Maricarmen ha sido desalojada de la vivienda en la que residía durante 71 años pese al apoyo vecinal y vivirá con unos familiares
Tras cuatro intentos de desahucio, el lanzamiento de Maricarmen, de 87 años, se ha efectuado en la mañana de este miércoles. A pesar de que el Sindicato de Inquilinas ha conseguido reunir a cientos de personas en su portal en el Retiro, la orden judicial ha seguido adelante. Finalmente, Maricarmen, que tiene una discapacidad del 50%, ha sido trasladada en camilla por trabajadores del Samur Social.
9:30 de la mañana en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, Madrid. La comisión judicial se dispone a ejecutar el desahucio de Maricarmen Abascal. Sin embargo, se topa con cientos de activistas reunidos en el portal donde ha vivido esta mujer durante 71 años. Según informan varios medios, desde las 6 de la mañana ya hay presencia de varios efectivos de la Policía Nacional. Los activistas, convocados por el Sindicato de Inquilinas, han acampado esta noche para impedir el cuarto intento de desalojo de Maricarmen. Poco antes de las 13 horas, y tras varios momentos de tensión con los antidisturbios, el desahucio se ha efectuado.
Además de los activistas, a la movilización han acudido políticos como Irene Montero, de Podemos, o Enrique Santiago, de Sumar. También han estado presentes personalidades como el actor Juan Diego Botto o la comunicadora Inés Hernand, entre otros. Ya en el anterior intento de desahucio, el pasado 2 de junio, artistas como Rozalén o Ismael Serrano apoyaron a Maricarmen. Tras seis años de batalla legal, esta mujer se ha convertido en una referente de la lucha por el derecho a la vivienda.
71 años viviendo en el mismo piso
El padre de Maricarmen Abascal firmó el contrato de alquiler de la vivienda en 1956, cuando Maricarmen tenía 17 años. Cuatro años más tarde, este hombre falleció en ese mismo piso y su esposa se convirtió en la titular del arrendamiento por la subrogación de contratos. El contrato de alquiler era indefinido, hasta que en 1985 la conocida como Ley Boyer acabó con esta singularidad. A partir de entonces, correspondía al casero y al inquilino la negociación de la duración del contrato.
La madre de Maricarmen falleció en 2005 y ella se convirtió en la segunda subrogada. A pesar de que esta condición no está amparada por la ley para mantener el contrato como indefinido, el propietario la aceptó. En 2018, la inmobiliaria Renta Corporación adquirió el piso y propuso a Maricarmen comprarlo por 250.000 euros. Ella se negó, puesto que su pensión era de 1.450 euros.
En 2020, Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa) compró la vivienda y le ofreció a la inquilina un nuevo alquiler, que ascendía a 1.650 euros. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, cuenta Maricarmen, cuya renta antigua era de 500 euros mensuales, en una entrevista para elDiario.es. El fondo sostuvo que el contrato había terminado en 2007, pero fue rechazado por el juzgado de primera instancia de Madrid.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dio la razón a Urbagesa y consideró por finalizado el contrato. En mayo de 2024, se comunicó a Maricarmen que tenía que dejar la casa, y su lanzamiento se fijó para el 29 de octubre de ese mismo año. El desahucio se consiguió aplazar mientras se elaboraba el informe de vulnerabilidad y se buscaba una alternativa habitacional. Ya que, actualmente, Maricarmen tiene una discapacidad del 50% y necesita una silla de ruedas.
Un desahucio rechazado por la ONU
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se ha posicionado sobre el asunto. En una carta fechada el 22 de mayo de 2026, la ONU daba de plazo hasta diciembre para que España informase sobre las medidas de protección para Maricarmen. Y, mientras que se evalúa la situación, solicitó la suspensión cautelar del desahucio o que se le garantice una alternativa habitacional adecuada.
Incluso el Gobierno intermedió para que Urbagesa vendiera la vivienda a la entidad estatal Casa 47. La empresa la rechazó, al igual que ha rechazado una prórroga solicitada por dos mediadoras del sindicato. También se ha opuesto a la oferta de una escritora anónima de pagar parte del alquiler. Hasta este miércoles, la propiedad reclamaba a Maricarmen 2.650 euros mensuales.
El caso de Maricarmen ha generado un gran revuelo en la opinión pública. Incluso ha dividido la política, con reproches del PSOE a la oposición y con los de Sumar al socio mayoritario del Gobierno. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su cartera ha tratado de mediar para encontrar una solución que consiga “compensar esas rentas”.
Para este miércoles, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración en solidaridad con Maricarmen. “No lo vamos a permitir. Vamos a acabar con el rentismo y a cambiar este modelo para siempre”, afirma la organización en redes sociales.
