Hacemos un recorrido por las frases más históricamente enrevesadas de mandatarios latinoamericanos
Estas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son un fenómeno aislado. Cada vez más políticos latinoamericanos están rellenando sus discursos con frases descabelladas y mentiras sobre el papel de España en América. Usaremos testimonios de la época para tratar de llegar a la verdadera historia sin lecturas partidistas.
Nicolás Maduro: «Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia moderna. Jesús fue un joven palestino. Cuando fue crucificado por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban la zona, murió como un hombre palestino, resucitó como un espíritu palestino»
La mención de estas irrisorias y desafortunadas declaraciones del presidente venezolano tienen la exclusiva intención de caracterizar lo que tristemente se ha abrazado como una práctica política recurrente en el continente americano. Máximas como la que nos ocupa demuestran la fijación, casi patológica, de determinados lideres americanos con respecto a la historia de España. La alusión continuada a la intervención de la corona española en tierras americanas se emplea como una maniobra de distracción con el fin de esconder bajo la alfombra sus propias debacles domésticas.
La desgranaremos poco a poco para después aportar una visión proveniente de ese “oscuro y malévolo” Imperio Hispánico en el que, corrientes de pensamiento como la de la Escuela de Salamanca se adelantaron siglos y siglos al pensamiento de su época.
Primero de todo, no hay que tener hondos conocimientos históricos para conocer que, Jesús de Nazareth, no perteneció a la Edad moderna puesto que esta comenzó en el siglo XV y se estima que él murió en el año 33 d. C. Siguiente punto, denominarle como un “joven palestino” significa caer en un anacronismo, ya que, si bien habitó en la zona que hoy viene a llamarse Palestina, esta denominación no existía ni remotamente en el siglo I. El título de Jesucristo como “el primer antiimperialista”, es un grandísimo ejemplo de interpretación ideológica, sesgada y anacrónica de la vida de un personaje histórico. Simplemente absurda, subjetiva y carente de fundamentos.
Centrándonos ahora en el Imperio Español – ese que, según el presidente Maduro, crucificó a Jesucristo –, debemos conocer qué significa esta denominación. El término “Imperio Español” y sus derivados es un concepto moderno y retrospectivo empleado para englobar las actuaciones y posesiones de la corona española desde finales del siglo XV hasta el XIX. Tampoco se precisa, entonces, el graduado en Historia para advertir que afirmar que el Imperio Español crucificó a Jesucristo es absurdo, a falta de un adjetivo de mayor contundencia. Apuntemos entonces que, la autoridad política que regía sobre las tierras habitadas por Jesús de Nazareth, era el Imperio Romano, extinta su parte occidental en el año 476, ni remotamente cercana al concepto moderno de España
Domingo de Soto, pensador castellano del siglo XVI, defendía que la verdad debe buscarse con la luz de la razón. Si queremos comprender nuestra historia debemos hacerlo con la razón y la justicia de la mano y, de ninguna manera, con intereses ideológicos o partidistas. La absurdidad manifestada en estas declaraciones es, como bien apuntábamos antes, la constatación de una práctica demasiado común en la política latinoamericana, consistente en arrojar al debate público máximas infundadas, erróneas o, directamente, artificiales sobre el papel de la Corona Española en América para esconder las faltas que día a día penalizan a su población.
Hugo Chávez: «hace 500 años, desde Madrid imperial salió la orden: ‘Que se callen’ […] Sólo así los callaron. Los descuartizaron, los picaron en pedazos y colocaron sus cabezas en estacas a la entrada de los pueblos, por los caminos. ¡Ése fue el imperio español aquí!»
Comencemos, si la única intención de la monarquía hispánica en América era el saqueo, la destrucción y el silencio de los indígenas, hagamos un recorrido para confirmar esta información. En 1492 en la ciudad de Salamanca, Elio Antonio de Nebrija, presentó a la reina Isabel la Gramática de la lengua castellana, la primera estructuración gramática de una lengua moderna. Esto es ampliamente conocido, lo que no lo es tanto es que, en 1531, 39 años después, se escribió la segunda, la Gramática de la lengua náhuatl de Fray Andrés de Olmo, misionero franciscano.
Y si la intención de los españoles de la metrópoli que, a propósito, en 1507 no era Madrid, era silenciar a los pobladores de América, ¿por qué ese interés por comprender su lengua y comunicarse con ellos? Tal vez, la intención no fuera silenciarlos. La intención era, por supuesto, la evangelización de los pobladores, pero esto resulta poderosamente difícil si no se conocen su lengua, religión y costumbres. No es propio de un imperio genocida el interés por la comprensión y el reconocimiento de los derechos de sus conquistados.
