo con la misma. De esa forma y como se establece en la exposición de motivos de la Ley de Partidos Políticos “cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defiendan mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Además la propia Constitución prevé procedimientos de reforma y como explica la sentencia la Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003, de 12 de Marzo de 2003 “ La constitución española, a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma de ninguno de sus preceptos”. De esta forma se podría pasar de una monarquía a una república dentro de los cauces legales. Se tendría que seguir el procedimiento de reforma agravado, que es el previsto cuando se propone la revisión total de la Constitución o una revisión parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II (donde se encuentra regulada la Corona). Este procedimiento exige ser aprobado por una mayoría de dos tercios de cada Cámara para posteriormente disolver las Cortes, con el mandato de que las nuevas Cámaras ratifiquen la decisión y proceden al estudio del nuevo texto constitucional, que de nuevo deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios. Por último, se exige someter la reforma a referéndum para su ratificación.

Se trata sin duda de un procedimiento especialmente gravoso, pero esto responde a la necesidad de blindar lo preceptos constitucionales y alejarlos del arbitrio del legislador que de lo contrario podría hacer y deshacer a su antojo. Sin embargo, en el caso de que existiera un sentir mayoritario, una voluntad general de acabar con esta institución, es conveniente remarcar que se podría llegar a hacer desde la legalidad vigente.

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