El Ejecutivo central publica dos textos legislativos diferentes, para evitar las consecuencias de la falta de consenso con los socios parlamentarios y conseguir la aprobación en el Congreso de, al menos, uno de ellos
Este martes, el Consejo de Ministros sacó adelante la propuesta del «Decreto Maricarmen». Tras más de seis horas de reunión, el Gobierno ha acordado la publicación de dos textos, uno de ellos ya disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y celebrará un pleno forzado en la Cámara Baja el próximo viernes.
Las negociaciones se han mantenido hasta el último momento. El PSOE ha cedido ante Sumar, que ha conseguido consigue imponer la renovación automática de los alquileres, pero en un texto independiente.
Un escudo social reforzado
El principal paquete de medidas alcanza el consenso entre los socios habituales. Aplica la protección ante los inquilinos en riesgo de desahucio y vetos a los fondos de inversión.
La moratoria de desahucios. Aquellas personas en situación de riesgo y sin alternativa habitacional, no podrán sufrir el desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030. Esto se aplica a personas con vulnerabilidad económica y social, es decir, que tengan discapacidad física y no tengan recursos económicos.
Prohibición temporal a los fondos buitre. Las empresas de inversión inmobiliario no podrán comprar bloques residenciales con intenciones especulativas hasta 2028. El objetivo es prevenir el encarecimiento artificial de los alquileres y la expulsión de vecinos de toda la vida.
Control exhaustivo a los alquileres temporales. Aquellas viviendas y habitaciones que se alquilen «por temporadas», tendrán contratos con una duración máxima de 12 meses. De esta manera, los propietarios no podrán incurrir en el uso fraudulento de las mismas.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 8/2026) se modifica para que los alquileres habitacionales queden sujetos a los mismos límites de precios. De manera excepcional, Cataluña solo tendrá que respetar las competencias de su propio Código Civil.
Bonificaciones fiscales, límites a los precios y a la vivienda turística
Finalmente, el Gobierno aprueba una prórroga extraordinaria en los alquileres. Aquellos contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, deberán ser ampliados por el propietario de manera obligatoria y si el inquilino lo solicita.
La subida anual del precio no superará el 2%, respecto al contrato anterior. Esto se aplicará en los alquileres que se firmen una vez que el decreto sea aprobado y publicado en el BOE.
El Gobierno quiere atajar de raíz el problema del turismo y la vivienda abandonada. El IVA de los pisos turísticos subirá al 10% y los ayuntamientos podrán duplicar el recibo del IBI, a los inmuebles inhabitados durante más de tres años y sin causa justificada.
El alquiler convencional considerará incentivos fiscales para inquilinos y propietarios. Las personas con ingresos anuales inferiores a los 30.000 euros, recibirán deducciones fiscales del IRPF. Por su parte, aquellos caseros que accedan a rebajar el precio del alquiler, obtendrán bonificaciones fiscales directas.
El anexo para la aprobación
Las negociaciones entre PSOE y Sumar han generado otro texto independiente que considera la renovación automática obligatoria. Esto significa que los contratos de alquiler de viviendas habituales serán prorrogados de manera automática e indefinida cuando lleguen a su vencimiento legal.
El objetivo es asegurar el derecho a la vivienda. Los propietarios están obligados a elevar una «causa real y acreditable» para disponer de la vivienda (necesidad personal o de un familiar directo). En caso contrario, el inquilino recibirá una indemnización económica de cuantía fija por cancelación unilateral del contrato.
Los socios abren el debate político
El PSOE ha defendido el texto como un acuerdo de «máxima relevancia social». Aunque Sumar lo mira con optimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García lamenta que no pudieran forzar el alquiler indefinido puro.
Por su parte, los socios minoritarios del Gobierno, Junts y PNV, han admitido que es un decreto «a trozos» y vigilarán «con lupa» las consecuencias en los pequeños propietarios. Sus respectivos portavoces han dejado en el aire cual será su sentido de voto en el pleno del próximo viernes.
Podemos ha sido el partido más tajante. La eurodiputada, Irene Montero entraba en el programa de Malas Lenguas y criticaba que el Gobierno ha elaborado una «trampa» y «no hay por donde cogerlo». La también secretaria de política del partido morado exige la elaboración de «un solo Real Decreto que incluya todas las medidas».
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La oposición votará en contra
Partido Popular y VOX consideran que el Gobierno ha hecho un «texto improvisado» y que las medidas «no van a tener resultados», porque el objetivo del decreto es «seguir ampliando una legislatura estéril», ha aseverado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó.
La portavoz de VOX, Pepa Millán ha afirmado que el proyecto legislativo es la «penúltima estafa» de un gobierno que «pretende arreglar en una hora, lo que no han hecho en ocho años».
Los sindicatos también hablan
Por su parte, sindicatos como UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han respaldado el avance, pero el Sindicato de Inquilinas lo considera un «parche a medias» y necesitarán medidas firmes para levantar la acampada de la Puerta del Sol.
En paralelo, los abogados de Maricarmen consiguen llegar a un acuerdo con Urbagestión, por el que la anciana de 87 años podrá regresar a su vivienda en el barrio del Retiro pagará un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos, en los próximos ocho años.
Maricarmen continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) con un cuadro de ansiedad leve. Este martes recibió la llamada de su abogada para aceptar las nuevas condiciones, por las que podrá volver a la que es su casa una vez reciba el alta médica.