Francisco Suárez definía la fe como un asentimiento libre de la voluntad a la verdad divina por imperio de la gracia. Esa connotación de libertad es el concepto en el que más hincapié se hizo desde la Escuela de Salamanca para establecer injusta una evangelización forzosa. Esta debía realizarse mediante la comprensión del otro y la voluntad de convencer. Por esto, era preciso comprender las lenguas de los pobladores e instruirlos. Si el propósito es únicamente el silenciar y asesinar, ¿por qué habrían entonces fundado, ya en 1538, la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo? Numerosas escuelas fueron fundadas en América para la instrucción de sus pobladores. ¿Enfocadas desde el punto de vista religioso? Sí, desde luego, ninguna diferencia, en este caso, a la educación en la península.
Vemos, en este nuevo ejemplo de lectura partidista, demagogia histórica y atrevimiento cultural, esa intención por erigir una imagen parcial y oscurantista de la historia de España que, por supuesto, es también parte de la historia de América, sobre todo porque en muchos momentos de su recorrido fue ampliamente más próspera que la península; como delata la bancarrota en la que se vio inmerso Felipe II. Pretendía el expresidente Chávez proponer que, todas las consecuencias del paso de la corona española por suelo americano, significaron expolio, masacre y silencio, olvidando tal vez el apogeo cultural, educativo, legislativo y económico que experimentó el llamado “nuevo mundo” en la época del virreinato.
Gustavo Petro: «liberarse del yugo español, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad […] El ejército libertador fuese más poderoso que el Ejército del yugo»
Proclama el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que el Imperio español fue un régimen de esclavistas que condenaba al hombre negro. Será desconocedor de que el día 20 de julio de 1500, por medio de una Real Provisión, Isabel la Católica prohibió la esclavitud en las indias. Sí, sí, tan sólo 8 años después del descubrimiento. Para hacernos una idea, la famosa EEUU, ama de la libertad y el bienestar abolió la esclavitud en el año 1863, por su parte, Gran Bretaña, lo hizo en 1833 – compensando económicamente a los esclavistas – y, finalmente, la República de Colombia, bajo el mandato de José Hilario López, decretó la prohibición en 1851. Por si esto no fuera suficiente, hablaremos de las Leyes de Burgos de 1512.
Las leyes de Burgos proceden de una reunión de teólogos y juristas convocada por Fernando el católico. Son entendidas por numerosos autores como el primer ejemplo de legislación parecida a lo que, cuatro siglos más tarde, será la Declaración universal de los derechos humanos. Estas leyes establecían que el indio tenía el carácter jurídico de un hombre libre, con todos los derechos de propiedad, no podía ser explotado, pero como súbdito debía trabajar para la corona a través de los españoles que allí se establecieron, para lo cual se crearon dos instituciones indianas: requerimiento y encomienda. Y proclama explícitamente que el «buen tratamiento y conservación de los indios importa más que cualquier otro interés particular ni general».
Otro tanto podríamos hablar de la Junta de Valladolid (1550), cuyo principal protagonista, Bartolomé de las Casas, fue instruido en la Universidad de Salamanca para después partir a las Indias. El fraile sevillano se enfrentaría dialécticamente a Ginés de Sepúlveda, partidario de la guerra contra los indios y la tutela total de los españoles sobre estos. De las Casas, heredero de los pensamientos de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, proclamaba que «Si son hombres, tienen todos los derechos: el derecho de vivir, de vivir en libertad, de poseer bienes y territorios, el derecho de gobernarse, de conservar sus tradiciones, sus costumbres, de practicar su religión, así como de ser invitados con toda dulzura, persuasión y bondad a abrazar libremente el evangelio».
La llegada a una dimensión práctica de estas medidas es discutible hasta cierto punto, por supuesto, pero lo que resulta poderosamente sorprendente es que, ya en el siglo XVI, hubiera quienes, desde el seno de una potencia militar, alzaran sus voces para evitar el atropello de los derechos del hombre.
También resulta curioso que, en el país que, Gustavo Petro, preside en el siglo XXI y no en el XVI, según datos de Comisión de la verdad, el 37,5% de los ciudadanos afrocolombianos hayan sido desplazados por la violencia a la que están expuestos en sus entornos, por poner un ejemplo. No queremos dejar de centrarnos en el análisis histórico. Ciertamente durante el periodo virreinal sucedieron atrocidades y, sin querer justificarlas, hemos de analizarlas en su contexto, puesto que, si escrutáramos la historia con nuestra lupa moral – evolucionando esta a lo largo de los siglos – no quedaría un solo individuo ético sobre la tierra. Hemos de saber señalar las injusticias cometidas, pero sin faltar por ello a la verdad.
López Obrador: «Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos»
Comenzaremos hablando de la potestad eclesiástica, puesto que el Vaticano ya se pronunció sobre este asunto declarando que las bulas papales promulgadas en los siglos XV y XVI atropellaron a los pueblos originarios, aunque reconocen que, ya en 1537, la bula, Sublimis Deus, protegía sus intereses. Se trata de un paso en favor del reconocimiento de los abusos en América, pero ha sido realizado en 2023, cuando ya en el siglo XVI, en su De potestate Ecclesiae, Francisco de Vitoria, fraile y, por tanto, miembro de la Iglesia Católica, reconocía que ni el Papa ni la Iglesia tenían potestad temporal en este mundo, es decir, que no poseían ninguna legitimidad para determinar quién debía regir sobre quién y qué tierras le correspondían a cada uno.
