La reducción de protección del lobo plantea incertidumbre sobre el cánido en España
La historia de la ganadería extensiva confluye con la del lobo, pero en su coexistencia ambas partes se han convertido en fuerzas antagónicas. Una guerra que se libra en el ámbito legislativo, entre el sector agrario y el movimiento animalista, entre el paisaje rural y el escenario urbanita. Una lucha que divide a la esfera política nacional.
La última tensión ha sido en el Senado este diciembre. La Comisión General de las Comunidades Autónomas ha reunido a varios consejeros del PP relacionados con la materia de medio ambiente y agricultura para abordar la situación del lobo en sus territorios. La tónica general era que la población del lobo está creciendo enormemente y, con ello, el número de ataques al ganado. Además, junto con el PNV han instado al Gobierno que retire al cánido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y que permita a las Comunidades tener la potestad de gestión. De momento la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se ha pronunciado sobre el tema.
El lobo forma parte del LESRPE desde 2021. En él se incluyen aquellas especies que requieran de una protección singular por valor cultural, científico, o ecológico; o bien por su rareza o grado de amenaza. Esto se traduce en que el lobo ibérico es una especie no cinegética –no se puede cazar en el país– salvo en casos en los que las medidas preventivas para proteger al ganado no tengan éxito. Formar parte de este grupo le protege, en principio, de las estrategias y movimientos de Bruselas.
La Unión Europea y el lobo
Desde que el Consejo de la Unión Europea aprobó revisar la protección del lobo el pasado mes de septiembre, el debate sobre la situación del animal se ha reavivado. Los ganaderos demandan que se permita la caza del cánido para proteger al ganado. Los animalistas exigen que se respete al animal. La revisión se basa en cambiar al lobo del Apéndice II del Convenio de Berna (llamado Especies de fauna estrictamente protegidas) al Apéndice III (Especies de fauna protegida). El Apéndice II prohíbe la captura, comercio y muerte de las especies que se mencionan en él, mientras que el de Especies de fauna protegida permite una explotación regulada de las especies que este recoge.
Finalmente, el Convenio de Berna ha ratificado la rebaja de protección este mes de diciembre. La medida entraría en vigor en tres meses, después de la enmienda de la directiva europea. Sin embargo, el lobo ibérico puede respirar tranquilo, de momento, al formar parte del LESRPE. De ahí que la derecha española exija su retirada del Listado.
Las razones europeas
El mundo agrario salió a las calles de Europa durante principios de 2024 para protestar en contra de las políticas concernientes a su sector. Una de sus reivindicaciones giraba en torno a la legislación sobre protección del medio ambiente. Ya en febrero desde Bruselas se realizaron algunas concesiones para rebajar las tensiones que habían sido capitalizadas por la derecha y ultraderecha en un momento de año electoral.
Pero la prensa alemana señala otro antecedente a esta situación: la muerte de Dolly, el poni que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, había cuidado durante 30 años. Sobre el lobo conocido como GW950m en Baja Sajonia pesaba ya una condena a muerte por su implicación en varios incidentes con ganado. La madrugada del 1 de septiembre de 2022 el poni Dolly tuvo la desventura de convertirse en la siguiente víctima de GW950m. Este lobo se encuentra actualmente en paradero desconocido. Von der Leyen en las siguientes semanas mandó a los técnicos comunitarios estudiar el peligro que el lobo generaba en personas y ganado. Desde el Ejecutivo comunitario se niega esta actuación como venganza contra la especie del cánido.
El lobo en España
El máximo esplendor del lobo ibérico ocurrió en el siglo XIX. Su distribución abarcaba entre 212.200 y 317.600 kilómetros cuadrados, lo que se traduce en casi la mitad de la España peninsular habitada por el animal. Sin embargo, la caza casi provoca el final del cánido. El imperio del lobo empieza a desmoronarse con la persecución humana, hasta que en los 70 roza la extinción en la península. Se produce un punto de inflexión que obliga a las autoridades a proteger a la especie, con actuaciones como la ratificación del Convenio de Berna en 1986.
Según los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España contaba en 2014 con 297 manadas de lobo. Acorde a un informe que el lobby cazador Fundación Artemisan ha enviado a la Comisión Europea, en el periodo 2014-2023 la población del lobo ibérico ha aumentado un 26%. Los territorios donde más se concentra el lobo son Castilla y León, Galicia y Asturias. El gobierno castellanoleonés afirma que los ataques al ganado en su comunidad han aumentado un 33% entre 2021 y 2023. El número de cabezas de ganado muertas también lo ha hecho en un 30% en el mismo periodo.
La justicia y el lobo
La Justicia ha apoyado recientemente al lobo en la contienda. El pasado julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó una norma de la Junta de Castilla y León que autorizaba la caza del cánido. El Tribunal se amparó en que mientras que la situación nacional del lobo fuera desfavorable no se podía incurrir en dichas prácticas. Otro movimiento a favor del lobo: este octubre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo el Plan de Aprovechamientos comarcales de lobo en los espacios cinegéticos al norte del Duero del gobierno castellanoleonés entre los años 2019 y 2022. Dicho Plan permitió el abatimiento de 124 lobos en la comunidad autónoma. El TSJCyL ha declarado que sus resoluciones no cuentan con cobertura legal suficiente.
Las medidas preventivas
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid el lobo pierde letalidad. Sus ataques al ganado se han reducido un 67,34% entre 2018 y 2023, de 398 a 130 casos, según datos del gobierno autonómico. Por una parte esto es debido a la implementación de medidas preventivas: pastor eléctrico, vallas, mastines, etc. La Administración madrileña dota de ayudas a aquellos ganaderos que adopten este tipo de iniciativas para evitar los ataques del lobo al ganado. No obstante, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Madrid (UGAMA) denuncia que, de las 90 solicitudes enviadas, 48 han sido rechazadas por falta de presupuesto, unos 100.000 euros. Por otra parte, las comunidades autónomas también ofrecen apoyo económico a los propietarios cuyo ganado haya muerto a causa del lobo.
Los animalistas y ecologistas
Agrupaciones animalistas como PACMA rechazan frontalmente estas ayudas autonómicas, y abogan por que las medidas preventivas se tomen con el dinero propio del ganadero. Por otra parte, Ecologistas en Acción pone sobre la mesa el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la dieta del lobo, que se lleva haciendo desde 2017 en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La investigación demuestra que, en zonas bien conservadas con presas silvestres, el 80% del alimento del lobo es de ungulados (corzo y jabalí), y el porcentaje restante se destina a animales domésticos. Los ecologistas ponen en valor la función de equilibrio del ecosistema que desempeña el lobo.
La guerra entre el ganadero y el lobo no parece que se pueda resolver en favor de uno o el otro. La rebaja de la protección a nivel europeo deja la pelota en el tejado del Gobierno español: este deberá decidir si el cánido se mantiene o no en el LESRPE. Un cambio de gobierno o una fuerte presión de la oposición podría forzar la retirada del animal del Listado. La solución se encuentra en los grises: respetar al lobo como especie silvestre mientras que se defiende el desarrollo de una ganadería extensiva y sostenible. Esto se puede conseguir a través de las medidas preventivas y sus ayudas económicas, que permiten al lobo vivir en paz y que protegen al ganadero y su modelo de negocio.
