Una vez es casualidad, dos coincidencia, tres…
La concatenación de casos de corrupción parece habernos acostumbrados a los relatos sobre tráfico de influencias, malversación o cohecho. Hemos asimilando y estandarizando esta situación de anormalidad en un sistema que dice ser democrático y contar con diferentes contrapesos y medidas preventivas.
Los casos de corrupción parecen aflorar como setas. En la última década nos hemos acostumbrado a escuchar casos como la Gürtel, la Púnica, los ERE, el caso Villarejo y ahora se ha añadido uno nuevo: el caso Mediador.
En este último escandalo, por la información que se maneja y se investiga, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y otros individuos como Antonio Navarro Tacoronte o Francisco Espinosa Navas, general retirado de la Guardia Civil, podrían haber estado prometiendo privilegios en materia de contratos público a empresarios, a cambio de sumas de dinero.
Un sistema viciado y permisivo
Con independencia del caso que se trate o del partido de un signo u otro involucrado, lo que parece claro y problemático es la constante. No se pueden justificar todos estos casos como hechos aislados, cometido por unas pocas ovejas negras del rebaño.
El poder y la influencia tienen la capacidad de corromper y tentar hasta el alma más pura. El Estado de Derecho y la separación de poderes tuvieron como causas de origen la desconfianza en el poder y la protección de nuestros derechos.
Sin embargo, estos mecanismo no parecen suficientes para frenar esta pandemia. Especialmente en un sistema donde las injerencias que hacen los partidos políticos en todas las instituciones son constantes, debilitando tal división: la pugna por controlar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional son ejemplos de esto.
Las promesas electorales se quedaron olvidadas en los mítines
Además, los vicios del sistema y de sus integrantes no están solo en los casos mediáticos, en los que se intercambian grandes sumas de dinero y se muestran actitudes inmorales. Las famosas puertas giratorias, por las que nuestros administradores y dirigentes circulan a su salida de las instituciones para ir a parar a ciertas empresas, tienen un influencia en el desarrollo de las medidas que se aprueban y ejecutan.
Parece poco probable que dejando en manos de aquellos que se han corrompido o son susceptibles de hacerlo se puedan poner frenos. Debemos ser nosotros mismos los que presionemos y exijamos cada vez más transparencia, más accesibilidad, mayor intervención directa. Y no únicamente cada cuatro años, sintiéndonos reconfortados ante promesas y programas que recogen acabar con la corrupción y las malas prácticas.
Hace años que nos llevan prometiendo en periodo electoral una depuración del sistema, sin embargo, según el último ranking sobre percepción de corrupción de 2022, elaborado por la organización Transparencia Internacional, España es el segundo año consecutivo que desciende en la clasificación.
Estos datos son un simple reflejo de que en España las cosas en materia de corrupción y transparencia no se están haciendo bien. Que una vez más, aquellas promesas electorales se quedaron olvidadas en los mítines.
A pesar de todo, nos hemos acostumbrado a este escenario, la reiteración de estos hechos os han hecho asumir que la corrupción es inherente a la política. Ya nada nos escandaliza, ni nos hace tomar las calles.
