España lleva ya tres semanas “al volante” del Consejo de la UE: la institución comunitaria que legisla junto al Parlamento Europeo y que cuenta con una presidencia rotatoria. Cada seis meses, un estado miembro asume dicho rol, impulsando una agenda propia. En esa agenda que España debe impulsar durante su presidencia, Empleo y Política Social es una de las diez áreas clave de la política europea (conocida como “EPSCO” en el Consejo).
El Generacional ha podido preguntar al respecto de esta cuestión a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y al Comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit durante la reunión de los Ministros de Trabajo de la UE que tuvo lugar en Madrid.
Dentro del campo EPSCO, juegan un rol crucial el impulso al diálogo social y la tarjeta europea de la discapacidad, por ejemplo. Pero también hay dos puntos que no debemos pasar por alto. Uno de ellos la directiva para la mejora de las condiciones de trabajo en las plataformas digitales (la equivalente europea de la “Ley Rider” española). El otro, quizás menos visible y aun esperando el pistoletazo de salida, se trata de la directiva sobre calidad de las prácticas.
Antes de descubrir qué se juega España y la UE en estas dos iniciativas, pongamos la lupa sobre la presidencia del Consejo de la UE. España, de todos los temas que hay encima de la mesa, tiene ahora que decidir cuáles son prioritarios. Los ministros españoles están encargados de consensuar una posición común para reglamentos y directivas, que después negociarán con el Parlamento Europeo en sesiones llamadas “trílogos”.
La presidencia española es la última presidencia “completa” antes de las elecciones europeas de 2024, pues la presidencia belga se verá reducida con la convocatoria electoral. Y es durante los últimos meses de cada legislatura, con una presión legislativa creciente, donde más directivas y reglamentos se adoptan. Lo que no se apruebe durante nuestra presidencia probablemente no vea la luz hasta el segundo semestre de 2024: un momento en el que la Comisión podría ser distinta, la correlación de fuerzas en el Parlamento podría escorarse a la derecha, y la euroescéptica Hungría ostentaría la presidencia del Consejo.
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Dentro de la presidencia española, ¿cuáles son esos dosieres legislativos que van a tener prioridad en materia de Empleo y Política Social? Y ¿qué expedientes faltan en esa lista de prioridades? Para responder a la primera pregunta, uno de los expedientes que España (y la UE) tiene especial interés en aprobar es la Directiva sobre las condiciones de trabajo en las plataformas digitales.
La propuesta de directiva de la Comisión se inspira en legislación española, vista como vanguardia en este ámbito. Esto es algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la legislatura europea con el ejecutivo español: propuestas legislativas relacionadas sobre temas tan variados como violencia de género, mercado eléctrico, ingreso mínimo vital… beben de avances que tienen origen español. Si bien la legislación europea es un mosaico de diferentes actores, sensibilidades, países y culturas, es innegable la huella que ha dejado España en multitud de expedientes estos últimos cinco años.
En cuanto a la directiva de trabajadores de plataformas, es heredera de la sonada Ley Rider. Esta reconoce a los repartidores de plataformas como trabajadores asalariados, avalada por una sentencia del Tribunal Supremo. La ley española entiende que las plataformas digitales entablan una relación laboral con los repartidores en tanto que organizan, dirigen y controlan el trabajo de éstos (a través de algoritmos). La propuesta de la Comisión Europea establece cinco criterios muy relacionados con los conceptos de organización, dirección y control que, de cumplirse dos simultáneamente, determinarían a la plataforma digital como “empleador”.
Asimismo, la Ley Rider reconoce el derecho de los comités de empresa a ser informados sobre los algoritmos que afectan a los trabajadores. Esto también está presente en la directiva, que pide a las plataformas poner a disposición de los trabajadores y las autoridades nacionales la información sobre sus algoritmos.
Sin embargo, aunque la directiva propuesta por la Comisión se inspire en la legislación española, aún tiene que pasar el filtro de los co-legisladores: el Parlamento y el Consejo de la UE. Ambos deben decir lo que opinan sobre la propuesta de la Comisión, enmendándola y creando un documento que refleje su posición de negociación para debatir con el otro.
