La presión por las llegadas irregulares a la ciudad autónoma reabre el debate sobre la soberanía, la seguridad fronteriza, la geopolítica y la necesidad de una política de Estado
Hablar de lo que está ocurriendo en Ceuta exige hacerlo con responsabilidad. No estamos viviendo únicamente una crisis migratoria. Estamos ante una crisis de soberanía, de seguridad y de enorme complejidad geopolítica que merece ser analizada con serenidad, con información y alejándonos del ruido político y de la propaganda.
Una frontera estratégica, no una frontera cualquiera
Lo primero que conviene recordar es que Ceuta no es una frontera cualquiera. Es territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y uno de los puntos estratégicos más sensibles del continente. Cuando una entrada masiva de personas consigue colapsar los recursos policiales, militares y humanitarios, ya no estamos únicamente ante un fenómeno migratorio, sino ante una situación que afecta directamente a la capacidad del Estado para controlar su propia frontera y garantizar su soberanía y, por ende, ante una violación flagrante de la soberanía territorial española.
España tiene la obligación de proteger sus fronteras. Defender la soberanía nacional no es una cuestión ideológica, sino una responsabilidad constitucional. Cualquier Estado democrático tiene el deber de controlar quién entra en su territorio, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ofrecer una respuesta ordenada y conforme al Derecho.
Las mafias y el uso de la migración como herramienta de presión
Ahora bien, esa defensa de la soberanía tampoco puede hacerse señalando como culpables a quienes cruzan la frontera. La inmensa mayoría de esas personas son utilizadas como instrumentos por redes criminales y mafias que se enriquecen con el tráfico de seres humanos. Son personas que, en muchos casos, huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades o simplemente buscan un futuro mejor. Los verdaderos beneficiarios de estas tragedias son quienes organizan esos desplazamientos y quienes convierten a miles de seres humanos en herramientas de presión política.
Precisamente por eso resulta especialmente preocupante que las autoridades marroquíes conocieran el riesgo de una avalancha migratoria y no actuaran con la rapidez necesaria para impedirla. Esa falta de respuesta permitió que la situación evolucionara hasta convertirse en una crisis de gran magnitud.
Diversos analistas han señalado que una actuación más temprana de las fuerzas de seguridad marroquíes podría haber reducido significativamente el número de personas que intentaron cruzar la frontera. Desde esta perspectiva, no resulta inverosímil plantear que Rabat aprovechara un contexto de especial vulnerabilidad para aumentar su capacidad de presión sobre España. De ese modo, habría obtenido un mayor margen de negociación en cuestiones estratégicas como la cooperación migratoria, la financiación europea o el conflicto del Sáhara Occidental.
Un tablero geopolítico mucho más amplio
También es cierto que las relaciones entre España, Marruecos y Argelia (enemigo político de Marruecos) forman parte de un contexto geopolítico mucho más amplio, marcado por intereses energéticos, económicos, diplomáticos y de seguridad.
Cabe relacionar esta crisis con el reciente acercamiento de España a Argelia el pasado 20 de julio y recuerdan que un episodio de fuerte presión migratoria ya se produjo en 2021 tras la decisión del Gobierno español de acoger al líder del Frente Polisario, hecho que provocó un importante deterioro de las relaciones con Marruecos. Estos antecedentes muestran que las tensiones diplomáticas pueden coincidir con episodios de presión en la frontera, aunque no permite establecer automáticamente una relación de causa y efecto.
En este escenario también adquiere relevancia el papel de Estados Unidos. Durante la presidencia de Donald Trump, Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Esta decisión reforzó notablemente la posición internacional de Rabat y consolidó la alianza estratégica entre ambos países.
El reconocimiento se enmarcó en los denominados Acuerdos de Abraham. En ese contexto, Marruecos normalizó sus relaciones con Israel con el respaldo de Washington. Desde entonces, la cooperación entre Estados Unidos y Marruecos en seguridad, defensa e inversiones ha continuado fortaleciéndose. Esto ha situado al reino alauí como uno de los principales aliados estadounidenses en el norte de África. Hace solo unos días, el Rey de Marruecos anunció que la autovía en construcción hacia el territorio ocupado del Sáhara llevará el nombre de Donald Trump.
