Ineficacia política crónica junto a una terrible evolución demográfica conforman el cóctel molotov perfecto
Como cada lunes durante los últimos 6 años, decenas de pensionistas españoles se reúnen en los ya famosos “lunes al sol”: una manifestación en la calle Sol de Madrid para reivindicar una mejora en las condiciones de sus pensiones. Las protestas, organizadas por COESPE y COORPENMADRID, vienen con un suplemento especial: el tercer miércoles de cada mes terminarán la movilización frente al Congreso de los Diputados. En el calendario tienen marcadas dos fechas clave: el 31 de septiembre, por su cercanía al Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre) y la más multitudinaria, el 26 de octubre.
Entre sus reivindicaciones encontramos una revalorización anual de las pensiones en función del “IPC real”, una subida de la pensión mínima hasta el nivel del Salario Mínimo Interprofesional, una auditoría pública de la Seguridad Social y acabar con la brecha de género en materia de pensiones. También muestran un frontal rechazo a la “privatización de las pensiones públicas”. En un reciente manifiesto, el colectivo Unidad de Acción Pensionista advierte de que «la dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora”. Pero, ¿cómo de realista es este derecho?
La insostenible situación actual: las pensiones como esquema Ponzi
Las pensiones españolas se basan en un sistema de reparto, es decir, cada generación de trabajadores paga las pensiones de las generaciones anteriores de jubilados. Este sistema funciona especialmente bien cuando hay un gran número de trabajadores para sostener a unos pocos jubilados, pero cuando la pirámide poblacional se invierte, el sistema se tambalea. La manera en la que está configurado el sistema público de pensiones español lleva a muchos a pensar que se trata de un esquema Ponzi: una variante de estafa piramidal en la que el dinero que aportan los nuevos entrantes se utiliza para pagar a los antiguos inversores, pero una vez se detiene el flujo de nuevos inversores, el sistema de desmorona.
Si observamos únicamente las cifras comparadas de los últimos veinte años, apenas se habría aumentado la tasa de dependencia (la relación entre la población de más de 64 años y la población en edad de trabajar): del 24,8% en 2004 al 30,9% en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos nos conducen a una percepción de falsa tranquilidad cuando el verdadero problema está por llegar.
La generación conocida como el “baby boom” (nacidos entre 1958 y 1975), en los próximos años entrará en la edad de jubilación, lo cual se traducirá en que cada vez habrá menos trabajadores para sostener a un mayor número de pensionistas. Según datos de la Seguridad Social, el 50,1% de los actuales afiliados tienen más de 45 años. El horizonte de las pensiones en España no se vislumbra especialmente halagüeño.
Todas las previsiones (Banco de España, AIRef, INE) coinciden en que para el año 2050 el número de pensionistas aumentará alrededor de un 63%, pasando de poco más de 9 millones de pensionistas en la actualidad a la draconiana cifra de 15 millones de pensionistas. El escenario más optimista, el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), prevé que para 2050 el número de cotizantes en España se situará en 19 millones (en la actualidad son 21 millones), mientras que otros estudios lo sitúan entre 15 y 13 millones. Esta significativa reducción se debería principalmente a que a medida que los cotizantes actuales envejecen, se convierten en pensionistas. Lo que equivaldría pasar de 2,3 cotizantes por pensionista (actualidad) a 1,3 cotizantes por pensionista (2050). En la peor de las previsiones, la del INE, habría solo 0,8 cotizantes por pensionista, es decir, habría más pensionistas que cotizantes.
Lo más probable es que la realidad se encuentre a caballo entre ambas estimaciones, lo cual seguiría siendo un escenario espeluznante. Recordemos que en la actualidad, y en términos de sostenibilidad financiera, la pensión media que la Seguridad Social podría abonar equivale al 53% del salario medio. Para 2050 este dato desciende al 24% del salario medio. Una reducción de más de la mitad.
Si no aumentamos las cotizaciones a la Seguridad Social, ni recortamos las pensiones, lo que sucederá es que la Seguridad Social tendrá que endeudarse de una manera considerable. Según el reciente Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, para 2050 el gasto en pensiones en España sobre el PIB se verá incrementado en más de 3 puntos porcentuales respecto a las cifras de 2023, llegando al 17,3% (teniendo en cuenta la reforma de las pensiones 2023).
El gasto en pensiones sobre los Presupuestos Generales del Estado no ha hecho más que ascender de manera exponencial, de unos 80.000 millones de euros en 2005 a más de 180.000 millones en 2023. Unas pensiones que se han llevado el 45% del aumento de la recaudación en las dos últimas décadas, situando a España a la cabeza del ranking europeo.
¿La inmigración como respuesta?
