La reforma de la Ley de Extranjería ha sido tramitada por el Gobierno por la vía de urgencia, con el apoyo de Podemos
Esta regularización será la séptima en la democracia española, precedida por la tramitada por Felipe González, las tres que hizo Aznar o la última de Zapatero, sucedida hace 21 años. El procedimiento de urgencia supondrá reducir los plazos del trámite de elaboración de la norma a la mitad. La iniciativa, señalan fuentes de Podemos, no necesitaría pasar por el Congreso para su convalidación.
La medida afectará a personas extranjeras que demuestren su llegada a España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. El requisito de permanencia podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas o billetes de transporte, entre otros. También podrán acogerse a ella los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud en esa misma fecha. Como requisito indispensable, el Gobierno incluye que la persona solicitante no tenga antecedentes penales.
Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alegaba que «el Estado responsable es el que actúa para ordenarla (la inmigracion)». La solicitud se podrá presentar en abril de este año y finalizará en junio de 2026. Aunque la suma de todas las personas que cumplen con las condiciones para lograr su regularización ronda el medio millón, muchas de ellas ya la han conseguido por vía de arraigo en estos dos últimos años.
El objetivo de la medida
La regularización extraordinaria tendrá un carácter familiar, para que incluya «simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes», según afirmaba Elma Saiz en una rueda de prensa. La duración de la misma, añadía, «será de cinco años». El objetivo, según la Moncloa, es que los solicitantes puedan trabajar en cualquier parte de territorio español. De hecho este permiso da opciones para obtener un trabajo o una residencia de manera legal, pero no otorga la posibilidad de votar en la próximas elecciones generales, una idea muy extendida por redes sociales. Para ejercer el derecho a voto, es necesario tener la nacionalidad español, lo cual supone un proceso mucho más largo.
Además de las consecuencias sociales, el acuerdo tiene un simbolismo político entre dos fuerzas que han sufrido un alto distanciamiento en la última legislatura. El siguiente paso para el Gobierno será poner a prueba el apoyo de Podemos en cuanto a la cesión a Junts Per Catalunya. Podemos en un primer momento unió su apoyo a las formaciones de la derecha para que no pudiera salir adelante el cambio de gestión en materia migratoria. Ione Belarra decía que «lo primero tenían que ser derechos», pero que no estaban cerradas a negociar ese traspaso de competencias.
Al otro lado del espectro
Los partidos de la derecha ideológica, por su parte critican duramente la medida. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoò utilizaba un tono muy duro diciendo que los servicios públicos iban a «desbordar» y que crecería el ya conocido «efecto llamada«. Recordaban, además, el desastre ferroviario de Adamuz como asunto en el que hay que mantener la atención. La regularización es, para el partido de Feijoò, otra cortina de humo. Santiago Abascal, el líder de Vox, daba un paso más en redes sociales, acusando al PSOE de facilitar una invasión, y exaltando la idea de las deportaciones como opción preferible.
