Donald Trump cree que la solución para que Washington D.C. sea segura es sacar a la Guardia Nacional. Esta decisión es criticada, pero puede que sea la forma mas eficaz para frenar la ola de violencia que atiza a la capital
Es, sin duda, una de las noticias de la semana. Miles de personas han salido a las calles de Washington D.C. al grito de «La ocupación de DC: ¡Basta ya!», para protestar contra la última medida de Donald Trump de tomar el control de la capital para frenar la incontrolable ola de violencia.
Si bien es cierto que esta vez no han tenido tanto foco mediático como esperaba, quizás, porque estamos acostumbrados a los vaivenes de Trump o quizás porque todos sabemos que, tarde o temprano, la medida del presidente estadounidense se cumplirá y será (o no) cuestión de meses de que un juez la revoque, lo cierto es que estas protestas suceden justo en una semana en la que Indonesia y Nepal arden y nos muestran lo que puede suceder si se lleva al extremo las manifestaciones.
Pero al otro lado del mundo, la situación es diferente. Hay que ser muy necio, o simplemente muy malandrín, para protestar contra una medida que, a priori, parece buena en la teoría: frenar el crimen, pero que, en la práctica, puede tener algún defecto si no se aplica de forma adecuada.
La vuelta de Donald Trump este año sólo ha reforzado más la imagen de «mano dura» contra el crimen que ya alentó en su primer mandato en 2016, y buen reflejo de ello son las políticas migratorias que ejerce especialmente contra los hispanoamericanos, ya sea desplegando a la Guardia Nacional en las protestas (como sucedió en Los Angeles el pasado mes de junio) o construyendo una especie de «Alcatraz» para retener a los migrantes indocumentados.
Cinco de las ciudades de Estados Unidos más importantes (Washington D.C., Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Seattle) cuentan con gobiernos demócratas. Pero es que, además, todas tienen inmensos problemas de inseguridad, y los datos no engañan. En Nueva York, por ejemplo, se producen 23 homicidios por mes, y en Los Ángeles, hay tres tiroteos cada día, según el Departamento de Policía de Nueva York y Gun Violence Incidents, respectivamente.
Si estas cifras parecen alarmantes, las de la capital son aún peores: cada mes se producen en Washington D.C. 78 homicidios, siete agresiones sexuales y 108 robos. Estos datos sólo se pueden atribuir a los demócratas que, desde 1975, gobiernan la ciudad y han dejado resultados catastróficos en lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad, ya que desde 2017, el número de homicidios en la capital ha aumentado a un 440%.
Esos datos, y un gráfico en el que Trump mostraba el pasado agosto que Washington D.C. era más peligrosa que Madrid, fueron la clave para que el presidente estadounidense decidiese desplegar a la Guardia Nacional, lo que desde entonces ha generado una ola de protestas en la capital.
Puede que Trump se haya excedido demasiado e incluso exagerado algunas declaraciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados, pero Trump no es culpable de que la cifra de asesinatos aumente, ya que las competencias de luchar contra el crimen no son suyas, son del gobierno local y cuando se trata de buscar a los responsables, el partido sólo es uno: los demócratas.
Y parte de la culpa es de Charles Allen, concejal del partido del burro que vive de la sopa boba como presidente del Comité de Justicia y Seguridad Pública de Washington D.C., cuyo mayor logro ha sido desde 2020 reducir cada año 15 millones de dólares el presupuesto de la policía de la ciudad, lo que ha provocado que haya menos agentes en las calles y menos material de seguridad también para ellos.
Activistas, altos cargos de la policía y políticos —incluida la alcaldesa Muriel Bowser— criticaron la medida, pero Bowser dejó que Allen siguiese reduciendo el presupuesto. Y no se nos olvide que Washington D.C. no es un estado, su estatus especial hace que el Congreso y el Senado puedan intervenir en las decisiones del gobierno local, pero con el penoso Biden como presidente, por aquel entonces, sufriendo un evidente deterioro físico y quizá mental, dejó que todo siguiese normal.
Hasta que en 2023, por fin a Allen le pararon los pies. Él y otros tantos demócratas propusieron un nuevo código penal para que en el D.C., las penas por robos con violencia, de vehículos y de allanamiento de la propiedad se redujesen. El Congreso bloqueó la medida, pero lo hizo a regañadientes.
¿Pero dónde se fueron los 15 millones? Allen lo invirtió en la Office of Neighborhood Safety and Engagement (ONSE), que supuestamente, tenía como misión prevenir la violencia. Sin embargo, fracasó, ya que un estudio académico del SAGE Journals demostró que fue ineficaz para reducir la violencia armada, además de que fue criticado por la mala e ineficiente gestión del presupuesto y malversación de fondos.
No es de extrañar que Trump, al volver a la Casa Blanca, haya querido combatir este problema con mano dura. Desplegar la Guardia Nacional y querer implementar la pena de muerte puede que a lo mejor sea la solución para frenar la ola de violencia en la capital.
Pero, lo que de verdad me indigna, es que haya todavía personas que digan que eso de que la Guardia Nacional esté en las calles es símbolo de una dictadura, cuando el verdadero problema es su ineficaz gobierno que no sabe ni como atajarlo. Da igual que esta vez se ponga el quid de la cuestión en Washington D.C., porque si el día de mañana es Nueva York o Los Ángeles sería una solución para terminar con ese problema que tienen varias ciudades de Estados Unidos y que parece que cada vez va a más.
Si el gobierno demócrata no sabe gestionar lo que tiene y sus votantes lo saben, luego que no se quejen cuando se dan soluciones, porque al final a nadie le gustaría salir a la calle y pensar que puedes ser víctima de un delito, y aún así pienses que la forma de acabar con ello es dictatorial en vez de culpar a quien debes.
