Seis años después de su disolución y doce desde que anunció el fin de la violencia, la banda terrorista tiene aún a 144 de sus miembros encarcelados

Doce años después de que dejara de matar, ETA sigue presente en el debate político en España. PP y Vox utilizan a la organización armada para criticar al Gobierno por sus acuerdos con EH Bildu, cuyo candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, se negó a calificarla de banda terrorista. Más allá del enfrentamiento partidario, el único vestigio visible de ETA son sus 144 presos, la mayoría de los cuales (138) cumplen condena en prisiones próximas al País Vasco y los seis restantes en Francia.

Soledad Iparraguirre “Anboto”, con 63 años, es uno de los terroristas de ETA que cumplen condena en España. Ella fue la encargada de leer desde prisión el comunicado en el que la  banda anunciaba su disolución, y una de las escasas mujeres que han formado parte de su dirección. Detenida en Francia en 2004, condenada a 20 años de reclusión y extraditada a España en 2019, donde suma varios centenares de años de prisión por su implicación en numerosos atentados. 

“A fecha de hoy hay 138 militantes de ETA que cumplen su condena en tres cárceles vascas y en Navarra. Los seis restantes, hasta un total de 144 están encarcelados en el Estado francés”, manifiesta un portavoz de Etxerat, la asociación de presos políticos vascos. Instituciones Penitenciarias, por su parte, matiza: “solo las 8 personas presas en Navarra están bajo la dependencia de la Administración General del Estado”, al estar transferida al Gobierno vasco la competencia de prisiones desde octubre de 2021.

Estas cifras suponen que el número de presos de ETA se ha reducido en un 80% en relación a la primera década de siglo, cuando sus reclusos sumaban más de siete centenares. La pregunta es ¿en qué fecha no quedará ningún militante etarra en prisión? Para Etxerat no es posible establecer una fecha aproximada en la que pueda afirmarse que, entonces sí, ETA es ya parte de la historia. “A los presos de ETA se les aplica la llamada política penitenciaria de excepción y algunos de ellos deben cumplir 40 años de reclusión (el máximo de cumplimiento establecido por ley). Si se siguen aplicando esas políticas penitenciarias está aún lejano el día en que no haya presos de ETA… En dos mil cincuenta y algo puede haber todavía internos”.

Muchos de los internos superan ya varias decenas de años en prisión. “Hay un preso – cuya identidad no quiso revelar un portavoz de Etxerat – que tiene 77 años de edad y que está encarcelado desde el año 1991. Como él hay otros que llevan más de tres décadas privados de libertad”, confirma la asociación de presos políticos vascos. Algunos han cumplido previamente otra condena en Francia y al ser extraditados a España deben enfrentarse a eventuales nuevas condenas por los delitos cometidos en España, lo que prolonga los años que permanecen encarcelados.  “Los presos de ETA que han cumplido condena en el Estado francés, cuando vienen al Estado español su contador se pone a cero”, atestigua Etxerat. 

El Gobierno de Pedro Sánchez puso fin a la política de dispersión de los presos de ETA en 2018, instaurada 29 años antes por el Ejecutivo de Felipe González en un intento de romper la unidad de los internos para facilitar que afloraran las críticas. Según los datos facilitados por la página de Etxerat, en la actualidad, tras 34 años de política de dispersión, la mayoría de etarras cumplen condena en el centro penitenciario de Zaballa (Álava) exactamente 70. Una de ellas es Iratxe Sorzabal Díaz, una de las tres personas que leyó el comunicado de cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011. En su caso, cumple una pena de 24 años por su implicación en un doble atentado perpetrado el 2 de noviembre de 1996 en Gijón. 

En la misma prisión de Zaballa cumple también condena Unai Parot, jefe del comando Madrid ETA, arrestado en abril de 1990, que acumula 26 sentencias judiciales que suman 4.800 años de reclusión por 82 homicidios, y los hermanos Irantzu, Letxuri y Orkatz Gallastegi Sodupe, implicados en el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

El resto de presos de ETA en España se reparten entre las prisiones de Basauri (Vizcaya), con 17 internos, Martutene (San Sebastián), en la que cumplen condena 30, 6 más en Pamplona, y 1 en Zubieta (Lasarte – Oria). Los 6 etarras encarcelados en Francia cumplen condena en el Centro Penitenciario de Lannemezan, según datos facilitados por Etxerat. Uno de ellos es Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, jefe del aparato militar de la banda desde 1998 hasta su detención 10 años después. Con él cumple condena Mikel Karrera, sucesor de Txeroki al frente de los comandos, condenado a cadena perpetua por la justicia francesa en abril de 2013.

El Observatorio de Política Penitenciaria que elabora la AVT señala: “La política penitenciaria puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez se ha desarrollado de conformidad con un plan que ha seguido cuatro fases”. Durante la primera fase, los reclusos son trasladados a centros penitenciarios cercanos al País Vasco, y se procede a avanzar en su clasificación hacia el segundo grado o a flexibilizar las condiciones del primer grado. En la segunda etapa, todos los internos son reubicados a cárceles del País Vasco y Navarra. La tercera fase implica el avance hacia el tercer grado, destacando el papel fundamental de la transferencia de la administración penitenciaria al Gobierno Vasco, que ha optado por un enfoque que favorece un régimen más abierto. Finalmente, en la cuarta fase, se conceden libertades condicionales por parte del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria.