De acuerdo con el supuesto del INE, el 40% de la población en edad de trabajar en el año 2053 nacerá fuera de España. Es decir, que para que la tasa de dependencia (en este caso calculada entre la población de más de 66 años y la población en edad de trabajar) «solo» se dispare del 28,7% al 47,5% en 30 años, necesitamos un fortísimo flujo de inmigración a nuestro favor, un flujo que no está, ni mucho menos, garantizado. Si solo tenemos en cuenta a la población nacida en España, la tasa de dependencia se ubicaría casi en el 80%.
¿Y cuántos inmigrantes necesitaríamos en 2053 para conseguir que la tasa de dependencia no aumentase respecto a sus niveles actuales? El Banco de España es claro con la cifra: necesitaríamos la entrada de 37 millones de inmigrantes.
Aunque algunos confíen en un estallido de la natalidad autóctona española, el plazo para que este mecanismo funcione es extremadamente corto. Como señaló el economista Juan Ramón Rallo; “salvo que en la próxima década presenciemos el mayor estallido de la natalidad, en todos los tramos de edad, de nuestra historia (del orden de 4 o 5 hijos por mujer en edad fértil), no conseguiremos estabilizar, o ni siquiera frenar sustancialmente, la fuerte subida esperable de la tasa de dependencia“.
En contra de la creencia popular, tampoco la sostenibilidad financiera del sistema actual de pensiones se regenerará creando suficiente empleo. “Alcanzar el pleno empleo tan solo serviría para compensar una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico” señalaba el economista y sub-director de Fedea, J.Ignacio Conde-Ruiz.
Pero es que los fuertes flujos migratorios no son, ni mucho menos, la panacea. El primer problema es que no tenemos ninguna garantía de ser capaces de atraer y de asimilar a una cantidad semejante de inmigrantes. Segundo, no todos ellos conllevan el mismo saldo fiscal. Como muestra un estudio de Financial Times elaborado a partir de los datos del OECD, los inmigrantes en los países anglosajones tienden a ser contribuyentes netos, mientras que en otros países europeos son consumidores netos de los recursos del Estado. Es decir, el perfil de inmigrantes que atraemos podría recibir más prestaciones estatales que aquellas que repone vía impuestos. Lo cual no garantizaría el equilibrio fiscal.
Y por último habría que tener en cuenta la dificultad añadida de los efectos no fiscales de esos flujos migratorios. Estamos hablando de retos culturales, sociales y políticos. Si no se produce una integración exitosa podríamos llegar a ver visiones muy contrarias a Occidente haciéndose con el poder político. En definitiva, hacer que dependan las pensiones de nuestros mayores presentes y futuros de variables tan imprevisibles como los flujos migratorios masivos es una mayúscula irresponsabilidad financiera.
La reforma de las pensiones de Escrivá
Hace menos de año y medio conocíamos la reforma de las pensiones que iba a ejecutar el Gobierno de España con el beneplácito de Bruselas y de los sindicatos nacionales. Esta reforma venía de la mano del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España). La apuesta era clara: cargar principalmente a los trabajadores con el ajuste del sistema de pensiones, aumentando significativamente los impuestos y las cotizaciones sociales.
Las reformas suponen una subida progresiva de las cotizaciones sociales hasta el 1,2% para todos los trabajadores para el año 2029, a través del conocido como “mecanismo de equidad intergeneracional”. Aquellos trabajadores que cobren más de 54.000 euros anuales se les irá ampliando la base máxima de cotización hasta que desaparezca. La tercera medida es un “impuesto extraordinario de solidaridad” que se implementará hasta el 6% en 2045 sobre las nóminas de los trabajadores que cobren los más de los 54.000 euros previamente mencionados. Estas iniciativas contra los trabajadores, sumadas al alto gravamen del IRPF en España, podrían producir una fuga de talento en el país.
La situación de las pensiones es tan insostenible que las medidas se quedan cortas, por lo que el Gobierno también ha pactado un incremento automático de las cotizaciones sociales a lo largo de las siguientes tres décadas si sigue habiendo un agujero en el sistema de pensiones. Cada tres años la AIRef estudiará cuál es la situación financiera de la Seguridad Social, y si la entidad considera que no está equilibrada, las cotizaciones sociales de todos los trabajadores subirán de manera automática, sin necesidad de tener que pasar por las Cortes. Este es el acuerdo al que se ha llegado con Bruselas.
En síntesis, todos los trabajadores, pero en especial los más jóvenes y aquellos que perciban más de 54.000 euros anuales, serán los que más sufran el ajuste para pagar la creciente factura del sistema de pensiones.