Memoria a corto plazo de algunos socios europeos
La reacción de Italia y Finlandia ante la crisis migratoria de Ceuta resulta difícil de entender desde la perspectiva de la solidaridad europea. España lleva años siendo una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea y ha afrontado numerosos episodios de presión migratoria con el respaldo, en muchas ocasiones insuficiente, de sus socios.
Además, los datos muestran que Italia continúa recibiendo un volumen de llegadas irregulares superior al español, por lo que sorprende que algunos dirigentes italianos opten ahora por un discurso de confrontación en lugar de cooperación.
La memoria parece haber durado poco. Cuando Italia sufrió la grave crisis migratoria de Lampedusa en 2023, España no respondió con amenazas ni con gestos políticos de distanciamiento. Al contrario, apoyó las iniciativas europeas para ayudar a Roma a gestionar una situación extremadamente compleja. Por eso, que ahora se planteen medidas o declaraciones dirigidas a aislar a España transmite una imagen de egoísmo político y de escaso compromiso con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida que sustentan el proyecto europeo.
Además, conviene recordar que ningún Estado miembro puede «cerrar el espacio Schengen» de forma unilateral. El Código de Fronteras Schengen permite, en circunstancias excepcionales, restablecer temporalmente controles en las fronteras interiores, pero siempre bajo condiciones, con límites y sin suspender el funcionamiento del espacio Schengen en su conjunto.
Presentar este tipo de anuncios como una solución inmediata responde más a una estrategia de impacto político que a una medida realmente eficaz. Alimentar mensajes simplistas sobre un problema tan complejo favorece la polarización y la demagogia, en lugar de impulsar una respuesta europea basada en la cooperación, la legalidad y la responsabilidad compartida.
El peligro de la desinformación
Igualmente importante es evitar caer en la desinformación. En los últimos días han circulado multitud de publicaciones, vídeos y opiniones de personas con miles de seguidores que hablan con absoluta seguridad sobre cuestiones extremadamente complejas sin aportar fuentes verificables. La geopolítica, la inmigración y la seguridad nacional no pueden reducirse a vídeos de un minuto o a mensajes virales en redes sociales. Los influencers tienen derecho a opinar, como cualquier ciudadano, pero tienen la responsabilidad de no presentar como certezas aquello que únicamente son especulaciones.
Debemos ser especialmente cuidadosos con la propaganda. En cualquier crisis de esta magnitud aparecen narrativas simplistas que buscan dividir a la sociedad, enfrentar a unos ciudadanos con otros o utilizar el miedo como herramienta política. La polarización beneficia a quienes desean debilitar la confianza en las instituciones democráticas y convertir una crisis compleja en un arma electoral.
Una política de Estado para una cuestión de Estado
Hay una cuestión que parece difícilmente discutible: España necesita reforzar mucho más la protección de Ceuta y Melilla. Es imprescindible aumentar los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y, cuando las circunstancias lo exijan, la colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar que ambas ciudades autónomas dispongan de recursos suficientes para responder a situaciones extraordinarias. Proteger Ceuta y Melilla significa proteger también la frontera exterior de la Unión Europea.
Conviene distinguir entre hechos, hipótesis y opiniones. Defender la soberanía española, exigir responsabilidades políticas y reclamar más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es perfectamente compatible con perseguir con contundencia a las mafias que trafican con personas. También lo es con rechazar los discursos xenófobos y recordar que quienes cruzan la frontera no dejan de ser seres humanos.
España necesita una auténtica política de Estado para Ceuta y Melilla. Una política basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y la lucha contra las mafias. También en la defensa firme de la soberanía nacional y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Porque una democracia fuerte no solo protege sus fronteras; también demuestra su fortaleza cuando es capaz de hacerlo sin renunciar a los principios que la sustentan.
