El Ejecutivo de Kast ejecutará los proyectos de infraestructuras con fondos públicos
El Gobierno de Chile, presidido por José Antonio Kast, ha cancelado dos contratos de obras por valor de más de 343 millones de euros en Concepción a la empresa española Azvi. Todo ello, tras un intento del grupo para frenar la suspensión del proyecto a cambio de una modificación de las condiciones. Una situación que ha suscitado debate en el país sudamericano en relación al modelo de concesiones en los contratos de obras públicas.
A pesar de los esfuerzos para evitarlo, Grupo Azvi no ejecutará los contratos de concesión del Corredor de Transporte Público Ruta 150, la Ruta 160 y la autopista Concepción-Talcahuano, en la región de Biobío, situada a unos 500 km al sur de Santiago de Chile, la capital del país. Concretamente, los proyectos comprendían la construcción de las infraestructuras, así como su explotación durante 20 años.
Pero no será así, tras la comunicación oficial que el Ejecutivo de Kast trasladó a los directivos de la empresa a inicios de semana, en la que se ratificaba la suspensión del proceso de emisión de las adjudicaciones de los contratos. Es decir, la paralización de la última fase antes de la formalización de las concesiones. La justificación de las autoridades sostiene un cambio de parecer en cuanto al método de financiación elegido, ya que la nueva propuesta del Gobierno incluye que la realización de los corredores esté a cargo de fondos públicos en su totalidad.
Azvi propuso rebajar un 20 % los costes
No obstante, Azvi, que fue conocedora de la reconsideración a principios de agosto, ha insistido a todos los niveles para evitar la reversión de las adjudicaciones. Así, según la información adelantada por Expansión, la empresa trató de realizar un cambio en las condiciones del contrato. De esta forma, habría propuesto rebajar un 20 % los costes del proyecto y habría asegurado el cumplimiento de los plazos. La oferta, enviada la semana pasada, no obtuvo respuesta del Ministerio de Obras Públicas (MOP) del país.
Con la suspensión de la adjudicación, Azvi se ve obligada a asumir los costes de preparación de contratos y financiación del proyecto, aparte de que se perderán las inversiones asociadas a pagos por disponibilidad. Pese al anuncio, que provocó malestar y presión por parte de las autoridades de Concepción, Kast aseguró en una visita reciente a la zona que el proyecto vería la luz.
Esta vez, las obras estarían desarrolladas por la Dirección General de Viabilidad de Obras Públicas, que ha rebajado los costes del proyecto en un 23 %. No obstante, la ejecución de las carreteras se alargará al menos hasta 2031, debido al proceso burocrático, según ha informado al respecto Diario Concepción.
Uso «responsable» de los fondos públicos
«Tenemos que ser tremendamente responsables cuando usamos los recursos de todos los chilenos de la mejor forma posible», ha expresado el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange. Igualmente, ha expresado que «eso es lo que justifica este cambio en la modalidad de financiamiento». En concordancia con estas declaraciones se ha expresado también la cartera de Hacienda chilena, que envió una carta al MOP en la que afirmaba que la operación con Azvi incluía compromisos fiscales asociados a subsidios que «en las condiciones actuales, no es posible absorber».
El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada alertó el pasado 19 de agosto de su coste en la reputación de Chile. En un informe, afirmó que puede repercutir en su futuro como atractivo inversor, ya que sienta «un precedente». «Existe un ‘stock‘ superior a 20 iniciativas por más de 10.000 millones de dólares ya adjudicadas que no han iniciado ni replanteado las obras”, ha añadido el organismo. De igual forma, ha advertido que el país «tiene una brecha de infraestructuras de 250.000 millones de dólares». Una situación que «no podrá cerrar sin capital privado».
«Interés político» en la suspensión
Además, empresas españolas que participan en procesos de concesiones de obras públicas en Chile confirmaron a Expansión su «temor» a este cambio de parecer. El motivo es que este cambio en el tipo de financiación obedezca a un interés político De hecho, varias adjudicaciones suspendidas fueron desarrolladas durante el mandato del anterior presidente, Gabriel Boric.
Nueva instancia para resolución de disputas
Después del debate desatado alrededor de esta cancelación de concesiones, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a una reforma legal para resolución de disputas. En ella, las empresas concesionarias y el Estado podrán tratar temas relativos a la ejecución de infraestructuras públicas.
El Grupo Azvi, con sede social en Sevilla, cuenta con implantación en Chile desde 2003, a través de su filial Cointer Chile. Desde entonces, la empresa ha creado una red de concesiones de norte a sur del país, dedicadas al ámbito de las infraestructuras. Según recopila El Conciso, algunas de estas construcciones son los aeropuertos Carlos Ibález del Campo (Punta Arenas), Chacalluta (Arica) y La Florida (La Serena). Otras obras han permitido el desarrollo de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico del Puerto de Valparaíso, el Puerto Terrestre de Los Andes. Incluso ha edificado estacionamientos subterráneos en Temuco y la capital.
