La prisión permanente revisable se asienta en España por ahora

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Sede Tribunal Constitucional, Madrid, España. |EFE

Como ponente, el pasado mes de octubre, la magistrada Doña Encarnación Roca Trías confirmó la desestimación del recurso interpuesto por la entonces oposición, con tres de diez votos disidentes.

Enfrentado al principio de nuestro sistema jurídico de procedimientos sine mora, el TC ha necesitado seis dilatados años para clarificar su parecer ante el recurso por la presunta vulneración «degradante» e «inhumana», según fuentes socialistas, de derechos fundamentales con la introducción de la prisión permanente revisable. Ello ha sido refutado, pero con ciertos matices.

Mariano Rajoy, expresidente de España, en un acto sobre la prisión permanente revisable, 2015: «El dolor» de las víctimas «no es revisable». EFE

Esta nueva arma punitiva creada por el PP en mayoría absoluta, no podía pasar desapercibida entre las numerosas modificaciones presentes en la Reforma de nuestro Código Penal del 30 de marzo de 2015.

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EL constitucional da luz verde

El recurso fue interpuesto por más de 50 diputados en 2015 de los partidos PSOE, Convergencia i Unión, IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, el Grupo Parlamentario Vasco y el Mixto, en una época bastante condicionada por las elecciones generales y tintes ideológicos. Este último mes de octubre, ha sido desestimado con tres de diez votos particulares.

Magistrada del Tribunal Constitucional, Doña Encarnación Roca Trías.
Magistrada del Tribunal Constitucional, Doña Encarnación Roca Trías. EFE

El Constitucional se muestra conforme con la máxima representación del ius puniendi hasta ahora presente en nuestro ordenamiento. Alega que la norma conlleva la imposición de un castigo lejos de la desproporcionalidad, la perpetuidad o aflicción de la pena. Trataremos los argumentos de las dos partes enfrentadas en torno a tres ejes principales.

Argumentos sobre la mesa

¿Una pena aflictiva a años luz de la resocialización?

Según los que por aquel entonces eran oposición en el Congreso, la mera posibilidad de permanecer en la cárcel el resto de la vida, es un pensamiento destructivo que ronda en la mente de los presos condenados por esta pena. El menoscabo psíquico del reo no es de extrañar.

Asimismo, muchos intelectuales cuestionan la capacidad objetiva de las cárceles españolas de controlar el comportamiento de presos que no tienen nada que perder.

Por su parte, el Tribunal ha dejado claro en su recorrido doctrinal en la materia, que la larga duración de las privaciones de libertad constituye un claro trato injusto y degradante al ser humano.

Sin embargo, el Tribunal defiende que la solución no es la abolición de la prisión permanente revisable, sino orientarla a un cumplimiento más humanizado de la misma. Por ello, se atiene a una solución interpretativa de la norma que analizaremos más adelante.

El TC, con el fin de justificar la medida, saca a relucir todas y cada una de las medidas penitenciarias ofrecidas a los presos como solución suficiente. Por ejemplo, el tercer grado de clasificación, los permisos de salida o un vasto repertorio de beneficios previstos en la normativa penitenciaria que evidencian la orientación de la pena a la reeducación y reinserción social y la aún presente esperanza de libertad y reinserción.

Por ello, no hay vulneración de los principios de reeducación y reinserción social que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, (artículo 25.2 de la Constitución). Pues bien, su cumplimiento se delega a los parámetros de la Ley Orgánica General Penitenciaria y su normativa específica, la cual adapta la evolución de cada prisionero de manera casuística e individualizada.

¿Perpetuidad enmascarada por un carácter revisable?

En materia de duración de penas, la jurisprudencia de el Tribunal, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazan tajantemente penas perpetuas. Son consideradas un retroceso en materia de humanización de las penas en la política criminal.

Los recurrentes censuran la exigencia de periodos de cumplimiento superior a 25 años para poder acceder a la revisión de la pena, ya que consideran que redunda en la cuasi perpetuidad del sometimiento del reo al poder del Estado y no se adapta a las praxis internacionales.

También, los recurrentes traen a colación la ruptura con el principio de legalidad penal que se encuentra en el artículo 25 apartado primero de nuestra Constitución, al imponer una pena con límites mínimos pero no máximos generando inseguridad jurídica.

Por su parte, TC redefine la percepción de la pena, pues considera que no se trata de una pena indeterminada sino determinable con criterios legales ya establecidos supeditados a conductas concretas.