En el Parlamento Europeo, la eurodiputada encargada del expediente es la socialdemócrata italiana Elisabetta Gualmini. De esta forma, el Parlamento hizo la propuesta de la Comisión más ambiciosa al votar en pleno su mandato de negociación. El Consejo, sin embargo, ha diluido en cierta manera la propuesta inicial. Fijó su posición el 7 de junio, cuatro meses después de que el Parlamento estuviera listo para debatir el texto. España no estuvo entre los 22 estados que aprobaron el texto con mayoría cualificada. De hecho, junto con otros siete países, España firmó una declaración conjunta denunciando la falta de ambición y efectividad en la posición del Consejo. El Generacional pudo preguntar a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo al respecto, durante la reunión EPSCO en Madrid:
“Vamos a trabajar garantizando la neutralidad desde la Presidencia Española, aunque el gobierno español tiene posición propia como conocen. […] Nos jugamos el futuro del trabajo en esta directiva»
Y aquí la problemática: los trílogos empezaron el 11 de julio, con España recién estrenada en su presidencia. Pese a tener una posición clara sobre el texto, deberá actuar como un negociador imparcial que defienda la visión del Consejo (de la cual se abstuvo). A esto, Yolanda Díaz añadió:
«Pero insisto, permítanme, en una expresión: un joven en Budapest o en Lisboa, con una app en su mano y en bicicleta, no es un emprendedor. Es un trabajador.”
Según el Consejo de la UE, en el trabajo de plataformas digitales (o “gig economy”) el perfil más frecuente son trabajadores jóvenes. Y cada año serán más: la cifra que estima el think-tank del Parlamento Europeo para 2025 es que este sector crezca hasta los 43 millones de empleados. El Foro Europeo de la Juventud añade que el 55% de los trabajadores de plataformas lo constituyen jóvenes económicamente vulnerables.
En línea con el rol de la juventud en el mercado laboral actual, El Generacional también preguntó en la misma reunión por un tema candente tanto en la UE como en España: las prácticas no remuneradas. El estatuto del becario fue suscrito por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos el pasado 15 de junio – con detractores entre los que, para sorpresa de algunos, se encontró también la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Un día antes, el Parlamento Europeo había aprobado un informe pidiendo a la Comisión una directiva que, entre otras cosas, acabara con las prácticas no remuneradas.
En el informe del Parlamento también encontramos similitudes notables con la legislación española. La más notoria quizás sea la propuesta de que las prácticas cubran, como mínimo, los costes básicos en los que incurra el becario: alimento, vivienda, transporte… teniendo en cuenta el coste de vida de cada estado miembro.
La Directiva de Calidad de Prácticas que el Parlamento pide a la Comisión estaba planeada para el segundo trimestre de este año (antes de junio), según el programa de trabajo de la Comisión Europea de 2023. Si bien es cierto, según la explicación que dio el Comisario Nicolas Schmit a El Generacional, que la propia Comisión estaba esperando la opinión del Parlamento que no ha llegado hasta junio.
“Admito que ha habido cierto retraso, porque hemos tenido que esperar al informe del Parlamento. Era el compromiso de la Presidenta de la Comisión el responder de manera positiva a la opinión del Parlamento.”
Se abre, así, un semestre especialmente cargado de expedientes por cerrar. El pistoletazo de salida para las prácticas de calidad no se dará a tiempo. De no publicarse la propuesta durante la primera mitad de la presidencia española, la Directiva de Prácticas difícilmente verá la luz antes de 2024. Aun así, el Comisario reiteró su compromiso para terminar con las prácticas no remuneradas tras la pregunta de El Generacional:
“Nuestro compromiso pasa por impedir que haya jóvenes trabajando gratis. El principio “no work without pay» también se aplica las prácticas y a los jóvenes que las realizan”, afirmó Schmit. “Aunque los tratados provengan de una época en que las prácticas no existían, intentaremos encontrar la solución correcta. Sabemos que las personas jóvenes de toda Europa nos lo están pidiendo y responderemos a esta reivindicación.”
El trabajo digno de los becarios y su remuneración, en manos de la rapidez de la Comisión para presentar su propuesta. Las condiciones laborales de 28 millones de trabajadores de plataformas, por otro lado, en manos de la negociación que liderará España con el Parlamento Europeo. La UE sigue siendo una herramienta útil para cambiar y mejorar la vida de la gente. Este es (o debería ser) el fin último de la presidencia española del Consejo.
