Elegir la papeleta de la izquierda alternativa es un desafío desmoralizante por la gestión del Gobierno, la fragmentación y el sistema electoral
Las elecciones autonómicas del 15 de marzo no hacen más que confirmar una tendencia conservadora del voto en nuestro país. Un auge derechista —cuando no reaccionario— que parece encontrarse de frente con los cadáveres de lo que una vez fue la alternativa del progreso.
Tras varios años en el poder, la izquierda parece descabezada al haber caído de forma constante en la trampa del PSOE. Son ya innumerables las cesiones que han debilitado su influencia y que hacen que hoy solo queden cenizas a la izquierda de Sánchez.
Los 45 días por año trabajado que jamás se recuperaron, el giro diplomático en el Sáhara, la escasa intervención en el mercado de la vivienda, la derogación parcial de la ley Mordaza o el aumento del gasto en defensa son solo algunas de las derrotas que han sufrido tanto Podemos —en su momento— como Sumar actualmente y que merman la credibilidad de su discurso transformador.
Pero no contentos con esto, el panorama se ennegrece aún más cuando empiezan las escisiones constantes y las luchas narcisistas entre ellos. Un espectáculo bochornoso en el que el único que parece querer reconstruir el espacio es un independentista catalán que actúa como el hijo de un matrimonio divorciado con custodia compartida.
Un mes un acto con unos y otro mes con otros, sin que papá y mamá se puedan juntar en una mesa para que no acaben tirándose de los pelos. Vergüenza se queda corto para definir el sentimiento del votante progresista español que ve su opción política arder en el peor momento para hacerlo.
Con las encuestas nacionales situando a Vox en el 20%, los resquicios de lo que una vez fue Unidas Podemos han firmado en lo que va de año un 2,97% en Castilla y León y un 3,88% en Aragón. Uniendo los resultados de ambas coaliciones, claro.
Este paupérrimo resultado expresa el hartazgo de un elector, que mira con impotencia el escenario cada vez más cercano de tener a Abascal como vicepresidente. Un suceso inevitable si no se comienza a construir un nuevo proyecto desde abajo que no acabe siendo la muleta del PSOE.
Otro problema es el sistema electoral. Si un partido de ámbito estatal obtiene menos del 10% de los votos, muy probablemente sea descuartizado por el sistema. Para sintetizar la cuestión, se puede decir que la fórmula D’Hondt solo funciona en las circunscripciones grandes. Es decir, solo es proporcional si en la provincia hay mucha población y, por ende, muchos escaños a repartir. Habitualmente, se establece el mínimo en unos 8/10 escaños para que empiece a ser «justa» la fórmula. Una base que solo cumplen (y siendo generosos) 12 provincias españolas.
Un ejemplo entre tantos de este reparto tremendamente desigual es León. Una provincia que reparte cuatro escaños y que en las pasadas generales hizo que PP y PSOE —aún sumando escasamente el 70% de los votos— obtuvieran toda la representación. Dos escaños para el PP y dos para el PSOE haciendo que Vox, Sumar y UPL se quedaran sin asientos a pesar de alcanzar el 28% de los electores entre las tres.
Por último, solo decir que está claro que la paciencia del votante progresista tiene un límite, y las diversas siglas de la izquierda ya lo han cruzado. Entre las promesas rotas y las divisiones absurdas han conseguido que lo que podía ser un plan ilusionante acabe en el baúl de los recuerdos.
Sin un proyecto que deje de mirarse el ombligo y empiece a mirar a la calle, el avance de la derecha no será una posibilidad, sino el resultado esperable tras un suicidio político televisado. Esperemos que la próxima cita del 9 de abril sirva para empezar a remar todos en la misma dirección, aunque pocas esperanzas caben en un acto en el que aún no se han visto las caras los que un día se pelearon para no volver a hablarse jamás.
