Mientras las movilizaciones por los servicios estatales se multiplican alrededor del mundo, Buenos Aires fue escenario de una jornada de protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que terminó en opresión por parte de las fuerzas de seguridad
El jueves 15 de octubre, las calles de Madrid se llenaron de ciudadanos reclamando un servicio de educación pública de calidad. Esto se dió en respuesta a fallos en la infraestructura, bajos salarios y escasos recursos. La movilización resultó en el uso excesivo de fuerza por parte de la policía, con diez heridos y cinco detenidos. El reclamo se extendió por toda Europa, pasando por países como Francia, Italia y Bélgica, los cuales se encontraron también con episodios de agresión policial. Pero esta avalancha no se detiene en el viejo continente: ese día, al mismo tiempo, la situación se replicaba en Buenos Aires.
De la concentración a la represión
Convocados a las 16:00 horas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el acto central, miles de personas caminaron por la Avenida de Mayo hasta el Congreso para denunciar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Javier Milei. Según testigos y participantes de la movilización, la gente se encontraba tranquila. Poco después esta calma se interrumpió por un «grupo de encapuchados» (según el diario local Clarín) que arrojaron objetos al vallado de la Gendarmería Nacional.
Así, en medio del acto en la Plaza del Congreso, se informó por micrófono que las fuerzas policiales habían comenzado a reprimir la movilización. Tubos de metal del tamaño de un desodorante volaban y desprendían gas lacrimógeno, que en algunas instancias llegaron a caer en las cabezas de los protestantes. Al mismo tiempo, balas de goma herían a civiles en el estómago y en las piernas, y camiones hidrantes rociaban agua para disipar las multitudes, entre otras formas de represión policial para dispersar a los manifestantes.
Heridos y retirada
Entre los damnificados se encuentran al menos siete periodistas, a quienes golpearon en la espalda, el pecho, las piernas y los brazos, además de sufrir los efectos del gas lacrimógeno. Según reporta en un comunicado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estas agresiones sucedieron «a pesar de estar claramente identificados como prensa».
Entre los ataques y el diluvio que caía, el acto debió ser suspendido antes de que terminara. Oranizaciones estudiantiles, como URBANA! Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desconcentraron las multitudes por seguridad, y la gente comenzó a retirarse de a poco. Sin embargo, la represión de las fuerzas policiales a los ciudadanos que quedaron al frente continuó por un tiempo más, resultando en 31 detenidos y más de 500 heridos.
Declaraciones ante los hechos
En una entrevista con la radio Mitre, Carlos Torrendell, secretario de Educación, estableció que quienes generaron disturbios son organizaciones ya identificadas. Las mismas, según el ministro, «se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía» de forma frecuente. «Es recurrente, se tiene identificado a quienes son, son los mismos grupos», declara. Al ser cuestionado sobre el arresto de dichos individuos, el secretario respondió que supone que el gobierno está trabajando en ello, «y por eso también ha habido más orden en la calle desde que asumió el Gobierno Nacional», opina. A su vez, se manifestó a favor de las medidas que tomó el poder ejecutivo con respecto a la educación. «El Gobierno aumentó los recursos para universidades fuertemente», afirmó.
Por otro lado, Germán Martínez, diputado de Fuerza Patria (Oposición), acusó ante la prensa: «¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problemas? ¿No será que acaso esto está armado por la propia Policía?». A su vez, Myriam Bregman, ex candidata presidencial y actual diputada del Frente de Izquierda, expresó su disconformidad para con los hechos en su cuenta de la red social X. La misma fue crítica ante el uso de la fuerza, clasificando como «autoritario» al mando de Javier Milei: «La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió.
El Partido Comunista Revolucionario de la Argentina (PCR) publicó un artículo constatando que la misma manifestación en otros lugares pudo darse «pacíficamente y sin inconvenientes», al igual que sucedió en anteriores convocatorias donde no hubo interferencia de la policía. «Fue el Gobierno nacional el que tomó la decisión de reprimir, cruzando todos los límites», demandaron.
