Entra en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario, envuelta en promesas y críticas
Entre clase y clase, el café de estudiantes y profesores ya se ve acompañado de un eco sordo que vaticina las futuras consecuencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta orden del ministro Joan Subirats, aprobada en marzo, se hizo vigente el pasado 12 de abril, originando un ecosistema inquieto, quizá distópico.
El Gobierno se comprometió, varios años atrás, a reformar el sistema universitario para poder recibir los fondos de recuperación europeos, lo que fue el preludio a una reforma que deja obsoleta la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, que se aplicaba hasta el momento.
Un texto extenso en comparación a sus predecesores, tanto que, de hecho, sorprende, ha polarizado las opiniones sobre el futuro de las universidades españolas. Una falta de consenso que no deja a nadie indiferente. No siempre llueve a gusto de todos, o eso dicen.
La LOSU ha concedido un máximo de 2 años a las universidades públicas para «aprobar sus nuevos Estatutos y constituir el Claustro y el Consejo de Gobierno, de acuerdo con este nuevo modelo de gobernanza». Pero mantened la calma, no hay presión. El texto permite a cada universidad autogobernarse y determinar su estructura particular.
Suena bien. Me recuerda a los proyectos en equipo en los que cada componente elabora su parte sin consultarla con el resto. Según Subirats, la diversidad de dimensiones y objetivos entre las universidades es demasiado notable como para someterlas al mismo modelo. 17 sistemas cada vez más lejanos. Habrá que apoyar la autonomía, supongo. Aunque nos llevemos por delante la equidad.
La ley consiguió salir adelante gracias a los 182 votos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unidas Podemos, Más País, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Coalició Compromís, Teruel Existe, la Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDCAT). Sin duda, ciertos prismas nacionalistas quieren autonomía, bien de autonomía.
Una de las cuestiones más espinosas de esta nueva disposición es la financiación que tendrá el sector universitario a partir de ahora. Según la norma, «el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública, permitiendo la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea». Todo ello, se supone, para terminar con la situación precaria del personal docente.
Esto se acompaña de un marco de evocación a la transparencia y la implantación de un sistema de contabilidad analítica. Ética e integridad por encima de todo. Sin embargo, opiniones como la de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, nos devuelven la sensación que produce una ley dilatada, tediosa y vacía. Una declaración de intenciones con pies de barro y un fondo cuestionable.
Según Villamandos, invitado el pasado 14 de abril a un acto en la Universidad de Alcalá de Henares, ese 1% mencionado que vendría de los presupuestos generales del Estado, de las comunidades y de las universidades se pagará en realidad «con las matrículas de los estudiantes». Pero qué importa, siempre podremos llenar el futuro de porcentajes crecientes. Hasta el infinito y más allá, donde quiera que esté.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha rechazado la disposición, por ser de imposible cumplimiento y por desvertebrar el Sistema Universitario Español. Muy lejos de mejorar los problemas de precariedad y endogamia universitaria, la situación en el entorno universitario empeorará a pasos agigantados.
España se comprometió con Bruselas a reducir hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público. Debido a esto fija ese tope para los contratos temporales del profesorado, que en la actualidad requieren entorno al 40%. Con ello se pretende reducir el número de profesores asociados (figura pensada para que profesionales en activo colaboren con la universidad, pero que, con el tiempo, ha funcionado como método barato de cubrir puestos de docencia) y visitantes, convirtiendo esas plazas en indefinidas mediante concurso público.
Además, se crea la figura de profesor permanente laboral, donde se incluirá a los acreditados como contratados doctores. Esto servirá para contratar a investigadores consolidados de manera paralela al sistema funcionarial. La Federación de Jóvenes Investigadores avisa del peligro de esta medida, pues temen que se tergiversen los concursos públicos y no se otorguen las plazas en función de los principios de igualdad, mérito, capacidad. Además, se frenará la movilidad, multitud de profesionales perderán su puesto, y muchos alumnos, a grandes profesionales. Aunque imagino que, a estas alturas, eso ya no importa.
También se ha añadido a la orden la necesidad de crear unidades de igualdad y diversidad y servicios de orientación psicopedagógica y profesional con el fin de «crear una carrera estable, predecible y con condiciones laborales dignas». Que detalle.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario es una normativa que parece haber dejado fuera a profesores, estudiantes, investigadores y personal de la comunidad educativa… Sustento principal del sistema. Perdiendo, así, todo el significado que la palabra «universidad» alberga, más allá de la burocracia.
