Un anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de coalición que reduce la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas
Un acuerdo alcanzado tras el establecimiento de un diálogo mutuo —el pasado 20 de diciembre— entre el Gobierno y las organizaciones sindicales como CCOO y UGT. Una medida que será trasladada en los siguientes días al Parlamento para su aprobación definitiva en un próximo Consejo de Ministros. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha indicado que el Ejecutivo espera que llegue al Congreso «a finales de febrero o principios de marzo».
Acuerdo alcanzado
El Consejo de Ministros ha presentado un nuevo plan que incluye la reducción de la jornada laboral, el registro de jornada y el derecho a la desconexión. Un anteproyecto de ley que prioriza las treinta y siete horas y media sin reducción salarial y que beneficiará a al menos 12 millones de personas. El Gobierno asegura que la pretensión de esta norma servirá para modernizar España e incluso para reducir el absentismo, democratizar los beneficios y aumentar la igualdad.
«No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, el trabajo es un medio». Yolanda Díaz también ha destacado que «lo importante son nuestras vidas y no el tiempo que ocupamos en una actividad profesional». Por ello, la propuesta de reducir la jornada «tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser más productivos y eficientes económicamente», ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.
Impacto social
Una reducción de la jornada laboral que tendrá una importante repercusión en la igualdad de género. «El impacto de género de esta norma es brutal», ha asegurado Yolanda Díaz, dado que, de los 12 millones de favorecidos, las más beneficiadas serán las mujeres.
En alineación con esto, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha señalado su conciencia sobre los beneficios que esta nueva norma tendrá en el día a día de los ciudadanos. Acompañada de las diferentes medidas implementadas por el conflicto en Ucrania y la evolución positiva del mercado laboral, «están permitiendo que los hogares vayan recuperando progresivamente poder adquisitivo».
Desacuerdos
Un anteproyecto de ley que busca mejorar el día a día de los ciudadanos en España generó desacuerdos entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Carlos Cuerpo, titular de Economía. Díaz acusó a Cuerpo de bloquear la propuesta de reducción de la jornada laboral, mientras que él, en un intento de calmar la situación, se mostró favorable a la medida ya aprobada. Sin embargo, este subrayó la necesidad de un plan para «acompañar a las empresas». A pesar de las diferencias iniciales, ambos ministerios finalmente alcanzaron un acuerdo. A finales de enero, respaldaron la aprobación de la reducción de la jornada por la vía urgente.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de esta nueva norma tendrá consecuencias negativas para aquellas empresas que no implementen los cambios que han de aprobarse definitivamente en los próximos días. Siguiendo la normativa del anteproyecto, serán multadas con hasta 10.000 euros por trabajador aquellas empresas que no cumplan el registro horario y la reducción de jornada laboral de 37,5 horas semanales. Unas consecuencias que vienen a responder al cumplimiento estricto de la nueva norma.
Una diferenciación al resto de imposiciones por incumplimiento: se multará por trabajador y se tendrán en cuenta aquellas infracciones graves, cuyas sanciones económicas rondarán los 7.500 y 10.000 euros. Asimismo, aquellas consideradas como infracciones mínimas tendrán una consecuencia económica de entre 1.000 a 2.000 euros, mientras que en su grado medio de 2.001 a 5.000 euros. Se mantiene también la infracción en su máxima expresión, siendo una multa de entre 5.001 a 10.000 euros.
