Una enfermedad en auge desde la crisis de 2008 ante la negativa de los gobiernos de proteger a los que lo necesitan
Después de más de 50 años viviendo en su piso hoy, 23 de septiembre, Maricarmen, con 87 años de edad, una discapacidad del 50% —y sin poder recoger sus pertenencias—, ha sido desahuciada.
Esta situación se da después de ocho años de batallas legales y el cuarto y definitivo desahucio. Urbagestión ha sido el fondo buitre que adquirió el bloque de edificios en el número 46, de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. Después de los hechos de hoy y a pesar del apoyo de más de 400 personas, el fondo ha conseguido su objetivo: extenderse.
El caso de Maricarmen
Cuando el fondo buitre adquirió este edificio, por un precio mucho menor al de mercado, incrementó la renta de la inquilina en un 275%. La mensualidad total que pedían abonar a Maricarmen era de 2.650€ mensuales, algo que ella no se podía permitir con su pensión.
Ante esta situación, la inquilina pidió ayuda en redes sociales y al Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, quienes la han estado acompañando y ayudando desde el inicio de este calvario. De no ser por este sindicato, la situación actual de Maricarmen sería mucho peor de lo que ya es, pues la propia inquilina ha asegurado que esta batalla legal con el Grupo Urbagestión ha deteriorado su salud hasta el punto de necesitar una silla de ruedas para permitir su movilidad y dejar de ser independiente, hechos que la hacen sentir una «inúti», según aseguraba en unas declaraciones para Radio Nacional.
En una primera instancia, en 2018, los tribunales le dieron la razón a la inquilina, y el fondo buitre recurrió el caso hasta llevarlo al Tribunal Supremo que le dio la razón, porque Maricarmen no poseía una discapacidad del 65%, tan solo del 50% después de varias operaciones de caderas, por lo que su contrato subrogado no podía ser vitalicio.
A pesar del apoyo anímico y legal del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el desahucio de Maricarmen no se ha podido detener. Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200€ mensuales, algo insostenible para la actual pensión que percibe, que ronda los 1.400€.
Ante la falta de apoyo en el ámbito nacional, la organización interpuso un requerimiento en las Naciones Unidas que había requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. Sin embargo, hoy Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda, declaraba que a pesar de haber hecho «mucho» no han conseguido detener el desahucio —según indica la propia ministra— por culpa del Gobierno Autonómico de Madrid. Cuando quienes tienen la responsabilidad de actuar no solo deciden mirar a otro lado, sino que en vez de recetar un remedio se limitan a delegar o echar culpas es cuando el paciente entra en estado crítico.
¿Quién es Urbagestión?
El fondo buitre que ha llevado a cabo este hecho se llama Urbagestión, detrás de él se encuentran Ricardo y Fernando Alonso. Ellos mismos no se definen como un fondo, sino como una empresa intermediaria en el análisis y el asesoramiento de inversiones inmobiliarias. Aunque el término «fondo buitre» no es un término legalmente reconocido, se les reconoce así comúnmente por su manera de actuar. Tanto Urbagestión como muchas otras entidades financieras operan de esta característica manera.
Estas empresas se dedican a adquirir activos financieros con problemas o deudas impagadas a precios muy bajos, generalmente de entidades financieras que quieren deshacerse de esos activos. Una vez en su poder, estos fondos de inversión buscan recuperar el valor total o incluso ampliarlo, a menudo mediante acciones judiciales o presionando a los deudores. Se les conoce como «buitres» por aprovecharse de situaciones críticas, como crisis económicas o problemas financieros personales o empresariales.
El auge de estos fondos en España se ha consolidado tras la crisis de 2008. En una década, el número de grandes tenedores —con más de diez inmuebles urbanos— ha pasado de 255.197 a más de 307.000. Solo en Madrid, siete bancos y fondos controlan 32.273 viviendas, mientras que en el conjunto del país ya hay más de un millón de inmuebles (1.046.188) en manos de grandes propietarios, de acuerdo con los datos publicados en El Diario.
Hoy ha sido Maricarmen, mañana podría ser cualquiera
El modus operandi de estas entidades financieras es claro: su única intención es la de enriquecerse a base de adquirir bienes por debajo del valor de mercado y venderlos a un precio más elevado. No estamos hablando de una empresa que busca no perder en lo que invierte, sino de una que busca duplicar, triplicar y ganar más a toda costa. El caso de Maricarmen es el claro ejemplo, la empresa adquirió su piso por 274.000€.
Ahora lo venderán por 900.000€, que era el dinero que le pedían a la inquilina. Esos fondos buitres no buscan llegar a acuerdos, buscan beneficios a gran escala. La negativa por parte de Urbagestión a aceptar que una persona anónima pagase el alquiler de 2.650€, según anunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid durante el acto de apoyo celebrado este martes por la tarde, lo deja patente. Y así avanza esta enfermedad, que cada vez se hace más fuerte y cuya única oposición es la resistencia de los propios sufridores.
El caso de Maricarmen es un caso extraordinario, no solo porque se trate de una señora de 87 años de edad, con un 50% de discapacidad y a la que se le ha negado cualquier tipo de alternativa por parte de los Gobiernos de España, sino por el alcance mediático que ha tenido, ya que de no ser por el apoyo y presión de las redes sociales y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el caso de Maricarmen hubiera acabado como el de muchos otros, rápido y sin dejar trascendencia del grave problema que suponen los fondos buitre.
Lo más preocupante no es la rápida extensión de esta enfermedad, ni sus intenciones. Lo verdaderamente alarmante es que los síntomas con los que atacan al paciente son legales, y lo son por la inacción y pasividad de los que tienen el poder de actuar contra ella.