La AVT se ha mostrado muy crítica con la política de dispersión: “El Gobierno pretende vender esta medida como algo inevitable, cuando los hechos demuestran que es una decisión premeditada. Además de mantener informadas a las víctimas se ha contado con las organizaciones y partidos políticos que defienden a los presos etarras, e, insistimos, o se está con las víctimas o se está con los terroristas. Desde la AVT pensamos que para  medir el verdadero arrepentimiento de un terrorista, este tiene que colaborar con la Justicia, pero parece que los terroristas ahora supuestamente arrepentidos, sufren una amnesia total sobre su vida delictiva en cuanto pisan un juzgado”.

El fin de la política penitenciaria ha supuesto un cambio en la actitud de los presos de ETA. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato mayoritario en prisiones, asegura que el fin de esta política provocó una actitud positiva en los presos. “En general, presentan un perfil bajo, es decir, una actitud tranquila y de asimilación de su situación sin causar problemas de convivencia entre otros presos y con una actitud correcta con los trabajadores, lejos de aquellas amenazas de los 90”, afirma la agrupación.

El sindicato asegura que los reclusos que se encuentran en segundo grado de tratamiento penitenciario están mayoritariamente ocupados en los talleres productivos de las prisiones. A ellos se suman los presos de ETA que han alcanzado el tercer grado, quienes salen regularmente a trabajar fuera de las instalaciones penitenciarias durante el día, retornando por la noche. Finalmente, un grupo de ellos está bajo supervisión mediante dispositivos de control telemático, mostrando un comportamiento adecuado en general. 

“La dispersión de los presos de ETA fue uno de los grandes aciertos de la política antiterrorista y uno de los factores más importantes que influyó en su derrota por parte del Estado”, sostiene ACAIP. La estrategia como medida contra el terrorismo contribuyó a debilitar significativamente la organización, que, tras renunciar al uso de la violencia y con la conclusión del proceso de traslado de reclusos al País Vasco, ha implicado una aceptación de su realidad por parte de la banda.

No obstante, la agrupación incide en la importancia de no dejar en el olvido lo que pasó, “es importante que se conozca que fue la banda terrorista ETA quienes fueron los verdugos y quienes las víctimas, quienes se metían debajo de los coches para poner las bombas y quienes tenían que mirar debajo de los mismos para evitar que ellos y sus familiares salieran volando por los aires”.

El sindicato mayoritario de prisiones atestigua que el relato no se debe dejar en manos de quienes empuñaron las armas. “Las penas de prisión se cumplen y en un Estado de derecho los terroristas saldrán en libertad una vez cumplida su pena y, sin armas, con el tiempo no quedarán presos de ETA en las prisiones españolas, pero el dolor y el daño que causó la barbarie terrorista no debe caer en el olvido y muchos menos tener un relato desvirtuado de lo que fue en realidad”, afirma.

Aún con el cese de la violencia y la disminución del número de presos, la memoria de las víctimas y el impacto de décadas de terrorismo perduran. La polarización política refleja las complejas dinámicas que aún persisten en torno al legado de ETA y el proceso de paz en el País Vasco. 

ETA es, desde hace años, un mal recuerdo, reducido hoy algo más de un centenar de presos. Que la sociedad vasca ha pasado página de la banda terrorista y camina hacia la normalización, deja constancia en el resultado de las elecciones autonómicas vascas celebradas en abril. Por primera vez en democracia depararon un empate a 27 escaños entre el hasta ahora mayoritario Partido Nacionalista Vasco y EH-Bildu. Desaparecido el terror, se impone la política.

La batalla de los presos

Los presos de ETA han sido utilizados durante años por los gobiernos de turno como un elemento de lucha contra la banda terrorista. El gobierno presidido por Felipe González puso en marcha en 1989 la política de dispersión de los miembros de la banda encarcelados. Así intentaron romper su cohesión interna y favorecer la aparición de críticos. La banda respondió situando a los funcionarios de prisiones entre sus objetivos. 

Años después, en 2006, el Tribunal Supremo (TS) puso en práctica la conocida como “doctrina Parot”, que eliminaba de facto los beneficios penitenciarios, al aplicarse éstos sobre el total de la condena y no sobre el periodo máximo de cumplimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la anuló en 2013 al considerar esta medida  contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Ya en 2012 los gobiernos español y vasco pusieron en marcha la denominada “Vía Nanclares”  de reinserción, dirigida a miembros de la banda terrorista que mostraban voluntad de desvincularse de la violencia y reinsertarse en la sociedad. Tuvo como virtualidad la celebración de encuentros restaurativos entre las víctimas y sus verdugos. La aplicación de esta vía fue bastante limitada y muy pocos presos se acogieron a ella. El Gobierno del PP puso fin a esta iniciativa en 2013.

Finalmente, el Ministerio de Interior puso fin en 2023 a 34 años de dispersión de los presos de la organización armada. En un contexto de cambio en la situación política y social, la desaparición de  ETA y avances en los procesos de paz y reconciliación en el País Vasco, el fin de la política penitenciaria es como un gesto hacia la normalización. A pesar de ello, sigue generando debates y controversia entre las víctimas.