¿Quién activó la ruleta rusa de la desigualdad?

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Gran parte de los políticos del mundo entero han justificado las restricciones para combatir la expansión de la COVID-19 en base a un mandato de “la ciencia”. No obstante, estas medidas no coinciden entre los distintos países y ni tan siquiera, en el caso de España, entre las diversas autonomías.

Estas diferencias en la evaluación de los riesgos se producen por la dinámica de su análisis, ya que al no poder compararse en una misma unidad, el balance entre costos y beneficios resulta subjetivo y abierto a numerosas interpretaciones. En palabras de Ulrich Beck, esto no significa que los riesgos no se puedan determinar científicamente, sino que la ciencia ha perdido el monopolio de su evaluación, cediendo espacio a otras disciplinas como la política, el derecho, la economía o la salud. Así pues, en el debate político cabe la posibilidad de que estos riesgos se oculten, se minimicen, se sobredimensionen o se atribuyan a causas inciertas como consecuencia de la lucha de intereses entre los distintos actores. 

Si para realizar un viaje de larga distancia, no es necesario mantener la distancia de seguridad, pero se decreta la reducción del aforo en una obra de teatro, no es porque esta última actividad suponga un mayor peligro que la primera. Sino que se debe a que en la valoración de riesgos, el impacto de la posible quiebra de las empresas de transporte ha tenido un peso mayor que el cierre de las compañías de teatro y que la propia seguridad de los pasajeros.

Teatro y 'distancia social' – Valencia Teatros
Distancia social en un teatro de Valencia. Fuente:valenciateatros.com

Esta nueva política que se está desarrollando en los últimos tiempos se basa en minimizar, relativizar y canalizar los riesgos con la intención de establecer unos límites que aporten una falsa sensación de seguridad a la opinión pública. Sin embargo, la acción de limitar no nos proporciona protección plena, sino que legitima al propio riesgo, determinando qué efectos secundarios estamos dispuestos a asumir en el ámbito ecológico, sanitario, humano, económico y social para sustentar nuestro modelo de vida actual. 

De esta manera, España, uno de los países con mayor desempleo de la zona euro, establece límites más laxos que los países de su entorno. En otras palabras, el gobierno está dispuesto a soportar más muertes por COVID-19 por miedo a las peores consecuencias socioeconómicas que el cese de la actividad provocaría respecto a sus vecinos. Esto refuerza la hipótesis defendida por la antropóloga Mary Douglas de que la toma de riesgos es más elevada cuanto más bajo sea el nivel de ingresos y las condiciones de vida. Además, “la percepción del riesgo también depende de las nociones de justicia presentes en una sociedad e involucra dimensiones éticas, morales, ideológicas y de credibilidad institucional que pueden variar de sociedad en sociedad, y entre los grupos de una misma unidad social”. Así se explica que ante un mismo riesgo, y un contexto similar, unos individuos sean más o menos partidarios de limitar el peligro. 

Retomando la obra de Beck, estos riesgos tienen un efecto igualador, porque potencialmente pueden afectar a todas las capas sociales. El virus no entiende de ricos ni pobres y las restricciones castigan por igual al dueño del restaurante que al camarero. Si bien es cierto que aquellas personas en situación más vulnerable son las que presentan mayores dificultades. Es decir, la desigualdad provocada por el reparto de los riesgos no asume en sí misma la lucha de clases, pues, el regente de una discoteca puede verse más afectado que el empleado de un supermercado. Asimismo, aquellas personas que no pueden teletrabajar o que viven en la periferia de las ciudades se ven obligadas a someterse a un peligro mayor que el resto de la población.

En consecuencia, la afección dispar de la pandemia de la COVID-19 evidencia una nueva lógica en el reparto de las desigualdades que supera a la económica y de clases propia de los siglos precedentes. De este modo, la labor legislativa debe centrarse en proteger a los colectivos más vulnerables, redistribuyendo el riesgo, al igual que se redistribuye la riqueza. Sin embargo, las políticas contra la inseguridad son impuestas por tecnócratas, en ocasiones anónimos, que en nombre de la cientificidad determinan qué es soportable y que no, ocultando los intereses que condicionan sus decisiones y perturbando el correcto funcionamiento del sistema democrático.  Es por ello, que a menos que tomemos el control sobre los riesgos, seguiremos jugando a la ruleta rusa que nosotros mismos hemos activado.

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