Cuando, en 1519, Hernán Cortés arribó a la Isla de Cozumel, parte de lo que más tarde será conocido como México, su rey era Carlos I de la Casa de Habsburgo y su reino Castilla. Pues bien, en 2019, a cinco siglos, diecinueve reyes, tres dinastías, ocho constituciones, una unificación fáctica en 1716 y numerosas reconfiguraciones territoriales de distancia, el rey Felipe VI tiene que verse en la tesitura de si pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos en América. Unas violaciones, como las que se pudieron cometer contra los aztecas en la Toma de Tenochtitlán, en la que pueblos originarios como los tlaxcaltecas pelearon del lado de los europeos.
Que el rey de España pida disculpas resulta absurdo, primero porque no tiene autoridad para hacerlo, puesto que es rey de un país que, en el siglo XVI no existía. Y, en segundo lugar, puesto que juzgar un periodo histórico con un código ético contemporáneo es, a su vez, ridículo, así como lo es reducir una historia multifacética y compleja a una narrativa polarizada de víctimas y verdugos.
Siguiendo con los mencionados derechos humanos a los que alude López Obrador, veremos cuál es su procedencia. Debemos distinguir entre derecho natural y derecho de gentes que, si bien pueden tener cimentaciones en autores como Aristóteles o Tomás de Aquino, obtienen una formulación clara y concisa con las ideas de Francisco de Vitoria y demás pensadores de la Escuela de Salamanca. Se puede considerar al derecho natural una teoría de naturaleza jurídica y ética que propone la existencia de una serie de normas y principios fundamentales que son inalienables al individuo y pueden ser descubiertos mediante el uso de la razón. Estos son inmutables, universales y deben ser aplicados a toda persona en todo momento.
Por su parte, el derecho de gentes, actualmente englobado dentro del derecho internacional público, constituye el conjunto de principios normativos que rigen sobre las relaciones entre los estados y las distintas asociaciones internacionales. Su finalidad es esclarecer qué parámetros han de regular la conducta entre actores internacionales. Domingo de Soto, Francisco Suárez o el propio Vitoria afirmaban que estos principios se basan en el derecho natural, como es el respeto a la libertad, la propiedad y la vida. Reconociendo también el derecho de cada pueblo a la soberanía, es decir, a elegir a sus propios gobernantes. Si bien la idea de una “guerra justa” se contemplaba dentro de estas normas, el interés de estos pensadores era la ininterrumpida interacción pacífica y justa entre los estados.
Aunque muchas fechas estén relacionadas con la progresiva declaración de derechos sobre el individuo – Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776), Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789) o la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) -, todas ellas parecen beber generosamente de los preceptos formulados, ya en el siglo XVI, por los pensadores de la Escuela de Salamanca. Significando esto que, sin intención de hacer un resumen demasiado simplista, mucho del mérito derivado de la actual existencia de unos derechos universales recae en la labor de autores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez. Podemos concluir entonces que, dentro de una misma entidad histórica, como es un imperio o un estado, encontramos multitud de relieves y ejemplos, tanto de atrocidades como de avances inimaginables, y, así, resulta injusta cualquier reducción unidireccional de la historia.
Conclusión
Desde el siglo XX y, hasta nuestros días, se ha venido desarrollando una corriente cultural y política enfocada en el escrutinio y enjuiciamiento ético de acontecimientos sucedidos siglos atrás. Es sobre todo muy común en ciertas tendencias políticas – con mayor o menor componente indigenista– que, numerosos líderes y jefes de estado latinoamericanos actuales realicen precipitadas, desafortunadas o, directamente, engañosas críticas, no en contra del actual Reino de España, sino contra aquellos que poblaron nuestras y sus tierras desde el siglo XV hasta el XIX.
Estas máximas se nos presentan repletas de relativismos morales, inconcreciones históricas y unas declaraciones que vienen, más o menos, a definir a la Historia como un simple juego de perspectivas, donde los sentimientos posteriores valen más que los datos contrastados. Bajo el slogan de que, tristemente, la Historia la escriben los vencedores, en lugar de proclamar inequívocamente que deben de escribirla los historiadores, terminan por justificar que la Historia deben escribirla los «perdedores».
La historia de América, entre los siglos XV y XIX, forma parte de la historia de España y viceversa. Intentar verla con una óptica de diferenciación, reparto de responsabilidades y culpas tiene unos motivos muy claros. Resulta tristísimo utilizar una historia compartida como una manera de agredir y censurar al otro. Se puede leer la historia de maneras diferentes, debemos de buscar la justicia en su análisis, pero no se pueden cortar artificialmente los lazos que nos unen.
