La huelga de transportistas ha supuesto 600 millones de euros de pérdidas
El pasado 14 de marzo la Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera convocó un paro indefinido de “todo tipo de transporte y toda clase de ámbito”. Se trata de una asociación minoritaria en el sector del transporte, pero muy activa y bien organizada. La chispa de la huelga fue el aumento del precio de los combustibles a causa de la guerra en Ucrania, aunque ya se anunciaron tres días de paros durante la campaña de Navidad.
La asociación reclama medidas como limitar los intermediarios a un solo contratista y reducir la edad de jubilación a los 60 años, ya que las empresas del sector se encuentran en una “situación económica de quiebra total”. El 1 de marzo se publicó un Real Decreto Ley en el BOE con las medidas acordadas con la patronal del sector las pasadas Navidades. El decreto incluye la prohibición de que los transportistas carguen y descarguen las mercancías y el derecho a incluir el impacto de la subida de los carburantes en sus tarifas.
A pesar de que los conductores profesionales no secundan la huelga al no haber sido convocada por los sindicatos, en algunos casos los servicios mínimos no se han podido cumplir a causa de los piquetes. Por esta razón, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han escoltado a más de 700 convoyes de camiones para protegerlos de acciones como el rajado de neumáticos y el lanzamiento de piedras. También han detenido a 29 personas e investigado a otras 332.
Consecuencias
Los efectos de la huelga comenzaron a notarse esa misma semana, siendo el sector de la alimentación el más afectado. Muchos consumidores han experimentado situaciones de desabastecimiento en los supermercados, especialmente de productos frescos como la leche y la fruta, lo que ha provocado el cierre de algunos establecimientos.
Esto se debe a que varios sectores han tenido que paralizar las operaciones ante la dificultad de obtener materias primas y transitar por las carreteras a causa de los piquetes. Las industrias cárnica y láctea se han visto afectadas por la falta de alimento para los animales, por lo que esta última ha paralizado su actividad de envasado. Además, el sector pesquero se ha visto obligado a tirar o congelar toneladas de pescado.
Otros sectores afectados como la siderurgia, la construcción y las estaciones de servicio automáticas han anunciado paros en su actividad por los mismos motivos. Varias gasolineras se han visto obligadas a cerrar por falta de suministro. Las pérdidas económicas se cifran en 600 millones de euros en todo el país, incluyendo 100 millones de la ganadería y 75 millones de la industria pesquera. Como resultado, unos 100.000 puestos de trabajo están en riesgo.
Respuesta del Gobierno
En un principio el Gobierno expresó solidaridad con el sector y aseguró que el suministro está garantizado, pero más tarde calificó la situación de boicot y se refirió a los convocantes como “violentos” y “ultras apoyados por la ultraderecha”. También culpó a Vladímir Putin de la crisis energética y los elevados precios de los carburantes.
Aunque se niega a reunirse con la plataforma convocante, el lunes 21 mantuvo una reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) durante la cual se acordaron medidas basadas en el modelo francés. El acuerdo incluye una bonificación de 500 millones de euros y la devolución mensual del IVA del gasóleo profesional. Estas medidas entrarán en vigor tras la aprobación del correspondiente Decreto Ley el próximo 29 de marzo. Sin embargo, las asociaciones representadas en el CNTC deben dar el visto bueno antes. Algunas ya han manifestado que se unirán a los paros ante la falta de concreción de la bonificación anunciada.
