Las protestas propalestinas obligan a cancelar la última etapa y desatan un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición
La Vuelta Ciclista a España 2025 cerró su 90.ª edición sin cinta de meta, sin himnos y sin ceremonia de podio. La suspensión de la última etapa en Madrid, provocada por las manifestaciones propalestinas contra la participación del equipo Israel–Premier Tech, ha desencadenado una crisis institucional que va más allá del deporte.
Una jornada marcada por la tensión
La etapa final, prevista para el domingo 14 de septiembre, fue interrumpida a 56 kilómetros de la meta cuando centenares de manifestantes invadieron el recorrido urbano en puntos clave como Atocha, Cibeles, Callao y Paseo del Prado. Bajo el lema “La única meta: Palestina libre”, los manifestantes bloquearon la calzada, derribaron vallas y lanzaron objetos, lo que obligó a detener el pelotón en varias ocasiones.
La Policía Nacional desplegó a 1.100 agentes y la Guardia Civil a otros 400, pero no logró garantizar la seguridad del circuito. Se registraron cargas policiales, 22 agentes heridos y dos detenidos. La organización optó por cancelar la etapa y trasladar a los corredores a sus hoteles. El vencedor, Jonas Vingegaard, recibió el trofeo en el parking del hotel, subido a una nevera portátil.
Reacciones institucionales enfrentadas
La cancelación de la etapa ha generado un intenso debate político. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó los hechos como “un ataque a la imagen de Madrid y de España en el mundo del deporte” y exigió al Gobierno “explicaciones inmediatas”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo de “pasividad” y afirmó que “lo ocurrido demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de garantizar la seguridad en un evento internacional de primer nivel”.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo denunció “un ridículo internacional televisado en todo el mundo” y acusó al Gobierno de “permitir e inducir” las movilizaciones. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo fue más directa: “Sánchez cancela la Vuelta a España”.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su “respeto absoluto a los deportistas” y su “admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina”. Estas declaraciones han sido interpretadas por la oposición como un respaldo implícito a las protestas. Además, ha declarado que «hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más».
Un conflicto con dimensión internacional
La protesta contra el equipo Israel–Premier Tech ha tenido repercusiones diplomáticas. El Gobierno israelí ha acusado a España de “alentar” las movilizaciones y ha solicitado explicaciones formales. Desde organizaciones propalestinas como Anticapitalistas Madrid y la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina se ha reivindicado la acción como “una lección de dignidad internacionalista”.
El debate sobre la participación de equipos vinculados a estados en conflicto se ha reabierto. Algunos partidos han pedido vetar la presencia de Israel en competiciones deportivas europeas, tal y como se hizo con Rusia, mientras que otros defienden la neutralidad del deporte.
¿Y ahora qué?
La cancelación de la etapa final ha dejado a la organización de La Vuelta en una posición delicada. El director de carrera, Javier Guillén, lamentó lo ocurrido y anunció que se revisarán los protocolos de seguridad para futuras ediciones. La Unión Ciclista Internacional (UCI) estudia medidas para evitar que eventos deportivos se vean comprometidos por conflictos políticos.
La edición 2025, que celebraba el 90 aniversario de la prueba, quedará marcada por la tensión extradeportiva. Lo que debía ser un paseo triunfal por Cibeles se convirtió en una jornada de humo, sirenas y reproches.
