El problema de la vivienda persiste sin que las instituciones políticas tomen medidas para tratar de solucionarlo
Cuando uno pasea por Madrid centro puede observar a su alrededor terrazas repipis, tiendas de multinacionales y hoteles de lujo. No importa el precio del alquiler ni los metros cuadrados. Al final, todo es un negocio más que rentable. Sin embargo, no es necesario más que caminar unas calles para contemplar una realidad totalmente distinta, donde cada parcela de terreno parece estar destinada a aglutinar a la población en el espacio más reducido posible. Aquí lo que no importa no es ni su calidad ni lo que opinen los afectados.
Este dilema no se presenta solo en la capital, sino que se extiende al resto de ciudades españolas. Si se me permite el paralelismo, salvando las distancias, recuerda un poco a los paradisiacos destinos vacacionales como Cuba o Madagascar. En estos países, la espeluznante diferencia entre los resorts turísticos y la pobreza de sus pueblos no deja indiferente a nadie, aunque bien es cierto que en España el cambio no es tan brusco. Al fin y al cabo, estamos hablando de un Estado de derecho que debe garantizar el acceso a la vivienda.
De hecho, tal y como aparece reflejado en el artículo 47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Hasta aquí todo correcto; nadie lo suficientemente razonable podría estar en contra de un derecho tan fundamental. Sin embargo, si continuamos leyendo, encontramos lo verdaderamente relevante: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». ¡Bingo! He aquí el quid de la cuestión. El Estado debe velar por el cumplimiento de tal derecho.
Desgraciadamente, en lugar de atender a las necesidades de la población, las instituciones legislativas dedican su tiempo a tirarse los trastos a la cabeza. Mientras gran parte de la nación lucha en su día a día por salir adelante con el panorama actual en materia de vivienda, la clase política española prefiere detenerse en la repetitiva frase «¡Y tú más!»
Podríamos estar debatiendo horas y horas acerca de las causas que han propiciado llegar hasta este punto. Somos un país que continúa sin recuperarse de la herida profunda que dejó la catástrofe inmobiliaria del 2008, al tiempo que intentó —como buenamente pudo— esquivar los golpes de la pandemia y la crisis energética por la invasión de Ucrania. Y todo ello haciendo frente a los vaivenes que transforman las sociedades occidentales a pasos agigantados, como el envejecimiento de la población y la creciente inmigración.
Claro está que no es un problema de fácil solución. La población es consciente de la gravedad del asunto y no demanda una panacea que acabe con él para siempre. Pero lo que sí piden es alguna señal de respuesta, por buena o mala que sea. Sí piden un intento por revertir la situación. Sí piden que puedan sentirse —en la medida de lo posible— amparados por unas instituciones que últimamente parecen haberse olvidado de su ciudadanía.
Y es que un Estado de derecho debe promover los valores que lo definen: la libertad, la justicia y la solidaridad. Ni que decir tiene que un país está conformado por su población y sus gobernantes. En este sentido, el pueblo parece tenerlo claro, y predica con el ejemplo en los momentos más difíciles como hizo durante la DANA. ¿Y los señores del sillón, cumplen con su cometido de representar a la ciudadanía española? Quizá tengan en sus cabezas otras preocupaciones mayores. Por ejemplo, aferrarse a sus escaños como garrapatas.
Una vivienda no es solo un objeto de la propiedad privada; es un elemento básico para la existencia humana. Porque un hogar no se construye a base de cemento y ladrillos, se construye con recuerdos y vivencias. Privar a la población del acceso a una vivienda digna y no remediarlo es, tristemente, síntoma de la desconexión entre la hoja de ruta de la política española y la realidad actual del país.
