La criminalización del antifascismo abre la puerta a la persecución política y legitima la deriva autoritaria de Trump
El anuncio de Trump asusta, pero no sorprende. El presidente de Estados Unidos declaró la semana pasada el movimiento Antifascista como «organización terrorista», pero sin ofrecer más detalles.
El movimiento Acción Antifascista surgió de la mano de los comunistas en la Alemania de los años 30, pero en la actualidad no es una organización definida. Los componentes de este movimiento se unieron bajo la máxima de que el fascismo era la mayor amenaza, y tejieron una red de autodefensa para las comunidades perseguidas por los nazis. En 1932, el partido de Hitler ganó las elecciones y, tanto este como muchos otros movimientos políticos, se vieron obligados a pasar a la clandestinidad.
Hoy este movimiento no tiene límites claros, sino que incluye una cultura de resistencia a la ultraderecha, heterogénea en su composición. La volatilidad de sus límites podría conllevar que cualquier organización de izquierdas sea perseguida en Estados Unidos.
Donal Trump, en su red social Truth, ha hablado de aplicar la ley antiterrorista a los miembros y apoyos antifascistas. De este modo, la persecución política estaría legitimizada y, por ende, el hostigamiento financiero a cualquier organización acusándola de «Antifa».
Además, otra de las opciones planteadas por el presidente de Estados Unidos contempla la aplicación de la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), promulgada en 1970, para combatir el crimen organizado y la corrupción. Ya no solo pueden expulsar a las personas de la Universidad, sino despojarlas del visado, seguro de salud —si es que siquiera cuentan con ello—. La integridad de demasiadas personas está en juego.
Ya hemos visto en otras ocasiones el gusto que tiene Trump por recoger leyes del pasado. Incluso se remontó a 1798 para recurrir a la norma de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación masiva de personas migrantes. Lo hizo además sin tener el cuenta el contexto, pues esta debe aplicarse únicamente para expulsar ciudadanos de aquellos países con los que Estados Unidos se encuentre en guerra.
Pero la cuestión que verdaderamente alarma no es la falta de regeneración legislativa. Podemos concebir la proclamación de Trump como un mensaje volátil, una suma a la montaña de arena de todas sus decisiones nada premeditadas. Sin embargo, planta la semilla perfecta para los ultras; masivos y motivados por un patriotismo exacerbado y una violencia verbal sin límites.
Reunidos en honor y nostalgia tras la muerte del ultra Charlie Kirk, nos recuerdan a los mítines que Hitler pronunciaba ante multitudes homogéneas, ansiosas por escuchar —o no— las palabras de su líder.
Los movimientos contra la violencia policial, el genocidio en Gaza o las concentraciones feministas suelen estar motivados por «antifas», y su prolongación en el tiempo puede verse interrumpida —o cancelada de forma indefinida— por la nueva medida del presidente con el rostro naranja.
El fascismo vuelve, crecido tras haber sido alimentado con polarización desde hace décadas. Los líderes ultras y grupos neonazis han tensado la cuerda de la división social, donde las soluciones fáciles triunfan, pero no tienen una aplicabilidad real.
Porque la sociedad no está regida por dicotomías de buenos y malos, de blancos y negros (literalmente). También hay grises, pero no se admiten. Eliminar a toda voz en tu contra es opresión, y es una de las características del fascismo: una sola versión, dictada por un líder poderoso y carismático. Un dios al que se debe rendir culto. La política es la nueva religión, y está repleta de fanáticos.
