El magistrado Santiago Pedraz sostiene que Santos Cerdán y la gerente del partido habrían pagado presuntamente a Leire Díez por conseguir trapos sucios
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron el miércoles por la mañana a la sede socialista de calle Ferraz en Madrid para recabar información sobre cargos orgánicos del partido. Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, pidió al Cuerpo documentación para investigar una supuesta red delictiva que el PSOE habría organizado para debilitar las investigaciones judiciales abiertas alrededor del presidente Pedro Sánchez. Concretamente, el juez apunta a la exmilitante Leire Díez, al exsecretario de Organización, Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana Fuentes como principales responsables de la supuesta trama. La noticia sorprendió a Sánchez en Roma y trató de restarle importancia. El presidente ha solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante las exigencias de los socios.
Apenas han transcurrido unos días desde la imputación del expresidente Zapatero, sin que el PSOE ni Pedro Sánchez hubieran ofrecido una posición formal. Sin embargo, el miércoles el juez Santiago Pedraz abrió otro frente con el que tratar. El magistrado envió a la UCO a la sede del PSOE en Ferraz, tratando de recopilar información sobre cargos orgánicos del partido. En el auto, Pedraz señaló que ambos lideraban (una como impulsora, y el otro como coordinador) una red delictiva para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en intereses del PSOE o el Gobierno».
Pagos a Leire Díez
Una nueva imputación para ambos, que se encuentran investigados en distintas causas judiciales. No obstante, la acción policial obedece a una investigación que Pedraz viene realizando en secreto desde diciembre. En el auto, el juez desarrolla y pone ejemplos concretos del funcionamiento de esta red, en la que involucra a otros cargos socialistas.
Santos Cerdán puso, supuestamente, a disposición de la red delictiva la estructura del partido, según la resolución. El PSOE habría soportado, como apunta la investigación, el coste de esta actividad. Durante un año, Cerdán y Leire mantuvieron hasta 39 reuniones, en las que ella habría dado cuenta de las gestiones para boicotear, presuntamente, las investigaciones que afectan al partido.
De hecho, el magistrado señala que Díez habría recibido 4.000 euros mensuales por estas labores. Pedraz investiga, además, a Ana Fuentes, gerente del partido, Garpar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía y a Ismael Oliver Romero, abogado. A través de ellos, el dinero llegaría hasta Díez sin «dejar rastro». Como explica el auto, la gerente del PSOE realizaría órdenes de encargo para Zarrías y Serrano quienes, a través de presuntas facturas falsas a nombre de una sociedad, harían llegar las cantidades a la denominada «fontanera» socialista.
Días de reflexión
El magistrado incide en la fecha de arranque de actividad de la trama delictiva. El 26 de abril de 2024, los dos cabecillas junto a otros investigados como el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe del Gabinete de Sánchez en el PSOE y Ion Antolín, antiguo dircom del partido. Todos ellos se reunieron en Madrid, como indica Leire en un audio que transcribe el auto de Pedraz: «Me voy de urgencia a Madrid. (…) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente».
La reunión tuvo lugar apenas dos días después de que Pedro Sánchez anunciara cinco días de reflexión para decidir su futuro al frente del Ejecutivo. El 24 de abril de ese año, salió a la luz la imputación de Begoña Gómez en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado. El juez apunta que esa reunión tuvo por objetivo diseñar acciones para desestabilizar esta y otras causas judiciales perjudiciales para el partido. Tales como la imputación del hermano de Sánchez por supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz o incluso el caso Koldo, según desarrolla el auto.
Actuaciones delictivas
La supuesta organización habría buscado información sensible con la que entorpecer el funcionamiento de los funcionarios implicados en estos casos. Por ejemplo, la red planteó ofrecer hasta 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda para que contase datos dañinos de Alejandro Luzón, jefe fiscal del área. También para que archivara las causas sobre las que tenía autoridad. Del mismo modo, trató de acercarse al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y al capitán Juan Sánchez Yépez, para conocer el funcionamiento de la UCO.
Pero no sólo trataban de influir en servidores públicos, como indica la resolución judicial, sino que también quiso influir en otros personajes involucrados en las causas judiciales. Fue el caso de Carmen Pano, persona que declaró ante el juez haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz. Serrano quedó encargado de persuadirla para cambiar su testimonio a cambio de 50.000 euros.
Aparte, el juez Pedraz señala indicios de actuaciones para manchar la reputación y los procedimientos de la UCO. Supuestamente, con la denuncia recurrente de las actuaciones policiales ante la Fiscalía General del Estado, de forma que pudieran utiliarse como herramienta propagandística. El magistrado incide en que pretendían «hacer germinar el despectivo y contaminante título de UCO patriótica».
Noticia inesperada
Sánchez recibió la comunicación de la presencia de los agentes de la UCO en la sede socialista en Roma, en su visita a la Santa Sede. Tras el encuentro con el papa León XIV, que en unos días realizará su primera visita a España, el presidente ofreció una rueda de prensa. El acto se retrasó para que Sánchez pudiera informarse al respecto, puesto que en principio, la convocatoria tenía previsto cubrir las últimas novedades del caso Zapatero.
Pese al retraso, el presidente no pronunció nada nuevo con respecto a las causas judiciales. Según expresó, esta nueva investigación ya se abrió en realidad hace un año. «Si al final hablamos de este caso de Leire (Díez), ya se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando salió a la luz el caso», dijo al respecto. Sánchez quitó importancia a la actuación policial, diciendo que «no es un registro, es un requerimiento. Hay muchos que se hacen en muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada».
El presidente dijo no minusvalorar la gravedad de la investigación de la Audiencia Nacional y ofreció «total colaboración con la justicia». También afirmó que si vuelven a detectarse comportamientos irregulares, no dudarán en actuar con la misma contundencia que en casos pasados. Por el momento, Sánchez se negó a convocar elecciones porque considera que eso sería «un interés partidista» y unos comicios deben responder «al interés de los ciudadanos».
Explicaciones al Congreso
Oscar Puente, ministro de Transportes, se refirió ayer en la sesión del Congreso en duros términos con respecto a la investigación contra el PSOE. En declaraciones a los medios, Puente denunció el uso de métodos «no democráticos» para intentar «derribar al Gobierno».
Ayer por la tarde, el presidente solicitó una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Su intención es dar explicaciones al respecto de este caso, junto a la investigación del expresidente Zapatero. Lo hará a partir del 22 de junio para informar también de la reunión cercana del Consejo Europeo y tras la declaración de Zapatero ante el juez. BNG, Compromis, Podemos y Esquerra ya habían pedido la presencia de Sánchez en la Cámara Baja.