¿Y de qué manera van a afectar a los pensionistas la reforma de las pensiones? Las principales reformas consistirán en mayores incentivos para retrasar la edad de retiro de los trabajadores, reducción en la jubilación de algunos trabajadores que se dedican a actividades penosas o de riesgo, ampliación del periodo de cómputo, aumento en dos años la edad de jubilación para 2027, colaboración de las mutuas para frenar el aumento en el gasto en bajas laborales y mejoras en las condiciones de la pensión mínima, no contributiva y en las pensiones de las mujeres.
Los políticos saben que tomar medidas duras contra los pensionistas tiene un gran coste electoral
¿Porqué es tan complicado implementar medidas? En la movilización de este miércoles, una de las consignas que más se escuchaba era “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. Estas 7 palabras ejemplifican muy bien a los pensionistas como un grupo de interés no necesariamente ideologizado ni partidista. Según la definición de Salvador Martí i Puig, Doctor en Ciencia Política y de la Adminstración, los grupos de interés son “asociaciones voluntarias que tienen como objetivo influir sobre el proceso político, defendiendo propuestas que afectan a determinados intereses de un sector de la comunidad”. Al no querer ocupar el poder institucional, sino influir en él ejerciendo una presión, muchos autores prefieren denominarlos grupos de presión.
El asunto de las pensiones lleva siendo una patata caliente que los partidos se han ido pasando durante décadas, nadie quiere que le explote encima, es decir, nadie quiere hacerse cargo del elevado coste electoral que supondría hacerle frente. Y este coste electoral no hará más que crecer conforme el número de pensionistas crezca. También la fórmula electoral de España (la ley d´Hondt) aumenta el peso político de los pensionistas, ya que infrarrepresenta a las zonas más pobladas y sobrerrepresenta a las menos pobladas, donde la edad media es muy superior.
A la hora de tomar las decisiones no se tiene únicamente en cuenta la visión de estado, ni el interés general, sino que entra en juego el cálculo político. Al no tener una ideología dominante, la lealtad de los pensionistas descansa en aquel partido que garantice sus pensiones, lo cual dificulta mucho tomar decisiones a largo plazo. Los partidos aprovechan esto para vender ilusiones a los pensionistas presentes y futuros con el objetivo de utilizarlos electoralmente.
Los pensionistas son a la vez, víctimas y victimarios; al ser perjudicados por un sistema insostenible y por no querer implementar medidas para solventarlo. Hasta que el descontento del resto de la población tenga más peso que el de los pensionistas, nada cambiará. Pero tampoco se puede demonizar a los pensionistas por exigir aquello que se les había prometido; muchos no cultivaron lo suficiente sus ahorros personales en aras de la prometida pensión.
Pero si se les puede pedir que entiendan la difícil coyuntura actual, especialmente futura, y que acepten un recorte de las pensiones que pueda hacer más sostenible el sistema. Es una problemática que tenemos que enfrentar todos; no únicamente los trabajadores. A día de hoy, los jubilados (población mayor de 65 años) son el único grupo de edad que ha ganado poder adquisitivo desde la crisis de 2008, con un 6.5%. Según el INE, los grandes perdedores serían los jóvenes (entre 16 y 29 años) con una caída del 11.2%, seguidos por el grupo de entre 45 a 64 años con un 10%, y finalmente, los de mediana edad (entre 30 y 44 años), con una pérdida del 7.5%. La mayor pérdida del poder adquisitivo la sufren los que teóricamente deben pagar las pensiones futuras.
La respuesta la podríamos encontrar en un cambio de sistema
Una posible alternativa al sistema de reparto actual serían los sistemas de capitalización: cada generación paga su propia pensión con ahorros invertidos que luego se convertirán en rentas vitalicias. El sistema de capitalización resolvería los problemas de sostenibilidad financiera asociados al esquema Ponzi. A su vez, mantener ciertos elementos del sistema de reparto como las pensiones asistenciales haría que nadie se quedase desamparado.
La solución podría estar en una progresiva transición hacia un modelo mixto, como sería el exitoso caso de Australia. Por lo que deberíamos exigir progresivos recortes en las pensiones hacia este sistema mixto, pero dejando margen suficiente a los futuros pensionistas para cultivar su ahorro personal, y para eso es fundamental que estén bien informados del futuro que se les avecina.
Según el economista Juan Ramón Rallo, lo que nos depara el futuro es “o un incremento de las cotizaciones sociales o un recorte de la generosidad de las pensiones o un incremento muy sustancial del endeudamiento de la Seguridad Social”. Sostiene que lo más probable es que asistamos “a una combinación de estas tres herramientas para intentar capear la crisis demográfica que se avecina en los próximos treinta años”. Rallo aconseja “reaccionar siendo nosotros quienes preparamos financieramente nuestra jubilación futura y no delegar esa crucial función a un conjunto de políticos cuyo único objetivo es captar votos y mantenerse en el poder, aun cuando arruinen nuestro futuro.”
