La falta de recursos amenaza con afectar la calidad de la enseñanza y pone en peligro el futuro del año académico
Los Consejos de Gobierno de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (UUPPMM) han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comunidad. En ella, expresan su oposición a unos presupuestos que cuestionan el compromiso del servicio público con la educación. Se trata del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 que, según el documento, compromete la supervivencia de las universidades madrileñas. De manera clara y contundente, las instituciones piden a Isabel Díaz Ayuso un aumento en los recursos destinados a su sostenibilidad.
«Este presupuesto no solo ignora las necesidades de las universidades, sino que agrava la situación financiera crítica que arrastramos desde hace más de 15 años de infrafinanciación», señala la carta. Las infraestructuras universitarias de Madrid, que albergan a más de 200.000 estudiantes y 30.000 trabajadores, sufren una congelación de la asignación de sus inversiones desde 2014 en 7,4 millones de euros. Una cifra que claramente no cubre los costes de mantenimiento necesarios. Ante esta situación, las universidades insisten en la implantación de un modelo plurianual de financiación. Este modelo aseguraría la estabilidad financiera a largo plazo. Así, las universidades podrían afrontar los retos futuros con mayor previsibilidad y sin depender de presupuestos anuales inadecuados.
Los recursos propuestos no solo afectan la competitividad del sistema universitario madrileño, sino que también dificultan el acceso a la educación superior para las familias con menos recursos. La Comunidad de Madrid presenta las tasas más altas del país. Y, según la carta, esta política restrictiva aumenta significativamente las barreras económicas.
Inflación y costes laborales desatendidos
Las universidades públicas madrileñas critican duramente que los presupuestos para 2025 no contemplan los recursos necesarios para hacer frente al impacto de la inflación. En un contexto de encarecimiento de suministros, servicios y energía, las instituciones advierten que no se ha considerado tal impacto. Esto desemboca en la incapacidad para mantener la calidad de los servicios.
A este problema se suma que los presupuestos no incluyen el aumento salarial acordado por el Gobierno central, para los empleados públicos. Según las universidades, la Comunidad de Madrid debería asumir esta medida por completo. «El presupuesto ignora las necesidades más básicas del sistema universitario, dejando sin cubrir gastos imprescindibles que están directamente relacionados con la inflación y la mejora de las condiciones laborales», denuncian en su carta. Esto no solo vuelve crítico el mantenimiento adecuado de las universidades, sino que también compromete la estabilidad laboral del personal, al no garantizar el pago completo de las actualizaciones salariales.
Posible ilegalidad en los presupuestos de Madrid
Las universidades públicas de Madrid denuncian los presupuestos de 2025, en cuanto a que no contemplan los fondos imprescindibles para cumplir con las reformas propuestas por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta normativa establece nuevas exigencias en cuanto a calidad educativa, incremento del número de docentes y mejora de las infraestructuras. Su objetivo es reforzar la enseñanza y la investigación en todo el país. Sin embargo, sin una financiación adecuada, lo que debía ser un avance se convierte en un panorama insostenible.
El artículo 55 de la LOSU obliga a «las administraciones públicas a garantizar la suficiencia financiera de las universidades», subraya la carta. «Con este presupuesto, se está lejos de cumplir ese mandato». Por ello, las instituciones académicas advierten que la falta de recursos podría constituir un incumplimiento legal por parte de la Comunidad de Madrid. Alega que es responsabilidad del gobierno autonómico dotar a las universidades del apoyo económico necesario para adaptarse a las exigencias de la ley.
La carta concluye: «Es fundamental garantizar la suficiencia financiera de nuestras universidades para seguir cumpliendo con nuestra misión de formar a los futuros profesionales y líderes de la sociedad madrileña, y para mantener la excelencia en investigación, clave para el progreso económico y social de la Comunidad de Madrid».
La situación actual pone en riesgo no solo la calidad de la enseñanza. También amenaza el futuro de miles de estudiantes y trabajadores que dependen del sistema universitario público.
