El presidente del Gobierno asegura que el listado, previsto en la Ley de Memoria Democrática, servirá para eliminar definitivamente la huella del franquismo en espacios públicos
Pedro Sánchez ha anunciado el miércoles 22 de octubre en el Congreso de los Diputados que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará antes de que finalice el mes de noviembre el catálogo oficial de símbolos y elementos franquistas que deberán ser retirados de espacios públicos en toda España. El objetivo de esta iniciativa es «eliminar definitivamente los vestigios de la dictadura» en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
El anuncio ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Ha insistido en «acabar con la exaltación del franquismo» y con la impunidad de las organizaciones «fascistas, franquistas o nazis» que, según denunció, siguen actuando sin ningún tipo de sanción.
Una «ley valiente» y un catálogo pendiente
Sánchez ha anunciado que su Gobierno ha impulsado una «ley valiente» que busca garantizar una memoria histórica plural y democrática, «respetuosa con los valores de tolerancia y de convivencia» de la Constitución. Recordando que esta norma supone que el Estado es encargado de elaborar un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. El fin es proceder a su retirada, resignificación o eliminación.
Además, también ha anunciado que se han adoptado medidas complementarias como la Reforma de la Ley de Asociaciones, que permitirá «cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco», y la organización de actos conmemorativos en 2025 para recordar los 50 años de la muerte del dictador y el inicio de la Transición.
Tensión en el Congreso ante esta medida
La sesión en el Congreso ha estado marcada por un tenso cruce de declaraciones. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha reprochado a Sánchez el hecho de permitir la intervención de Aizpurúa, anteriormente condenada por enaltecimiento de terrorismo. La dirigente del Partido Popular califica de «inadmisible» su participación en la sesión plenaria, «jamás le perdonaremos que quien señalaba a gente para asesinarla haga discursos aquí», denunció.
La vicepresidenta del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha defendido que «todos los diputados están legítimamente representando a ciudadanos que les han votado». Además, ha pedido al PP que «respete la democracia y deje de manosear a las víctimas de ETA». Fuentes populares criticaron más tarde que el Partido Socialista «aplauda más a Bildu que a sus propio compañeros socialistas».
Un lugar para la Memoria Democrática
El anuncio del catálogo coincide con la decisión del Ejecutivo de declarar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, como Lugar de Memoria Democrática. El edificio, durante la dictadura, fue sede de la Dirección General de Seguridad y, según el BOE, tuvo un papel central en la represión política y social.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la medida, a la que denomina «aberración histórica». La ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista para Las Mañanas de RNE, ha acusado a la presidenta madrileña de «querer cercenar la memoria» y recordó que en ese mismo edificio «hubo torturas».
Debate entre la memoria y los derechos fundamentales
La publicación del catálogo, sin embargo, reabre un debate tanto jurídico como social. Sobre los límites entre la reparación histórica y la protección de derechos fundamentales como el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen. Algunos expertos en derecho advierten de que la identificación de determinados elementos, como placas, inscripciones o nombres vinculados a ciertas personas, podría dar lugar a conflictos con familiares o herederos. Estos podrían alegar la vulneración de su reputación o de su derecho al recuerdo privado.
Desde el Gobierno, fuentes del Ministerio de Política Territorial sostienen que la ley «no permite censurar la historia». Busca garantizar que los espacios públicos no rindan homenaje a quienes vulneraron los valores democráticos y los derechos humanos.
Noviembre, decisivo para la memoria democrática
Con la publicación del catálogo oficial de símbolos y elementos franquistas , el Gobierno busca cerrar un capítulo pendiente de la Ley de Memoria Democrática. A la vez, abre un debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la reinterpretación del pasado sin vulnerar derechos individuales.
Por ello, noviembre será un mes clave, pues España avanza en la retirada de vestigios franquistas. A su vez, el Parlamento y la sociedad discuten cómo equilibrar la memoria colectiva con las libertades personales y los derechos de todos los ciudadanos.
