El Ministro de Transportes afirma que la decisión es cuestión de «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas»
Esta tarde, Óscar Puente ha comunicado su renuncia en la Diputación Permanente del Congreso: «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año». Tras el anuncio, ya tampoco formará parte de las listas del PSOE el 29 de noviembre. De esta manera, Puente ha puesto fin a cuatro horas de respuestas a los grupos parlamentarios, además de haberse aprobado esta mañana un Real Decreto Ley con 30,62 millones de euros como enmienda para las víctimas.
Una elección muy premeditada
Sánchez ha sido el primer político en conocer esta información. Hasta entonces, no había declaraciones, pero tampoco dudas. Ha afirmado tenerlo claro desde los «primeros minutos» tras el accidente de Urda, que se ha cobrado ya 69 víctimas mortales. Sostiene que la decisión es «buena para la democracia» y ha defendido que apartarse es «una medida necesaria y positiva». También recuerda el dolor de las víctimas y afirma que, después de ellas, «ninguno es tan grande como el mío».
El ministro explicó que ha anunciado su marcha en la Diputación Permanente del Congreso tras encauzar las pesquisas y aprobar las primeras ayudas a los afectados. Después de proclamar que «la culpa no puede morir soltera», insistió en la responsabilidad de sufrir dos siniestros de gravedad en menos de un año. Justificó la renuncia total a concurrir a las elecciones del 29 de noviembre como cabeza de lista por Valladolid por lealtad institucional y lealtad hacia la historia de su partido, rematando que «nadie es más grande que la organización a la que pertenece» y que su ego nunca ha estado por encima de su formación ni de su país.
Alud de reproches en la oposición
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, aseguró que «se le da muy bien explicar por qué muere la gente y muy mal evitarlo». Recordó además que bajo su mandato se han registrado dos accidentes con un total de 116 fallecidos. Vox le señaló como el responsable político directo de la tragedia y abandonó la sala antes de que presentase su dimisión.
Entre los socios de investidura, formaciones como el PNV y Podemos solicitaron su dimisión. ERC achacó las deficiencias a la liberalización del sector ferroviario y a la falta de inversión en mantenimiento, mientras que desde el PSOE, Patxi López defendió la gestión del Gobierno recordando que la inversión en la red ferroviaria aumentó un 175% en los últimos años. Por su parte, Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, pidió a Puente asumir responsabilidades y demostrar al Partido Popular que «no es como ellos».
Fin del aforamiento político
Al dimitir de su cargo ministerial y renunciar a formar parte de las listas electorales, Óscar Puente pierde la condición de aforado para los miembros del Gobierno y parlamentarios. De esta forma, las actuaciones abandonan la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se derivan a la jurisdicción ordinaria, llevando a los juzgados de instrucción y tribunales comunes su investigación del sindicato Alferro por revelación de secretos y la querella de Vox por presunta imprudencia grave.
Dado que se hallan en fase inicial o de instrucción, el Tribunal Supremo perderá la competencia en favor del juzgado ordinario competente para que continúe la investigación. Su paso a estos juzgados comunes permite recurso ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia antes de acudir al Supremo. Como consecuencia directa, el camino judicial será más largo y permite más recursos. Mediante esta vía, la sentencia final tardará más en llegar que si la dictara el Supremo directamente.
