Según el artículo 47 de la Constitución Española “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Aunque en pleno siglo XXI parece que en España este artículo simplemente queda plasmado en un cuadernillo del que nadie es capaz de poner práctica, mucho menos para los jóvenes.
Según el INE en 2022 por cada 100.000 habitantes había 86,6 personas sin hogar. Por lo que estas cifras nos hacen deducir que en España ese artículo aprobado el 31 de octubre de 1978 simplemente se ha quedado en papel más que en derecho.
Tras un 2023 protagonizado por la inflación, la vivienda no se ha quedado atrás llegando a precios desorbitados a los que miles de españoles no llegan. Según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda se sitúo en el 6,3%. La variación anual de la vivienda nueva fue del 10,1%, y la de segunda mano del 5,7%, mientras que los precios de la vivienda subieron un 2,6% respecto al trimestre anterior. Cifras aterradoras para una España en la que tener una vivienda se puede considerar más como un lujo que como un derecho.
Tras estas cifras es hora de que nos preguntemos hasta dónde vamos a llegar. Hasta donde va a llegar el país que hace unos años se podía considerar el de las oportunidades, el del empleo, el de la seguridad, el de los derechos… y un sin fin de cualidades que podría seguir nombrando, pero que desgraciadamente ya no atribuyendo a nuestro territorio.
Ahora mismo podríamos asegurar que es más fácil buscar una aguja en un pajar que una vivienda digna en España. Y es que según los datos proporcionados por Eurocast, en 2021 la edad media para independizarse rondaba los 29,8 años y es que en 2024 esta cifra no desciende, ni siquiera se mantiene, simplemente continúa creciendo y creciendo sin límite aparente. Y la pregunta debería residir en cómo independizarse, si en la actualidad la vivienda se come entre un 40 y un 60% del salario de la mitad de los españoles.
Hablamos en España de una baja natalidad situándonos en 1,19 hijos por mujer, cifras aterradoras para un país con una población cada vez más envejecida. Pero pocos se han llegado a cuestionar cómo se va a elevar la natalidad en un país en el que es casi imposible independizarse del hogar paterno antes de los treinta, en un país en el cual tras finalizar tus estudios a lo único que pueden aspirar sus ciudadanos es a un trabajo precario que no les alcanza ni para dar la entrada de un piso de 40m2. No podemos intentar buscar soluciones al resto de problemas que existen en nuestra nación si no somos capaces de resolver uno de los más importantes, que además reside como un derecho fundamental en nuestra Constitución, como es el derecho a una vivienda digna, sin tener que depender una vez más de la ayuda paterna.
Todos recordamos los famosos avales hipotecarios prometidos por el presidente Sánchez en las elecciones pasadas, unos avales que prometían hasta un 20% de la hipoteca para jóvenes y familias con rentas bajas, unos avales que tras un año de su promesa todavía tiene dificultad a la hora ya no de concederlos, sino simplemente de solicitarlos. En un país en el que es imposible encontrar cómo pagar una vivienda los trámites burocráticos y las promesas vacías siguen siendo el eslogan del juego de todos los políticos que forman el abanico parlamentario de nuestra nación. Mucho predicar en campaña electoral pero poco facilitar esas viviendas dignas que predica nuestra Carta Magna.
Desgraciadamente los datos de nuestro país nos muestran cómo la consigna ya no solo de nuestro presente, sino también de nuestro futuro, está compuesta por la precariedad laboral, la inflación y la falta de vivienda sin precedentes. En un país en el que la palabra «jóvenes» parece que queda relegada a la nada, son estos mismos jóvenes los que se levantan a las cinco de la mañana a trabajar por un sueldo que ni les cubre las necesidades básicas de cada ser humano. Si nos fijamos en la Pirámide de Maslow, más de un cuarto de nuestra población no es capaz ni de pasar al segundo nivel, quedándose en el primero a duras penas.
Y no sé si estás cifras dejan indiferente a cada una de las una de las butacas que conforman nuestro parlamento, pero de lo que desgraciadamente cada vez estamos más seguros los españoles es de que no podemos seguir pagando con nuestro sueldo las viviendas oficiales de los ministros que ni siquiera proporcionan a su población medidas y ayudas para lograr poder pagar una vivienda digna antes de los treinta. Y ni siquiera la suficiente oferta de viviendas de protección oficial.
En definitiva, las oportunidades cada vez son más escasas y las soluciones más lentas en un país en el que la palabra, “joven”, “vivienda”, “independencia” y “autonomía” cada vez carecen más de conexión semántica.