Asimismo, se sirve de sus pronunciamientos precedentes, así como los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que definen la revisión de la pena como presupuesto habilitante de legitimidad constitucional de la norma. Es decir, el mero hecho de que se pueda reconsiderar la salida del prisionero abandona la ilegalidad.

Sin embargo, lo que no se tiene en consideración es que el TEDH ha matizado que el periodo máximo para poder revisar la pena debe ser de 15, y no de 25 años. ¿Cambiará su doctrina o tumbará el pronunciamiento del tribunal español?

Interpretación «humanizada» de la norma.

El TC avala esta reacción del Estado penalizador de conductas constitutivas de delito. Sin embargo, lo hace con sendas matizaciones interpretativas que esquivan las restricciones constitucionales:

POSIBILIDAD DE REVOCACIÓN DE LIBERTAD PROVISIONAL, únicamente si se delinque de nuevo o se extralimita de las libertades otorgadas en el auto de libertad constitucional.

CONFIRMADA LA REVOCACIÓN, ello no podrá restringir una posterior reconsideración de la revisión de la pena, sino, devendría inconstitucional.

Errores técnico-legislativos de la norma

 Al margen del análisis de la sentencia, los más críticos con esta Ley resaltan una serie de desperfectos técnicos por la manera en que se penan las conductas susceptibles de PPR.

Como se desprende de la literalidad de los preceptos del CP, quedan tipificados ocho supuestos de extrema gravedad para la aplicación de la PPR:

(1) Asesinato cualificado (víctima menor de 16 años de edad, o persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad);  (2) delito contra la libertad sexual previo al asesinato; (3) asesinato cometido por grupo u organización criminal, ex artículo 140.1 del Código Penal); (4) asesinato de más de dos personas (artículo 140.2 del CP); (5) homicidio del Rey, Reina o del heredero (artículo 485 CP); (6) homicidio del Jefe del Estado extranjero, (7) homicidio a persona especialmente protegida por un Tratado, que se halle en España (artículo 605 CP); (8)delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad (artículos 607 y 607 bis CP).

El error aparece en el momento en que se agrava la calificación del tipo delictivo de homicidio (art. 138 del CP) como un asesinato (art. 139 del CP) y luego, se vuelve a agravar con la PPR. Esto se debe a que muchas de las circunstancias calificadoras de asesinato, se repiten en ambos artículos:  los casos de víctimas menores de 16 años, o ser, el delito en cuestión, subsiguiente a otro de índole sexual. De ello se deriva una doble agravación de la conducta, algo que pone contra las cuerdas los principios básicos del Derecho Penal.

Por esta razón, hay detractores que califican esta renovación como «la peor reforma de la historia» según el catedrático penalista, Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Respuesta del Estado, ¿una proporcionalidad con pretexto o desproporcionalidad sin pretexto?

Realmente, España ya cuenta con penas superiores a la media europea que alcanzan los 30, e incluso 40 años por dos o más delitos; en adición, el Código Penal se ha ido endureciendo desde el año 2000.

Sin embargo, resulta común una percepción sesgada de estas penas bastante alejada de la realidad, incentivada por el populismo político con un matiz revanchista del momento, debido a reacciones punitivas acogidas en acontecimientos como la sangrienta etapa yihadista.

Por tanto, se tiende a calificar como “penas blandas” a las restricciones de la manifestación más primitiva de existencia humana, la libertad; aún cuando ya algunas abarcan prácticamente toda la vida del ser humano.

Ello favorece a un retroceso un tanto despectivo en el nivel de consolidación de los derechos y libertades por razones bastante supeditadas a la subjetividad y al oportunismo político. ¿Hasta qué punto viene justificado que el Estado favorezca el regreso de una pena que se aplicaba el siglo pasado y pone en riesgo el crecimiento de la democracia como proyecto unificador social?

Pese a todo, la PPR es una decisión más de entre las muchas que se discuten en política criminal y no un discurso de principios moralistas. Si bien es cierto, conviene reseñar la descarada desatención del legislador, bien de uno u otro partido, a la hora de penalizar y despenalizar conductas humanas de un cuerpo legislativo tan importante como el Código Penal, enemigo tradicional de las libertades constitucionales.

No obstante, ni los que la rechazan son secuaces de los delincuentes ni los que la promulgan son dictadores autoritarios del orden. No hay moralidades superiores ni inferiores. Dejemos etiquetas ideológicas por cada aspecto que se decide. Veremos cómo evoluciona la norma y si es bien recibida en el escenario europeo.

 

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